El Estado no es la memoria, o más preciso: los sentidos sobre el pasado que se proyectan hacia el futuro no están determinados de manera unidireccional por una política pública, cualquiera sea su contenido. En nuestro país, durante más de veinte años las memorias sobre la represión política clandestina de los años setenta se gestaron contra las decisiones oficiales, y es posible que esa confrontación y la magnitud de las adversidades hayan forjado su vitalidad.

Nunca hubo un consenso social respecto a la valoración del plan represivo que ejecutaron las juntas militares a partir de marzo de 1976; menos aún si se amplía el límite temporal hacia fines de 1974. Sí hubo consensos sectoriales; momentos en que grupos que disentían en otras cuestiones acordaban en el rechazo a los métodos de la dictadura y en la necesidad de que la justicia penal hiciera su trabajo y un período en el que uno de esos sectores sintonizó con un ciclo de gobiernos que tomó una parte importante de sus demandas y las convirtió en políticas públicas (2003-2015). Aun en esa época en que las ideas de memoria, verdad y justicia parecían ser mayoritarias, otros sectores de la sociedad sostenían y alimentaban otra cosmovisión: la represión fue una guerra, los crímenes que se cometieron fueron necesarios. Uno de los intelectuales que ordenó los vectores de estas memorias fue Emilio Massera: “Pero aquí estamos –dijo cuando le tocó hablar en defensa propia durante el Juicio a las Juntas–, porque ganamos la guerra de las armas y perdimos la guerra psicológica”. A partir de ese diagnóstico, estas memorias, que también son heterogéneas entre sí, siguieron produciendo sentidos, discursos, referencias, fabricando sus propios hitos, sus propios hechos-emblema, durante cuarenta años. 

El fervor con que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel socava la estatalidad relacionada con reconstruir la verdad y sostener la memoria de los crímenes dictatoriales brota de ese ciclo largo de disputas por el sentido del pasado. La confrontación también le dio oxígeno a sus fuegos. El crecimiento del consenso procesista y de su capacidad para moldear el Estado no comenzó con este gobierno: es muy sencillo encontrar en la gestión de Cambiemos (2015-2019) las marcas institucionales que ahora se están consolidando como políticas públicas.

 Crímenes que se perpetúan

De todas las formas de la represión clandestina que integraron el stock de la junta militar, dos siguen realizándose cada día.

¿Cuántas personas de alrededor de cincuenta años todavía no saben que integran una familia biológica distinta a esa a la que creen pertenecer? Entre la colección de atrocidades cometidas en nombre de restablecer el orden en un país caotizado por las convicciones revolucionarias, el robo de los niños y niñas no ha podido ser justificado; como si fuera una suerte de agujero negro de la vulgata procesista, como la llama el historiador Federico Lorenz. Encontrar a ese conjunto de desaparecidos vivos fue posible por un ensamblaje entre la sociedad civil organizada y el Estado que empezó muy temprano, cuando las Abuelas de Plaza de Mayo se ocuparon de encontrar una solución científica y durante la presidencia de Raúl Alfonsín fue creado el Banco Nacional de Datos Genéticos. Una semana después de esa fundación, Alfonsín firmó la ley de Obediencia Debida. No sólo la apropiación de los niños fue excluida del manto de impunidad, sino que fue creada una institucionalidad para desarmarla.

Para encontrar a esas personas, no se ordenó un ADN compulsivo y masivo de todos los nacidos entre 1975 y 1983 sino que se recurrió a la investigación histórica y a la denuncia colectiva. Esa tarea fue realizada por Abuelas y por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), creada en 1992. Habían pasado los indultos, todavía no habían surgido los escraches. Apropiadores de niñas y niños empezaban a ser condenados por haberse quedado con los hijos de los que querían cambiar el mundo. Ese ensamble Estado- sociedad civil organizada da resultados hasta hoy porque sus hipótesis de trabajo son correctas. 

Entre el ruido deliberado que genera la autonarración del ajuste oficialista, condimentada por el revanchismo enardecido de sus voceros, vale la pena hacer foco en esto: las capacidades de investigación de la CoNaDI fueron estratégicamente podadas y el Banco Nacional de Datos Genéticos, desfinanciado al punto límite (1). Al mismo tiempo, en el planeta gobernado por la ministra Patricia Bullrich fue creado un registro de datos genéticos para la investigación de delitos actuales, que para instalarse y funcionar requiere un presupuesto milmillonario. Las batallas por el sentido encarnan. No es imposible continuar buscando a los hermanos o hermanas, nadie va a cesar ni en su inquietud, ni en su obsesión, ni en su tarea. Lo que hay que anotar en el haber del gobierno Milei-Villarruel es su intención, y el aval explícito o implícito de otros actores políticos.

Los archivos de la SIDE sobre la represión clandestina a la que contribuyó nunca fueron desclasificados para el acceso público (…). Lo que está pasando ahora con ellos es totalmente desconocido.

La decisión de desaparecer a quienes fueron capturados por el sistema represivo fue realizada a través de mecanismos extremadamente eficaces. Cuarenta años de investigación histórica, judicial y periodística, de los cuales alrededor de quince se realizaron como una política pública articulada y financiada, han logrado recuperar alrededor de ochocientos cuerpos de desaparecidos y desaparecidas. Esa sustracción es un crimen que se sigue cometiendo. No son pocos los perpetradores que hablaron, pero sí son pocos los que aportaron algún dato útil para encontrar a quienes fueron escondidos en fosas clandestinas, quemados hasta ser convertidos en polvo, arrojados vivos al mar.

El proceso de justicia argentino tuvo que probar crímenes que se cometieron en la clandestinidad, sin registros de detenidos y detenidas, sin cumplir las reglas de la guerra (2) que indican la dignidad para los muertos. El aporte de quienes sobrevivieron fue clave para armar el rompecabezas de la verdad pero un proceso de justicia penal requiere más que eso. A cada quien se le deben atribuir delitos específicos; se debe probar que esa persona estuvo en determinado lugar, que dio tales o cuales órdenes, que decidió la tortura, la violación, el robo o la muerte. Probar en un ámbito judicial, por ejemplo, quien piloteó el avión Skyvan PA-51 que el 14 de diciembre de 1977 arrojó a tres madres de Plaza de Mayo al mar exige pruebas.

Una porción relevante de los elementos que permiten construir conjuntos probatorios para este tipo de hechos están en los archivos estatales, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante dos décadas, estas zonas del Estado negaron que existiera documentación. Después, los equipos de relevamiento y análisis de los archivos de defensa y de seguridad, creados durante los gobiernos kirchneristas, encontraron que sí había registros, organigramas de las fuerzas, legajos sobre la trayectoria de sus integrantes. Pruebas (3). Los equipos de relevamiento y análisis de este tipo de documentación fueron desarmados por el gobierno nacional. Los archivos de la SIDE sobre la represión clandestina a la que contribuyó significativamente nunca fueron desclasificados para el acceso público, nadie se animó a tanto. Lo que está pasando ahora con ellos es totalmente desconocido. 

Normalización de la verdad incompleta

Las características del plan de represión política provoca que sea difícil cerrar la investigación histórica. La mayor parte de las y los desaparecidos no fueron encontrados. Eso significa, además de la ausencia de un cuerpo, la imposibilidad de sacar a esos crímenes de su clandestinidad. La verdad incompleta es la herencia que recibimos de los perpetradores. Una porción grande de la sociedad inventó formas para lidiar con eso, formas simbólicas, formas cerradas, formas abiertas, soluciones prácticas, y convenció al Estado de que debía ayudar a hacerlas crecer: siluetas, películas, cantos, museos, bases de datos, técnicas científicas. La marca propia del gobierno actual y del consenso social que lo sostiene es romper esas invenciones. Los archivos se hacen inexpugnables. Ninguna señal de televisión emitirá un mensaje llamándonos a los nacidos en los años setenta a dudar de nuestra identidad. La normalización de la verdad incompleta es un proyecto histórico.

Entre las decisiones del gobierno dirigidas a desarmar la infraestructura pública que colaboró significativamente a reconstruir los hechos y juzgar a los responsables, está la desfinanciación de los espacios de memoria que funcionan donde antes lo hicieron centros clandestinos de detención. La Escuelita de Famaillá en Tucumán fue el primer centro clandestino del país, durante el Operativo Independencia. Gracias al Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUTVE) gestionado por el Archivo Nacional de la Memoria –que funciona en el predio de la ex ESMA y que fue desfinanciado al extremo– podemos saber que Tucumán concentró el mayor porcentaje relativo de víctimas de la represión, es decir que fue la provincia con mayor proporción de habitantes secuestrados, asesinados y desaparecidos. Entre 1975 y 1976 se estima que más de dos mil personas pasaron por la Escuelita. Al desfinanciar el funcionamiento de sitios de memoria como este, el gobierno apuesta a su desvanecimiento, su sueño es que la materialidad de la memoria se venga abajo.

El sábado 4 de enero hubo un encuentro convocado en defensa del centro cultural que funciona en el predio de la ex ESMA, y que lleva el nombre de Haroldo Conti, el escritor secuestrado en mayo de 1976, todavía desaparecido. Al anochecer, los participantes alzaron velas encendidas. Desde un dron se registró la escena que sería viral días después. La imagen cenital muestra llamas pequeñas que arman un dibujo sin patrón, podrían ser luciérnagas sueltas en un bosque. Una forma sí resalta con claridad. Durante todo el video (4) se ve al avión Skyvan PA-51 desde donde fueron arrojadas al mar las Madres junto con otras personas que habían estado secuestradas allí, en un edificio de ese mismo predio. En 2023, la instalación del Skyvan –que llegó volando a la Argentina desde Estados Unidos– y su uso gubernamental durante la campaña, provocaron controversias ensordecidas sobre cómo construir memorias desde el Estado. Mientras pensar el pasado sea una praxis, la aspereza nunca se disuelve. Allí está el avión ahora, estacionado a pocos metros de la transitada Avenida Libertador, protegido por una valla, bien iluminado por luces artificiales. La política de derechos humanos del gobierno nacional apuesta a que el consenso de su grupo sea el consenso general: la dictadura ordenó la sociedad, el que las hace las paga. La moneda está en el aire, otra vez.

1. Actualidad sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina, https://abuelas.org.ar/register/public/1734557668778-619084120.pdf 

2. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war

3. Informe preliminar sobre el avión Short Skyvan SC-7 serie SH 1888, ex PA-51 de la Prefectura Naval Argentina https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/08/2023-08-16-informe-skyvan_sc-7-b.pdf

4. Disponible en https://www.instagram.com/reel/DEbbe0NRtUG/

Por Ximena Tordini * Trabaja de editora, de periodista y en la comunicación de organizaciones de derechos humanos de la Argentina / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

Arte * Luciana Garbarino