La renta financiera, en su más amplia extensión, es el ariete para ir destruyendo el Estado [1], inclusive comprando voluntades de funcionarios, legisladores, jueces, supuestos representantes políticos, sindicales y sociales. Y a su vez, la hegemonía de la renta financiera mina la economía productiva, cerrando establecimientos, expulsando trabajadores, disminuyendo el consumo interno y aumentando la exclusión social.

El dólar debe devaluarse por debajo del IPC del INDEC (índice de precios al consumidor) y de la tasa de interés local para favorecer el carry trade (bicicleta financiera), que es pasar de dólar (u otra divisa) a pesos y, una vez obtenida la renta financiera, volver a la moneda extranjera. Política que es, a su vez, acompañada por la baja de aranceles del 1 de octubre de 2024, que abarca una serie de mercancías (caños de cobre, plásticos, neumáticos, motos, bicicletas, hornos eléctricos, etc.), también del 1 de diciembre de 2024 (productos textiles y electrónicos) y que, el 23 de diciembre de 2024, deja de percibirse el impuesto PAIS que grava con una alícuota del 7,5% la compra de dólares para la importación. Todo junto conforma un programa de desprotección de la producción nacional. Ninguna nación que se precie de tal “regala” su mercado interno.

Haberse pasado de divisas a títulos en pesos ajustables por inflación, les dejó una renta financiera en dólares arriba del 90% en 10 meses (107% de inflación, menos el costo de volver a comprar dólares, que se acrecentaron en el periodo 13,9% por el mercado contado con liqui, que es el mercado de salida).

La brutal caída de la Inversión Interna Bruta Fija (IBIF) en torno al 22,2% y del PIB del 3,8% del corriente año 2024, que el mismo gobierno estimó en el malogrado proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2025, explica que comparando el segundo trimestre de 2024 contra el cuarto trimestre de 2023, aumentaron a 436.000 las personas desocupadas (totalizando 1.733.000 desocupados), que nace de tomar los datos del INDEC de tasa de desocupación de 5,7% a 7,6% de la población en el período y sumarle la tasa vegetativa de crecimiento de los que, año tras año, se incorporan al mundo del trabajo.

A su vez, desde la asunción de Javier Milei hasta agosto de 2024, se perdieron 38.532 puestos de trabajo en la industria manufacturera de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La pérdida alcanza los 126.050 trabajadores si se incorpora a la actividad minera y a la construcción. Paralelamente, en el período descripto se cerraron 879 empresas en la industria manufacturera. La destrucción alcanza los 2.333 establecimientos, incorporando la minería y la construcción.

Todos los datos suministrados por fuentes oficiales son compatibles si extendemos a todas las actividades y al sector público, donde el Presidente Javier Milei sostuvo el 5 de junio de 2024, ante los empresarios reunidos en el Latam Economic Forum 2024: “Vamos a terminar echando a 75.000 personas del sector público, llevamos 25.000″.

Mientras la economía en general se encuentra en depresión, hay sectores como petróleo, gas, minería, a los que se suman las empresas privatizadas de luz, gas, telecomunicaciones, peajes, el rubro inmobiliario, las grandes empresas alimenticias que fijan precios (Ledesma, La Serenísima, Arcor, Molinos Río de la Plata, Nestlé, Adecoagro, Frigorífico Ríoplatense, Molinos Cañuelas, Aceitera General Deheza, etc.) y las grandes cadenas de supermercado (Coto, Carrefour, Cencosud, La Anónima, Changomas, etc.) que tienen márgenes de ganancia exuberantes, en un marco de “libertad de mercado”.

Esa “libertad de mercado” provoca una fuerte caída en el poder adquisitivo del salario, que según CIFRA-CTA fue hasta septiembre de 2024 del 10% en los trabajadores registrados y, según el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) del 23,1% en los trabajadores del sector público. Mientras que las jubilaciones y pensiones perdieron un 25,2% interanual respecto de igual período de 2023 en ese lapso, según nota de Clarín del 18 de octubre de 2024.

El derrape de la economía real, la disminución de los puestos de trabajo y la exclusión social y pobreza resultante son objetivos buscados por el programa económico que ejecuta el gobierno de Javier Milei, que incluso busca profundizar permanentemente.

En la última semana de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, la diputada por Santa Fe, Romina Diez, firmó, acompañada por 16 diputados de La Libertad Avanza y allegados, un proyecto de flexibilidad laboral que corrobora al ministro de desregulación Adolfo Sturzenegger cuando dice: “Van a poder diseñar el esquema (de despidos) que quieran, con la flexibilidad que quieran, a nivel empresa grande, mediana o chica”.

Dicho proyecto con el mentido objetivo de “promover las inversiones y el empleo a través de medidas de incentivo que están en línea con el sendero marcado por la ley Bases. El proyecto pretende institucionalizar un modelo en términos económicos que modifique, actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre el empleador y el empleado”.

Como lo hace, por ejemplo, el art. 2: “Modifica el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Artículo 66 - Facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo. El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador’”. Y en su art. 5: “Modifica el Artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976), el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Artículo 105 - Formas de pago. Prestaciones complementarias. El salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias”. Ni Robustiano Patrón Costa lo hubiera propuesto mejor.

Todas las medidas llevadas adelante, mayormente ejecutadas por DNU (decretos de necesidad y urgencia) [2], buscan reducir lo máximo que se pueda el consumo interno para aumentar los saldos exportables de minerales, de energía, de forraje y de alimentos. Como no lo pueden hacer por devaluación de nuestra moneda, porque la inflación que se desata (pass through) provocaría el default de la deuda, dado que la mayor parte de los títulos de deuda en pesos son ajustados por inflación, deben recurrir a la depresión económica. La caída del consumo implica el descenso del PIB, dado que, aun con Milei, aproximadamente el 70% de lo que se produce se vende en el mercado argentino y, cuanto más se reduce el consumo, mayor es el descenso del PIB. El modelo es recesivo siempre; con mayor recesión se controlan los precios, se importa menos y se exporta más, garantizando el pago de los intereses de la deuda y el modelo extractivista (y en forma menor, agropecuario), financiero exportador.

La renta financiera

El resultado extraordinario del blanqueo de capitales, en que ARCA (ex AFIP) comunicó el ingreso al sistema financiero y de capitales del país de 20.613 millones de dólares, aportado por casi 140.000 contribuyentes, consolidó la segunda etapa del carry trade. Este shock positivo derivó en un alza considerable de los depósitos en divisas de 35.325 millones de dólares, de acuerdo con el último dato proporcionado por el Banco Central, correspondiente al 22 de noviembre pasado.

Del monto total ingresado por el “blanqueo”, un poco más de 17.000 millones de dólares se depositaron en bancos. Estas colocaciones facilitaron la entrega de créditos en dólares (a firmas exportadoras o proveedoras de divisas) y los mercados de capitales del país que capturaron la otra parte de divisas blanqueadas y colocaron obligaciones negociables (son títulos que, de no pagarse al vencimiento, se convierten en acciones de la empresa emisora, a precio de mercado). Esto explica que el stock de obligaciones negociables a fin de noviembre de 2024 sea de 9.607 millones de dólares, cuando en todo el año 2023 era de 4.401 millones de dólares, según informa la Comisión Nacional de Valores.

Emitieron obligaciones negociables grandes empresas como YPF, Grupo Clarín (Telecom), PAE (Grupo Bridas y British Petroleum), Aluar (Grupo Madanes), Vista (Galuccio), Techint (Tecpetrol), Grupo Mindlin (Pampa Energía y TGS), Edenor (Vila-Manzano), Albanesi, Grupo Elsztain (Cresud e IRSA), Capex, Pluspetrol y Grupo Eurnekian (Cía. Gral. Combustibles). Todos ellos confían en que no va a haber una desproporcionada devaluación y si se genera, van a ser capaces de cancelarla.

Por otra parte, los dólares de los préstamos deben ser vendidos en el mercado único de cambios (Banco Central), mejorando el cuadro de reservas internacionales y aliviando presiones en el mercado cambiario.

La opción del carry trade es el incentivo para desprenderse de los dólares. Además, los billetes del blanqueo, para eludir la inmovilización de doce meses sin pagar el cargo del 5%, se liberan con la compra de activos. Esto generó el alza de cotizaciones de acciones y títulos públicos y la compra de inmuebles y campos.

El financiamiento de la Administración Nacional también demuestra que el carry trade se mantiene firme. La Secretaría de Finanzas de la Nación había colocado títulos en pesos a tasa fija (Boncap – Bono capitalizable que paga capital e interés al final) en las licitaciones de los miércoles 9 y 16 de octubre. Luego no lo hizo y no pudo completar, en las licitaciones posteriores, el financiamiento (un roll over del 55 y 60% de la solicitud de crédito).

Por esa razón es que la Secretaría de Finanzas se ve obligada a emitir Boncap el miércoles 27 de noviembre de 2024, donde convalidó tasas efectivas mensuales (TEM) del 2,7% para el Boncap más corto (vencimiento 17 de octubre de 2025) y del 2,6% mensual para el Boncap más largo (vencimiento 13 de febrero de 2026). Para esto último tuvo que hacerlo por Resolución Conjunta 64/2024 de la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Hacienda de la Nación (B. O. 28/11/24) que dispone la emisión de los Boncap con vencimiento para el 13 de febrero de 2026, por un monto de hasta valor nominal original de cinco billones de pesos (son títulos en pesos, pero equivalentes a 5.000 millones de dólares)

Por su parte, los bonos ajustables por inflación (Boncer) cortaron a una tasa interna de retorno del 8,2% más CER para el que vence en marzo de 2026 y del 8,5% más CER para el que vence en octubre de ese mismo año.

En síntesis

En esta etapa, los que mueven los hilos del gobierno de Milei priorizan la renta financiera que da pingües ganancias, que junto a la baja de aranceles y reducciones de impuestos para importar, favorece a la competencia externa y cercena la producción y el trabajo nacional, generando una deuda pública que supera con creces el ingreso de los dólares de la cuenta corriente (balanza comercial menos los servicios financieros: intereses y giro de utilidades a sus casas matrices; y los servicios reales: fletes, royalties, seguros, comunicaciones, turismo, etc.).

La imposibilidad de pago crea una deuda externa cada vez mayor, que van a cancelar cediendo primero las empresas y territorios estatales. Después, con la concesión de la extracción y explotación de los recursos naturales (petróleo, gas, litio, minerales raros, oro, plata, cobre, hierro, agua pesada, agua potable, etc.).

La historia juzgará la cobardía y sumisión de los supuestos dirigentes políticos, sindicales y sociales, y la estupidez mayoritaria de nuestra población.

[1] Javier Milei aparece en la tapa del semanario The Economist de Inglaterra de fin de noviembre de 2024 diciendo: “Mi desprecio por el Estado es infinito”. ¿Sabrá que el Estado es la organización civil de la nación?
[2] Por ejemplo, el DNU 70/23 que modifica la Ley de Empleo N.º 24.013 a los efectos de realizar su flexibilización laboral; deroga la Ley de Indemnizaciones Laborales N.º 25.323 y con ello la duplicación de la indemnización por despido; modifica la ley de empleo; modifica la ley de Contrato de trabajo; etc.

Por Horacio Rovelli / El Cohete