La pobreza en América Latina se redujo en 2023 a un nivel similar al del 2014, según un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Sin embargo, la desigualdad de ingresos se mantiene alta. De acuerdo a estos datos, aún 172 millones de personas en América Latina y el Caribe no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades elementales. El informe pondera las políticas de protección social, tanto contributiva como no contributiva, como herramientas para atacar la pobreza y reducir la desigualdad. Argentina, a contramano de la región, sufre un dramático crecimiento de la pobreza y de la indigencia.

El porcentaje de la población latinoamericana en situación de pobreza en 2023 fue del 27,3 por ciento, cifra que representa una disminución de 1,5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior y de más de 5 puntos porcentuales respecto de la registrada en 2020, el año más crítico de la pandemia del Covid-19. En tanto, la tasa de pobreza extrema alcanzó un 10,6 por ciento de la población latinoamericana, cifra inferior a la de 2022 en 0,5 puntos porcentuales, pero por encima de los niveles de 2014. 

En total, 172 millones de personas vivían en la pobreza en 2023, de los cuales 66 millones estaban en pobreza extrema –es decir no podían adquirir una canasta básica de alimentos-, según el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024: desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo, presentado este martes por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.

El documento indica también que la pobreza sigue afectando más a las mujeres que a los hombres en edad laboral y que el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza es considerablemente más alto que el de otros grupos etarios. La pobreza también es mayor en las zonas rurales (39,1 por ciento) que en zonas urbanas (24,6 por ciento).

Razones
 
La disminución de la pobreza regional en 2023 se explicó en más de un 80 por ciento por lo sucedido en Brasil, país en el que vive un tercio de la población de América Latina y en el que las transferencias no contributivas fueron determinantes. Si en Brasil la población en situación de pobreza no hubiera caído, el promedio regional en 2023 habría sido de un 28,4 por ciento, apenas 0,4 puntos porcentuales menos que en el año anterior, y la incidencia de la pobreza extrema se habría mantenido sin cambios, en un 11,1 por ciento, dice el reporte.

La Cepal también señaló que, entre 2022 y 2023, no hubo variaciones significativas en los niveles de desigualdad de los ingresos en la región, manteniéndose persistentemente altos. A lo largo de una buena cantidad de años, entre 2014 y 2023, el índice de Gini experimentó una leve reducción del 4 por ciento, bajando apenas de 0,471 a 0,452. 

La distribución de la riqueza es significativamente más desigual que la del ingreso, según estimaciones incluidas en el reporte que integran distintas fuentes de información (activos financieros y no financieros) de la población latinoamericana. En base a esta información, en 2021 el 10 por ciento de las personas de mayores ingresos concentró el 66 por ciento de la riqueza total y el 1 por ciento más rico, el 33 por ciento.

Protección social

El Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024 alertó también que en la región persisten altos niveles de desprotección social. En 2022, 1 de cada 4 hogares (23,5 por ciento) carecía de acceso a la protección social, tanto contributiva como no contributiva, en 14 países de América Latina. Esta proporción se elevaba a 1 de cada 3 hogares (36,5 por ciento) en el quintil de menores ingresos y en áreas rurales (29 por ciento). La protección social no contributiva, asegura la Cepal, es fundamental en los hogares del primer quintil de menores ingresos, dado que 1 de cada 2 de esos hogares accede a la protección social por esta vía. 

Las políticas de transferencias monetarias o en especie (como la alimentación escolar) y los programas de inclusión laboral son clave para vincular a las personas con los servicios sociales esenciales para así avanzar en la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad. En 2022, sostiene el informe, el 27,1 por ciento de las personas en América Latina residían en hogares receptores de programas de transferencias condicionadas. Pese a sus impactos positivos, en 14 países estudiados sus montos no llegaban a cubrir el déficit de ingreso per cápita de los hogares para alcanzar la línea de la pobreza.

El informe también constata que los sistemas de pensiones no contributivos (SPNC) juegan un papel central en la reducción de la pobreza en la vejez. En los últimos 20 años, la cobertura de los SPNC entre las personas de 65 años y más aumentó más de 27 puntos porcentuales y durante ese período la pobreza en esta misma población se redujo en 14,3 puntos porcentuales.

Por María Pedrazzoli / P12