¿Cómo se hace para esconder a un elefante? Se lo rodea de una cantidad enorme de elefantes... Si no lo entiendes es porque aún sos un cordero ciego y sordo que aún no se ha despertado o se niega a convertirse en un león…”

Esto lo escribió Javier Milei en un tuit el 13 de octubre de 2022, tres meses después de lanzar su campaña presidencial en el estadio de El Porvenir con una magra convocatoria que se acercó por entonces a esa fría noche conurbana en Gerli. Ahora, ya como presidente, es notable como logró aplicar esa metáfora popular al sinnúmero de escándalos de su gobierno. Cada escándalo es un elefante. Y no tendrá un doctorado real, más allá del que le entregó su amigo Alberto Benegas Lynch, pero el doctorado en esconder elefantes fue suma cum laude. Esta semana lo demostró.

Comer yuyos

El lunes, primer día laboral de la semana, el presidente lo arrancó en el programa televisivo de su pareja Josefina Trombetta, el nombre real de “Yuyito” González tal como figura en los accesos a la quinta de Olivos.

Milei fue acompañado. “Vino Sandra para estar monitoreando que no me pusiera divergente”, dijo. Sandra es Pettovello. “¿Se puso divergente?”, preguntó Yuyito a Pettovello. “Más o menos”, contestó entre risas la multiministra de Capital Humano que, quienes conocen a Milei, es quien lo contiene emocionalmente.

Lo cierto es que la multiministra estaba en horario laboral con una tarea de control de divergencia presidencial a pocos días de que el juez Walter Lara Correa decretara que tiene que cumplir con el reparto de alimentos a los Comedores sociales de todo el país. Es el enésimo fallo contra el gobierno por este escándalo que reveló El Destape, decisiones judiciales que llegan tanto desde Comodoro Py como desde el fuero Contencioso Administrativo, donde se litiga contra el Estado, como es este caso.

Desde las oficinas de Pettovello emitieron un comunicado que dice que “el juez fue contundente: el Ministerio de Capital Humano ha cumplido en todo momento con los procedimientos legalmente establecidos (…) La sentencia también reafirma la continuidad de las políticas públicas desplegadas por el Ministerio, con la facultad del Poder Ejecutivo para reestructurar y priorizar los programas de acuerdo con las necesidades del país”. Luego los abogados de Pettovello apelaron el fallo, lo que revela que no era tan favorable. Si bien el juez reconoció la división de poderes y que cada gobierno puede establecer sus programas sociales, dijo por otro lado que tenían que garantizar el derecho a la alimentación y eso no sucede.

Milei fue con Pettovello a lo de Yuyito mientras empujan a millones a comer yuyos. Una investigación de la Fundación Rosa de Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló que Milei y Pettovello desmantelaron 111 políticas públicas vinculadas al acceso a alimentos. Incluyen la liberación de los precios, la derogación de leyes que regulaban la producción de alimentos en economías regionales, intervenciones y cierres de organismos vinculados a la agricultura familiar y campesina, detalladas en la nota que publicó Gimena Figueroa en El Destape.

Figueroa habló con Federico Orchani, investigador del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, que afirmó: "una de las principales observaciones que proponemos en el informe tiene que ver con que las políticas alimentarias del gobierno nacional comprometen el derecho a la alimentación, la seguridad y la soberanía alimentaria. Por citar algunos datos, el consumo de alimentos se redujo en promedio un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas entre noviembre de 2023 y julio de 2024, además con caídas significativas en productos sensibles como bebidas un 26%, lácteos un 12%, carnes un 9%, frutas y verduras un 7% y productos de almacén un 6%". Orchani agregó que "entre noviembre 2023 y julio 2024, los precios de los alimentos aumentaron un 128%. La Argentina lidera el ranking de inflación nominal en alimentos, según el Banco Mundial”.

De la SIDE a X

El CELS también denunció esta semana a otro de los elefantes que circulan sin llamar la atención: la habilitación del espionaje masivo. Franco Mizrahi informó en este medio que el CELS “realizó una presentación en tribunales para que la Justicia declare inconstitucional la creación de la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Pidió la nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 614 que disolvió la AFI y le dio vida al nuevo servicio de inteligencia. Según la presentación, con ese decreto, el mandatario habilitó al Estado a hacer vigilancia masiva y puso en riesgo el derecho a la privacidad, la intimidad y la libertad de expresión”.

El planteo del CELS llegó en el contexto del ataque a la sede de la UCR, que incluyó una incursión a las oficinas de Martin Lousteau. ¿Qué relación hay entre ambos temas? Lousteau es el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia que puede y tiene que controlar los fondos de la SIDE. ¿Fue un mensaje?

Si bien el espionaje interno es algo para preocuparse, no tanto por el inexperto titular de la SIDE Sergio Neiffert sino por la convocatoria a ex capos de los servicios, más peligrosa es la llegada de Elon Musk a la Casa Blanca. No es un error de tipeo: Musk es una parte central del triunfo de Donald Trump.

Apuntalado por el Estado, sin el cuál no hubiera desarrollado prácticamente ninguno de sus negocios, Musk ahora apostó fuerte e incluso se especula que tenga un cargo en la administración Trump dedicada eliminar cualquier regulación de su rentabilidad ya extraordinaria. Musk es producto de la intervención del Estado, ahora quiere que no se note.

Además de sus empresas vinculadas a las telecomunicaciones, automóviles y cohetes, Musk compró Twitter y le cambió el nombre a X. Desde esa plataforma tiene un enorme poder para monitorear las conversaciones a través de su red social, pero sobre todo para manejar los algoritmos a su antojo y priorizar, mostrar y especialmente silenciar las ideas y la información que le convenga. Y una de las ideas que comparte con Trump es un profundo desprecio por la democracia.

Las consecuencias de esta alianza las sintetizó Nicolás Lantos en su nota “El tercer Trump”: “Ya no es solamente el reflejo de la rabia de los excluidos de 2016 ni el mesías de una secta delirante como en 2020. El tercer Trump es la vanguardia de un proyecto ideológico: el plan para reemplazar la democracia por un sistema que le resulte más eficiente al gran capital, representado por figuras como Elon Musk, protagonista de este proceso y posible futuro funcionario del nuevo gobierno. Es la cabecera de playa del ataque de los megamillonarios contra el resto de la humanidad”.

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que reune a la ultraderecha mundial, informaron que en su próxima conferencia en Palm Beach, Florida, reunirán a sus principales donantes (empresarios megamillonarios) con el presidente electo Trump y su vicepresidente JD Vance. Y que lo invitaron a Milei.

La noche de las corbatas

Por si hiciera falta reafirmar el alineamiento irracional con Estados Unidos en la Casa Rosada mandaron a los funcionarios a que usen corbata roja, el color que usa Trump y que identifica no a los comunistas sino a los republicanos. Un elefante rojo, no tanto por la anécdota de modista sino porque Milei grabó un video en TikTok donde felicitó a Trump y le dijo: “Usted sabe que puede contar con la Argentina para hacer grande a los Estados Unidos nuevamente”.

El MAGA (Make America Great Again, que es Hacer America Grande Otra Vez) de Trump podía ser, como soñó Tomás Rebord en el programa que tenía en la radio pública, con la A de Argentina: Make Argentina Great Again. Pero no está en los planes de Milei.

Trump hará MAGA en América (léase en Estados Unidos) con políticas proteccionistas, Milei hará anti MAGA en Argentina con un aperturismo cuyo resultado ya es conocido: termina en industricidio. Lo reveló hace unos días, cuando compartió una histórica publicidad de la dictadura empresario militar donde se ve una silla con el cartel “Nacional” que se rompe a pedazos cuando un hombre se sienta. La solución que daba la propaganda dictatorial era la apertura sin límites a las importaciones de sillas. El resultado, el fin de la Argentina industrial post segunda guerra mundial. El método para imponerlo: un genocidio.

 Entre el 6 y el 8 de julio de 1977, plena dictadura, el Ejército secuestró a 11 personas en Mar del Plata, de las cuales 6 aún están desaparecidas. La mayoría eran abogados laboralistas y eso no fue casual. Una de las primeras medidas de la dictadura empresario militar fue la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo. Uno de sus compiladores había sido Norberto Centeno, uno de los abogados laboralistas secuestrados y asesinados. El episodio, tal como lo reconstruyeron en un exhaustivo libro Felipe Celesia y Pablo Waisberg, se lo conoce como “La noche de las corbatas”. Solo que en este caso no son una anécdota de modista sino uno de los tantos ejes que une el proyecto económico comandado por José Alfredo Martínez de Hoz con el actual, que también busca eliminar derechos laborales.  

Dibujantes

“La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte”, dijo el ministro Luis Caputo allá por mediados de julio. Por entonces el presidente Milei declaraba apenas 20.000 dólares en efectivo en su patrimonio pero esta semana declaró otros 65.522 dólares más en una cuenta que todavía no explicó de donde salieron. “Ingresos propios” dice del origen, pero eran sus tiempos de diputado que donaba su sueldo y estaba en plena campaña electoral. Otro elefante bien ocultado esta semana.

Más difícil de explicar es la situación del propio Caputo, que también presentó una actualización de su declaración jurada. La anterior ya la analizó El Destape y revelaba que o no era “el Messi de las finanzas” o era el Picasso de las declaraciones juradas, ya que apenas declaraba un patrimonio de poco más de 2,5 millones de dólares.

Lo más notable de Caputo era que solo tenía el 0,001% de su dinero líquido en Argentina, el resto figuraba en cuentas en Estados Unidos. Ahora, en su ampliación, revela que movió la mayoría de su dinero a la Isla de Man, una guarida fiscal que depende de Gran Bretaña. Según la organización Tax Justice Network (TJN), la Isla de Man ocupa el puesto 12 entre las guaridas que son facilitadoras del abuso fiscal empresarial.

Caputo no es el único: ex abogado de narcos, genocidas y violadores ahora devenido en ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona informó que tiene su dinero en cuentas repartidas entre Suiza, Estados Unidos, Uruguay y, algo bastante extraño, Puerto Rico.

El estudio Cúneo Libarona defiende al actual presidente del Banco Central Santiago Bausili en la causa donde se lo investiga por favorecer al Deutsche Bank en las colocaciones de deuda durante el gobierno de Mauricio Macri. Bausili recibía pagos de su ex (¿ex?) empleador mientras lo beneficiaba como funcionario. Fue procesado por el juez Sebastián Casanello pero luego sobreseído por los camaristas Martín Doctrina Irurzun y Eduardo Farah una semana antes de la asunción de Milei, con Cúneo Libarona ya confirmado como ministro. Pero ahora la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, aceptó un recurso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la fiscalía anticorrupción, y Bausili quedó cerca de volver a estar procesado. Otro elefante que pasó de largo esta semana.

Y no es el único elefante que vincula a Milei, Caputo y Bausili. El diario británico Financial Times alertó sobre un “tsunami de juicios” contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos y Europa. Los demandantes contra el país, en especial los fondos buitre, presionan al gobierno para que negocie y cobrar como sea. Como saben que el país no tiene dólares para pagarles buscarán otros atajos. Por ejemplo, el oro que Milei, Caputo y Bausili sacaron del Banco Central y enviaron justamente a Londres. Lo hicieron a escondidas, sin dar explicaciones, y este elefante se conoce gracias a que el secretario general de La Bancaria Sergio Palazzo advirtió la situación. Hace unos días el periodista Alejandro Bercovich reveló que se trata de casi 13 toneladas de oro por un valor de 960 millones de dólares que sacaron del país como si fuera una exportación.

Señorías

Los problemas judiciales van de la mano con los nombres propios de los jueces. Hace demasiados años que cuando comienza una causa judicial nadie pregunta qué pasó, sino quien es el acusado y a qué juez le tocó y solo resta hacer los cruces ideológicos y de terminales políticas para saber el fallo final. No hace falta leer el Código Penal, que en Comodoro Py sirve para levantar el monitor de la computadora donde se leen algunos medios donde están los fundamentos de las sentencias.

Esta semana el gobierno anunció que enviará al Senado los pliegos de alrededor de 150 jueces de todo el país. La necesidad de designar jueces es real: el 25% de los juzgados del país está vacante, lo que genera una sobrecarga de los jueces que tienen que cubrir otros juzgados y por ende demoras y una deficiente administración de Justicia. Esto no quita que se mire con detalle los lugares que se tienen que ocupar, un listado que solo tienen Sebastian Amerio, el viceministro de Justicia pero que es quien realmente maneja esa área, y Santiago Caputo.

Los pliegos son de aquellos nombres que ya pasaron por el concurso y que el Consejo de la Magistratura logró elaborar una terna de la cuál el presidente tiene que elegir a uno para enviar al Senado, que finalmente es quien da el acuerdo. Y para eso el gobierno deberá negociar con los bloques peronistas. José Mayans, presidente de uno de esos bloques, ya anticipó que no votará nada de lo que provenga de un Consejo de la Magistratura tomado por asalto por el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, que entre todo esto tiene a su hijo entre los candidatos a ocupar un cargo en los tribunales.

Hay vacantes en cargos clave. Por ejemplo, Milei tiene que elegir a quien propone para integrar la Sala B de la Cámara Comercial, que es la que interviene en el caso Correo Argentino. También los nombres para un tribunal de Defensa de la Competencia, que definirá sobre situaciones de posición monopólica.

Hay también muchas vacantes a llenar en el fueron Contencioso Administrativo, donde se litiga contra el Estado. Otro cargo donde varios van a mirar es el que está en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. En ese concurso el mejor puntaje lo obtuvo el juez Daniel Rafecas, hoy en Comodoro Py. Si logran designarlo en otro cargo tienen una vacante más que llenar en la ciénaga de Py, donde ya hay otros 3 juzgados de primera instancia sin juez.

El caso del juzgado Federal de Lomas de Zamora, clave por su jurisdicción sobre el penal y el aeropuerto de Ezeiza, también se va a llevar mucha atención. El nombre que suena para ocuparlo es Juan Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez Ariel Lijo que hace años está al frente de la oficina de escuchas desde las que coordinaron el festival de filtraciones desatado en los años de Macri.

El contexto de todo esto no es menor: el 13 de noviembre, miércoles que viene, la Cámara Federal de Casación Penal dará a conocer un fallo que, anticiparon, confirma la condena contra CFK en la causa Vialidad. La acusación contra CFK es absurda, la condena en el juicio ridícula, basada en un decreto público, otras dos causas en las que fue sobreseída y unos chats agregados durante el juicio en los que ni siquiera se la menciona.

Los jueces que van a definir el futuro de CFK son la clave. Uno es Diego Barroetaveña, designado por Macri. El otro es Gustavo Hornos, que se juntó con Macri en Olivos y la Rosada al menos 6 veces y ahora está envuelto en denuncias por violencia de género. Pero la clave está en el tercero, Mariano Borinsky, que se juntó 16 veces con Macri en Olivos pero que ahora teje buenos vínculos tanto con el Gobierno de Milei como con sectores del peronismo para lograr un objetivo mayor: convertirse en Procurador General, en jefe de los fiscales.

Re Corte

El jueves el jefe de Gabinete Guillermo Francos afirmó que evalúan designar jueces de la Corte en comisión, o sea, por decreto, como si fueran subalternos del presidente. “Ya se hizo”, alegó, pero lo cierto es que Macri lo intentó con Rosatti y Rosenkrantz pero luego tuvo que dar marcha atrás y cumplir con el procedimiento que establece que sus designaciones pasen por el Senado. Por entonces Macri contó con el apoyo del bloque peronista para alcanzar los dos tercios necesarios para designar un juez de la Corte. ¿Logrará Milei lo mismo? Hay sectores del peronismo que estaban dispuestos a negociar.

La que no parece dispuesta a negociar es la Corte. Todo el mundo sabe de la disputa entre Rosatti, actual presidente de la Corte, y Ricardo Lorenzetti, que quiere recuperar ese cargo. La llegada de Lijo a la Corte sumaría un voto para Lorenzetti, que ya planteó públicamente que si se suman nuevos jueces hay que votar de nuevo las autoridades de la Corte. Rosatti, obviamente, no quiere, ya que acaba de revalidar el cargo que le permite manejar la agenda de temas y presidir a su vez el Consejo de la Magistratura por 3 años más.

En este juego de números en la Corte entra la situación de Juan Carlos Maqueda, que el 29 de diciembre cumple 75 y según la Constitución debe dejar el cargo. El gobierno ya lo dio por renunciado e incluso propuso a su reemplazo y el propio Maqueda dijo en el podcast "Generación 94" que se iba. ¿Puede cambiar de opinión? En la Corte ya hay 2 antecedentes de jueces que quisieron quedarse más tiempo del legal: Carlos Fayt, que continuó hasta los 98 años; y Elena Highton de Nolasco, que tuvo que irse. En el medio la propia Corte cambió su jurisprudencia a partir del caso de otro juez, Leopoldo Schiffrin, y estableció que el límite es el que marca la Constitución, algo que hasta ahora sólo respetó Raúl Zaffaroni. En ese poroteo cortesano Maqueda podría hacer una última jugada de presión con un amparo, algo que operaría en favor de su ahora aliado Rosatti. O irse a su casa, bajo riesgo de que se reactiven causas que lo involucran por desmanejos en la obra social del Poder Judicial, expediente en manos de Lijo, que quiere a su vez ser juez de la Corte. 

Esta semana la Corte dio una señal que pasó desapercibida pero que puede leerse como una advertencia al Gobierno para que no le pase por encima a las leyes. Fue a través de una acordada donde aclaran los alcances de un artículo de la Ley Bases. En su capítulo III, esa ley modificaba la ley de Procedimientos Administrativos y decía que los cambios eran aplicables al Poder Judicial. La Corte, en la acordada 34/2024, le dice al gobierno que ellos tiene su propio Reglamento para la Justicia Nacional y que cualquier intromisión viola la división de poderes. El artículo 113 de la Constitución establece que “La Corte Suprema dictará su reglamento interior”. La acordada la firmaron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, no aparece la firma de Lorenzetti.

Esta semana la Corte resolvió 249 expedientes pero, como es habitual, se ocupó de difundir en la prensa un puñado de los que considera trascendentes. Uno fue un caso de la texil Enod contra la provincia de Buenos Aires. En 2011 esta empresa reclamó por el sistema de alícuotas diferenciales en materia de ingresos brutos para ciertas actividades y la Corte resolvió a su favor.

Paréntesis: nunca se sabe el criterio de los casos trascendentes que difunden desde la Corte. Por ejemplo, esta misma semana resolvieron un caso de AMX (Claro) en el que volvió a intervenir Carlos Rosenkrantz de manera ilegal, ya que se trata de uno de sus ex clientes. Pero para eso había que revisar todo, como hizo El Destape.

Volviendo al caso de Enod contra PBA, el sistema de medios empresariales no dejó pasar la oportunidad para publicar la información con una foto del gobernador Axel Kicillof como si se tratara de un fallo en su contra. Pero lo cierto es que las mismas notas daban cuenta de que esa alícuota diferencial se dejó de aplicar en 2018, antes de que Kicillof fuera gobernador. El operador de Clarín Daniel Santoro publicó que “la demanda en este caso ‘se inició en 2011. Está impugnando diferencias fiscales de los períodos 2000 a 2004. No son normas del gobierno de Kicillof’, pero impactan en la recaudación de la provincia”. Lo cierto es que como no se aplica desde 2018 no tiene impacto.

Lo que ninguno de los medios reflejó fue que a la empresa Enod la patrocinó Juan Carlos Cassagne, uno de los socios del estudio que lleva su apellido y que es uno de los más poderosos de la city. Se trata de uno de los buffetes que más influye en el lobby empresarial para el diseño de leyes y políticas de Estado que son en realidad planes de negocios que luego benefician a sus clientes.

Un caso notable fue en de los proyecto de Participación Público Privada (PPP) durante el gobierno de Mauricio Macri, a quien también tuvieron como cliente en el caso Correo. La revista Apertura contaba por entonces que “el ‘movedizo’ -al decir de un competidor- Ezequiel Cassagne gastó suela en los pasillos de la Casa Rosada, el Palacio de Hacienda y Cancillería, involucrado en la elaboración de la ley de Participación Público Privada (PPP). Sancionada en diciembre, se reglamentó en marzo. Hoy, Cassagne Abogados trabaja en 20 proyectos de inversiones privados, en fase de pre-factibilidad y factibilidad, dice. El estudio, también, asesora al Gobierno porteño y otros distritos en este tema”.

Armaron el esquema de negocios y lo ejecutaron. Y ahora hacen lo mismo. La que maneja la letra fina de las leyes que compila el ministro de Regulación para Beneficio de Grandes Empresas Federico Sturzenegger es María Ibarzábal. El Destape dio cuenta de los ingresos de Ibarzábal a la Casa Rosada mientras no tenía cargo; luego la nombraron funcionaria en el equipo de Sturzenegger; y ahora el propio ministro le dio el crédito públicamente por sus aportes.

 Y no es el único punto de contacto con el gobierno. Otro de los socios del estudio Cassagne es Máximo Fonrouge. Se trata de uno de los más influyentes abogados del país, con mucho peso en el Colegio de la calle Montevideo desde el cual los representantes de empresas y defensores de genocidas despliegan su lobby desde hace décadas. Y, como reveló El Destape, uno de los fundadores del CELTYV, la ONG negacionista que fue la catapulta a la política de Victoria Villarruel.

En la web de su estudio Cassagne dice Juan Carlos Cassagne que “ha sido y es asesor de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA)”. Se explica porqué no se publica todo esto. Así se ocultan también los elefantes.

Por Ari Lijalad