La sucesión de derrotas parlamentarias va impactando en el corazón del proyecto presidencial. Su violenta reacción expresa la imposibilidad ideológica de convivir en un sistema democrático donde es natural por las diversidades que expresan a la sociedad que coexistan triunfos con derrotas. Milei descalificó a los congresales acusándolos de “populismo demagógico” y “basura deshonesta”, por su voto mayoritario a la ley de jubilaciones, que impugnó por su carácter “irresponsable, ilegal e inconstitucional”. El argumento es tan primitivo como insostenible. Como lo que vota el parlamento va en contra de sus deseos, resultaría ser ilegal, y por qué no, inconstitucional.

¿Nadie se anima a decirle al presidente cómo funciona la división de poderes, su separación y equilibrio entre ellos, definida por Montesquieu hace tres siglos? Ese fundamento garantiza la libertad política y evita abusos de poder mediante el control recíproco. Pero la reacción autoritaria no terminó allí: Milei afirmó que el modestísimo aumento a los jubilados “es exorbitante”.

Coronó su diatriba con “veto todo, me importa tres carajos”. Pero faltaba la entrada en escena de M. Macri, quien luego de ordenarles a sus senadores que voten a favor del aumento jubilatorio, pegó una voltereta declarando que apoyaba el veto de Milei a la ley. El jefe amarillo demuestra su desconcierto y su pragmatismo oportunista. 

Estos oleajes en el Parlamento y en la escena política, reflejan un contexto social y económico que se agrava día tras día. Con una pobreza que sólo en el primer trimestre del año alcanzó el 55%, según el INDEC y la UCA, o sea 25,5 millones de personas de las cuales 9 millones son indigentes, es decir, que pasan hambre. Estos datos se corresponden inevitablemente con el desplome de la actividad económica que, según el EMAE, arroja un patético 3,9 de caída interanual a junio 2024. Estas fisuras políticas amenazan con transformarse en fosas infranqueables, dejando atrás los acuerdos entre el bloque libertario – PRO y amigables, que posibilitaron el voto y la sanción de la oprobiosa Ley Bases, con su neocolonial RIGI, las facultades delegadas a favor de un presidente que se proclamaba destructor del Estado, y el paquete fiscal que, entre otras medidas, inventó un blanqueo con beneficios inéditos para evasores y fugadores, gravó el ingreso de 850 mil trabajadores de la cuarta categoría y simultáneamente bajó la alícuota del impuesto a los bienes personales. Se trata de un caso extraordinario, por su impudicia y crueldad, de transferencia de ingresos de un sector de la clase media a favor de los núcleos más ricos del país.   

Las tensiones circunstanciales en el entramado político de la derecha y la ultra derecha no son la expresión de discrepancias ideológicas ni de los intereses que representan. Las claves de esta transmutación no se pueden comprender analizando las peleas de palacio, sino por el impacto en la sociedad de la política económica, que va despertando un creciente rechazo en una parte mayoritaria del pueblo y el abandono de la expectativa esperanzada en otras franjas de la ciudadanía. 

Por otra parte, se hace cada vez más evidente el daño que genera el chantaje con el uso de los recursos públicos que el Poder Ejecutivo niega o retacea a las provincias, aunque en ciertos casos, permuta fondos por votos en el congreso. En el Parlamento va creciendo el peso del bloque de Unión por la Patria que, amén de la derrota electoral de noviembre del 2023, sostiene su unidad logrando frenar iniciativas de Milei, como el despropósito de los 100 mil millones de pesos para la SIDE, la composición de la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Senado, cuya integración quedó para la oposición, la media sanción al proyecto de presupuesto universitario y la recomposición de las jubilaciones y pensiones. Estas cuatro derrotas parlamentarias han sido letales para las políticas y el amor propio de Milei. No solo por la seguidilla, sino por las mayorías legislativas con las que se impusieron y por la magnitud presupuestaria de los temas tratados. 

La legitimidad de origen del gobierno, emergente de la elección presidencial, va perdiendo fuerza en el ejercicio de la gestión: ministros que no tienen la menor experiencia en su disciplina y legisladores ignotos, imbuidos de ideologías propias de fanáticos de ultra derecha que reivindican y visitan en los penales a genocidas condenados. Aquello de que “algo huele mal en Dinamarca” va quedando corto ante el hedor nauseabundo que despiden los escándalos de estos “diputados” libertarios.

La discusión sobre la movilidad jubilatoria es siempre compleja por la cantidad de recursos que significan para las cuentas públicas y por lo relevante que es para la vida de quienes deberían tener remuneraciones dignas por sus años de trabajo. En esa relación, el paradigma siempre debe ser el de mejora de la vida y no el recorte ajustador. No es comparable vetar el 82 por ciento móvil practicado por Cristina cuando las jubilaciones eran las más altas de Latinoamérica, se crearon programas de entrega de medicamentos y se desplegaba una amplia acción de asistencia que incluyó a más de tres millones de personas, mayoritariamente mujeres. Otra muy distinta es la negación mileista de recomposición de los haberes a valores anteriores a una devaluación récord del 118 por ciento y el desmantelamiento de la política de medicamentos gratuitos. Más aún cuando esos fondos pueden salir eliminando la reducción que hizo el Gobierno al impuesto a los bienes personales para beneficiar a los ricos. No se trata solo del dogma fiscalista que guía al presidente, sino de pura crueldad para los millones de trabajadores jubilados. Recordemos que para este gobierno las jubilaciones deben ser un negocio privado de capitalistas, lo contrario a la visión de que se trata de un derecho de trabajadores que el Estado debe garantizar por el aporte que hicieron durante su vida. 

El presidente advierte que vetará la ley, sin embargo, si atendemos a la experiencia histórica, esta decisión puede transformarse en un límite para los ajustados, para las fuerzas políticas, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y tantos ciudadanos que aspiran a una Argentina más justa y solidaria.

Por Juan Carlos Junio * Secretario general del Partido Solidario. Director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. / P12