Los ejes centrales del debate político y económico continúan siendo claramente dos y altamente correlacionados: cuál será el destino a mediano plazo del plan económico, y por lo tanto del gobierno de Javier Milei, y cómo se reorganizará el peronismo, es decir la principal oposición que alguna vez lo sucederá. Se entrevé que el primer punto, del que nos seguiremos ocupando hoy, es mucho más simple que el segundo, que nos ocupará por años.

Sobre la evolución del plan Milei debe tomarse como punto de partida la existencia de dos consensos previos. El ajuste era necesario y existía un fuerte mandato social antiestado, pacientemente construido. Aunque la batalla aparezca contra la presunta casta, el enemigo siempre fue el sector público. Menos claro, en cambio, fue el alcance de este mandato. Que en el siglo XXI se rediscutan cuestiones como hacer o no hacer obras públicas es por lo menos notable. Es tan disparatado que hasta resulta extraño tener que argüir sobre la materia. No se trata sólo de la educación o la salud, sino de la provisión de bienes públicos más elementales ¿Es imaginable una sociedad en la que el sector público no se ocupe directa o indirectamente de la infraestructura? ¿Ocurre en algún país con algún grado de desarrollo? Que un tema semejante sea objeto de debate es una señal de que no se está frente al avance hacia un nuevo mundo que entroniza la actividad privada, sino frente a un retroceso de proporciones en la organización social.

Pero regresemos a las posibilidades de éxito del programa. El desliz presidencial y ministerial sobre el “Jumbo Bot” de los últimos días, en el que tanto Milei como Caputo citaron una cuenta fake de la red social X para destacar que la inflación, en vez de seguir volando a dos dígitos mensuales como lo hace, estaba “colapsando” fue una muestra más de la improvisación total del plan de gobierno. Quedó claro que las máximas autoridades del aparato de Estado, que cuenta con innumerables sistemas de información, empezando por las estadísticas oficiales, basan su accionar puramente en la ideología antes que en los datos. Tanto Milei como su ministro están convencidos, por vulgar ideología, que si se hace colapsar la demanda lo mismo ocurrirá con los precios. La herramienta para ello es el colapso de la actividad económica y de los ingresos. Quienes, flojitos de teoría, dudan sobre las posibilidades de éxito de este curso de acción imaginan que se producirá un “reseteo” de la economía, y que tras la destrucción sobrevendrá la estabilización y, con ella, se reiniciará un ciclo de inversiones que volverá a poner en marcha el aparato productivo, pero ahora con la economía saneada.

En rigor, la descripta es la secuencia económica de cualquier plan de estabilización, que presupone ajustar los precios básicos de la economía. Estos precios son el tipo de cambio, es decir el precio del dólar, las tarifas, incluidos los combustibles, y los salarios. Son precios “básicos” porque determinan los precios del resto de los bienes, es decir, determinan los costos. Otra vez la redundancia ¿había que ajustar precios relativos? Sí, por supuesto, pero los ajustes se pueden hacer bien o mal. Y cuando los ajustes no se hacen o se demoran solo se consigue postergar el proceso “acumulando desequilibrios”, lo que provoca que, al final del camino, el proceso sea más violento e incluya también una crisis. Vale destacar que los ajustes se postergan por una razón bastante elemental: los precios básicos son también variables distributivas y hay gobierno que creen que es posible gobernar sin dar nunca malas noticias.

El problema con un ajuste hecho “a la bartola”, como el que está en curso, es que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Los ajustes exitosos son los sustentables. Para que sean sustentables deben cumplir con algunas características no excluyentes: un reparto equitativo de los costos y/o tener una duración y magnitud acotadas. El ajuste de Milei-Caputo amenaza con durar muchísimo más de lo que sus gestores esperaban y recae especialmente sobre los asalariados, activos y pasivos, tanto de ingresos bajos como medios. Si se mira más en detalle se destaca que pesa especialmente sobre los jubilados y las clases medias por el sideral aumento de los costos de sus consumos inelásticos, como la educación y la salud, lo que explica el balbuceo gubernamental sobre vauchers y prepagas.

Una de las razones por los que el ajuste durará más de lo esperado debe buscarse en su dinámica secuencial. El primer precio básico ajustado, apenas asumió el gobierno, fue el del dólar, el shock cambiario como punto de partida junto a la tablita devaluatoria del 2 por ciento mensual. En los meses inmediatos el consecuente shock inflacionario hizo colapsar el poder adquisitivo de los salarios, el segundo precio básico ajustado de hecho. Y cuando se dice colapsar es literal. Como señaló el investigador Daniel Schteinghart, “la caída del salario real en lo que va de 2024 está entre las 5 más grandes de la historia argentina de los últimos 90 años, junto con 1976, 1959, 1989 y 2002”. El resultado inmediato fue el desplome de la demanda seguido por el derrumbe de la producción.

Luego de estos dos ajustes comenzaron a acomodarse los precios de los combustibles y ahora llegó el turno del resto de las tarifas, cuyo salto porcentual llegará en muchos casos a los 4 dígitos, lo que tendrá un inmenso impacto en el humor social, pero especialmente en una dimensión mucho más relevante, la de los costos de producción. Debe aclararse que la gran variación nominal también es un producto de que, en muchos casos, las tarifas estaban verdaderamente atrasadas, pero es otro debate.

El punto es que los aumentos descoordinados de los precios relativos provocaron nuevos desajustes. Salvo que se esté en una situación de liquidación de stocks, las empresas fijan precios, además de por su poder relativo en el mercado, por el valor de reposición de los bienes y servicios. Si los precios básicos continúan moviéndose los costos no pueden bajar. Nadie vende a pérdida. Por ahora, se mantienen pisados el dólar y los salarios. Pero el “equilibrio” del primero es “inestable”. Quienes deben liquidar el principal flujo de divisas de las exportaciones, los productores del agro pampeano, perciben un aumento del costo de los insumos medido en divisas y, en consecuencia, ya dieron señales de que esperan una nueva devaluación. La respuesta del gobierno fue el anuncio de una batería de medidas para bajar los costos de los insumos agropecuarios. Si esto no alcanza, la cosecha se quedará en las silobolsas todo lo que se pueda esperar, presionando fuertemente sobre la cotización del dólar a mediano plazo. Si el escenario se cumple una nueva devaluación será inevitable, el Plan Milei-Caputo habrá fracasado y el fusible no será el presidente.

También puede imaginarse un escenario alternativo. Un derrumbe de la producción diluye el poder de negociación de los trabajadores, formales e informales, lo que significa que el ajuste podría intentar sostenerse sobre el “ancla salarial”, siempre con eje en sectores bajos y medios, pero arrastrando también a quienes dependen de la demanda de estos sectores, infinidad de pymes comerciales y de otros servicios. Suponiendo que se alcance un improbable dólar estable y que los ajustes de precios de segunda vuelta provocados por el cambio el nivel de precios de las tarifas y los combustibles en algún momento se detengan, se estará de todas formas frente a un escenario de recesión económica prolongada y sin ninguna “V” a la vista en la recuperación del PIB. A esta altura parece claro que la V que espera el oficialismo se parece cada vez más a “la luz al final del túnel” y al “segundo semestre” macrista. ¿Le será posible a La Libertad Avanza afianzarse en las elecciones de medio término sobre la base de la continuidad de la promesa de un futuro promisorio siempre por llegar? Y si el oficialismo no se afianza en 2025 ¿qué sucedería con la economía?

Por Claudio Scaletta / El Destape