Los datos del mercado de trabajo argentino ponen sobre la mesa las dificultades que enfrentan las y los trabajadores que vienen sufriendo, desde hace una década, un fuerte ajuste en el bolsillo con impacto de la suba sostenida de precios en la economía y hasta intentos de una reforma laboral que, de avanzar en estos días en el Congreso, podría generalizar la contracción informal. En tal panorama, si bien la tasa de desempleo cayó significativamente, estuvo atravesada por el incremento del trabajo informal: la suba del 6% de los ocupados en los últimos cuatro años fue traccionado por un aumento superior al 11% de trabajadores informales y en 2023 sobre el total de asalariados, los no registrados representaron el 36%, manteniendo niveles similares a fines del 2019.

A la precariedad en el acceso y las condiciones de trabajo se sumó entonces el deterioro producto de una caída del poder de compra que ubica a los ingresos en torno a mínimos registrados en el 2001. Así, según los últimos datos de salarios difundidos por INDEC, el salario real no registrado volvió a contraerse en enero de 2024, y cayó 7,8% mensual (en diciembre ya había caído 14%) en tanto que se ubicó 37% por debajo de igual mes del año previo. Si se lo compara con diciembre del 2019, fin de la gestión macrista, la contracción es del 49% y cae diez puntos más respecto de igual mes de 2017, antes del inicio de la crisis económica que se sostuvo en el tiempo.  

Actualmente, las medidas que tomó la gestión de La Libertad Avanza afectan de forma directa la calidad de vida de la mayoría de la población, que vive con la incertidumbre de no saber cómo llegar a fin de mes y el temor sobre cómo podría empeorar su futuro. Las proyecciones de consultoras privadas indican que la destrucción de empleo ya empezó y anticipan que es posible que “la pobre situación del mercado de trabajo empeore durante 2024, especialmente en los primeros meses, con aumento del desempleo combinado con un incremento de modalidades de empleo de baja calidad”. 

Empleo precario y salarios pulverizados

En estos días se conocieron los datos del mercado laboral para el cierre del 2023. Según la información difundida por el INDEC, el año finalizó con tasas de actividad y de empleo históricamente altas (48,6% y 45,8%, en cada caso) y con un nivel de desempleo que se ubicó entre los valores más bajos de la serie que inicia en 2016 (5,7%). “Tomando el promedio del año, la tasa de desempleo fue de 6,1%, reflejando así una caída de casi 4 puntos respecto del promedio de 2019, probablemente sea  el principal dato para rescatar de la gestión del Frente de Todos en lo que refiere al mercado laboral”, indicó un informe de la consultora Ecolatina donde se analizó que “la crisis que tuvo lugar en 2018-19 y afectó sustancialmente el poder adquisitivo, volcó a una masa de trabajadores al mercado laboral con el objetivo de apuntalar los alicaídos ingresos familiares. Luego de cuatro años, la participación continuó en alza, demostrando que esa necesidad no desapareció y se observa, en parte, en la poca creación de empleo de calidad”.

En ese sentido, los datos relevados mostraron que “el crecimiento del 6% de los ocupados en los cuatro años fue traccionado por una suba superior al 11% de los trabajadores informales, mientras que los ocupados del sector formal apenas subieron un 5%” en tanto que “dentro del sector registrado el incremento se explicó mayormente por el sector público, que registró un aumento de 13,5%”.

Por su parte, desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) evaluaron que “el 2023 finalizó con un alto nivel de empleo y bajo desempleo, conviviendo con una extendida precariedad y salarios de pobreza” y consideraron que tras el inicio de la nueva gestión nacional “el impacto del plan económico de Milei-Caputo se expresa en una caída abrupta de la actividad económica y el hundimiento de los salarios, que anticipa niveles de desempleo superiores”. En lo concreto, al desagregar por categorías “el leve crecimiento del empleo que se dio en el 4to trimestre fue explicado exclusivamente por el autoempleo, principalmente de subsistencia, englobado bajo la categoría de cuentapropismo”. Si se observa lo ocurrido en el último año, “el 60% del empleo creado fue explicado por categorías de carácter precario: asalariados/as informales y autoempleo de subsistencia”.

Así, el año 2023 finalizó con un mercado laboral en el cual “menos de la mitad de los y las ocupadas (47,3%) corresponden al segmento de asalariados formales (9,4 millones), mientras que hay un 22,6% de cuentapropistas (4,5 millones), de los cuales la gran mayoría está inserto en trabajos de baja calificación, y un 26,3% adicional que son asalariados informales (5,2 millones)” A su vez, sobre el total de asalariados, “quienes no están registrados representan el 35,7%, nivel muy similar al de fines de la gestión Cambiemos en 2019 (35,9%)” por lo que “los elevados niveles de empleo que se vieron al finalizar la gestión del Frente de Todos, convivieron con un cuadro de precariedad extendida en las condiciones laborales, que deja a la clase trabajadora en condiciones de profunda fragilidad para enfrentar el brutal ajuste económico impulsado por el gobierno de Milei”, señalaron los economistas. 

En la actualidad, para la mayor parte de las y los trabajadores es prácticamente imposible llegar a cubrir el costo de vida básico, es decir que los ingresos sean suficientes para pagar alimentos, salud, vivienda y tarifas de servicios, por lo que las familias terminan por recortar gastos que son esenciales. Ello además agravado por la desregulación de los mercados, recorte de partidas sociales y subsidios, y el impacto de la mega devaluación de diciembre con recurrentes presiones sobre el tipo de cambio. En 2023, al menos 3 de cada 10 ocupados eran pobres, alcanzando incluso al 17% de los asalariados formales. 

De esa manera, el deterioro salarial tocó pisos históricos comparables al inicio del 2003, tras el estallido económico-social de entonces. Es decir, se profundizó la transferencia de ingresos desde los trabajadores a los grupos económicos más concentrados de la economía nacional. Según los últimos datos de salarios difundidos por INDEC, el salario real -considerando efecto de la inflación- no registrado tuvo en enero de 2024 una caída mensual del 7,8% (en diciembre ya había caído 14%) y se ubicó 37% por debajo de igual mes del año previo. Si se lo compara con diciembre del 2019, fin de la gestión macrista, la contracción es del 49% y cae diez puntos más respecto de igual mes de 2017. Para dimensionar la grave situación de este segmento, vale mencionar que el salario registrado cayó en términos reales, 13% interanual en enero y está 15% por debajo de diciembre 2019, y el público se redujo 24,3% interanual en enero y se ubicó 26% por detrás de fines del gobierno de Cambiemos.

En el mismo sentido, desde el IPYPP alertaron que “el solo anuncio de la paralización de la obra pública generó incrementos de despidos en las empresas constructoras involucradas, a lo que luego se sumaron despidos, suspensiones, vacaciones anticipadas o retiros voluntarios en el sector textil, del calzado y el complejo automotriz, entre otros, que buscan ajustarse ante la caída abrupta de las ventas”. A ello se agregan los constantes despidos en el sector público nacional, “en el marco de un ataque explícito al conjunto de trabajadores estatales”. En tal sentido estimaron que, para el primer trimestre 2024, “los indicadores laborales no solo reflejen una reducción en la cantidad de horas trabajadas y un incremento de la subocupación sino también, revirtiendo la tendencia previa, un incremento claro de la desocupación abierta”. 

Esta coyuntura podría agravar los alarmantes niveles de pobreza e indigencia que dan cuenta de la cantidad de argentinos que no llegan a cubrir las necesidades básicas de alimentación y servicios básicos para la subsistencia. De acuerdo a datos oficiales, la pobreza en la Argentina alcanzó al 41,7% de la población en el segundo semestre de 2023 (2,5 puntos más en relación con igual periodo del 2022), mientras que la indigencia se ubicó en 11,9% (3,8 puntos más en relación a un año atrás) siendo los más perjudicados las y los niños. Según la información disponible, el 58,4% del grupo etario de entre 0 y 14 años es pobre, en tanto que el 18,9% es indigente. “De mantenerse las tendencias actuales, la pobreza infantil ascendería en el primer trimestre de 2024 al 71% y la indigencia a un 34%. En términos poblacionales, implicaría que 8,8 millones de chicas y chicos serían pobres y 4,3, indigentes”, alertó un documento de UNICEF que evidenció que este incremento se da a la par de que se redujo considerablemente el presupuesto nacional destinado a esa población (-75%). 

Mayor peso de las tarifas 

Al deterioro de los ingresos laborales se suma también el impacto de los recortes en el llamado salario indirecto, vinculado a bienes y servicios subsidiados o políticas públicas que impactan diferencialmente en sectores con menores ingresos. Lo más comunes son los subsidios a las tarifas de servicios o al transporte público, pero también centros de jardines maternales y asistencia alimentaria que, con un Estado ausente, recrudecen el empobrecimiento de las familias.

Así, a los gastos básicos en alimentos de primera necesidad, alquiler y cuidados indispensables, todo lo que supera el millón de pesos de ingresos necesarios para una familia, hay que sumarle el costo de servicios (luz, gas, agua) y transporte que impactan en la vida y el trabajo diario. Una vez en el gobierno, La Libertad Avanza anunció, entre sus primeras medidas, un plan de ajuste fiscal que incluye recortes en los subsidios a servicios públicos, según su objetivo de reducir 5 puntos del déficit. Desde entonces, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en el resto del país, se advierte un incremento de las tarifas del transporte con boletos mínimos que van camino a superar los $1000 a partir de las subas que -según los distritos- están por arriba del 400% en solo tres meses. De esa manera, el gasto en trasporte público aumentó su peso en las economías domésticas y llega a representar entre un 10% y 20% de los ingresos familiares, a lo que se suman ahora aumentos anunciados en electricidad y en gas, que golpean con más dureza a quienes dependen de trabajos informales o más precarizados. 

Según el último informe de la canasta de servicios públicos del AMBA, elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, las familias gastan, en promedio, el 11% de sus ingresos en las tarifas de servicios públicos como el transporte (trenes, colectivos, subte), la energía (electricidad y gas) y el agua. En relación, “el costo de la canasta total se incrementó 156% respecto de diciembre de 2023” y un hogar que a fines de ese año destinaba $29.487 a dichos servicios hoy necesita $75.429. En detalle, el mayor aumento se evidenció en transporte (+410%) en tanto que la luz subió 99% y el gas 24%. 

Vale agregar que, según datos privados, las familias recurren cada vez más a endeudarse por diversos canales para comprar alimentos y medicamentos que se volvieron inalcanzables, sobre todo a través del financiamiento con tarjetas de crédito (en torno al 40%) las que, por su parte, ya no tienen control de topes e intereses. Además, los hogares suelen estar endeudados con más de un acreedor, aparece en ese sentido el rol de familiares y amigos, pero también de las plataformas y prestadores informales que contribuyen a un círculo vicioso de endeudamiento para pagar más deuda para, en definitiva, sobrevivir. 

Ajuste en partidas sociales 

Los fuertes recortes en el presupuesto público, con partidas con nula o muy poca ejecución, agravan la situación de las familias que dependen, en mayor medida, de políticas estatales para reforzar los ingresos provenientes de trabajos informales o más precarizados. Al revisar los datos de ejecución de la Oficina Nacional de Presupuesto, se observó que los programas de Comedores Comunitarios y Merenderos ($34 mil millones), Complemento Alimentario ($86 mil millones) y Proyectos Focalizados en Vulnerabilidad Social ($7 mil millones) registran una ejecución del 0%, similar a la situación de Comedores Escolares ($48 mil millones). “Los recursos existen, pero permanecen paralizados mientras millones de personas se preguntan si podrán comer en los próximos días”, señaló un informe firmado por las organizaciones Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Sur Argentina Infancia en Deuda y La Poderosa.

Asimismo, se agregó que existen también “significativas bajas en las políticas destinadas a fortalecer los ingresos laborales”, ya que el programa Potenciar Trabajo (hoy modificado en dos programas diferentes) tuvo una reducción del presupuesto ejecutado del 71%, el programa Registradas diseñado para reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares fue eliminado y también se redujeron los recursos para el Programa de asistencia económica Acompañar en un 69% en el primer bimestre. 

“No se han explicitado de manera acabada y documentada las causas de la interrupción, las razones que justificarían la ruptura del vínculo con los miles de espacios inscriptos en el Registro Nacional de Comedores (RENACOM) ni las medidas que serán adoptadas para resolver el problema actual, lo que genera que millones de personas no sepan si podrán acceder a alimentos y coloca a los comedores en una situación de incertidumbre total” expresaron las organizaciones y explicaron que “si bien en los últimos días el Ministerio de Capital Humano ha difundido la celebración de nuevos convenios, no existe claridad sobre los modos de seleccionar a las que serán sus organizaciones beneficiarias”. 

Por Eugenia Rodríguez / El Destape