Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que “en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: “En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar”, escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.

Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.

El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.

Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.

Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.

Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedó condenada a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.

El resultado de las políticas que quiere implementar este gobierno es que Argentina termine siendo, en forma permanente, un país sin clase media. El destino latinoamericano: cuentas ordenadas y progreso macroeconómico al servicio del 10 por ciento de la población. Salarios bajos sostenidos por desempleo crónico y alta informalidad. Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Ir a fondo en el cambio irreversible de la matriz económica que comenzó la dictadura. Completar la tarea de Videla y Martinez de Hoz. 

Esta semana en El Destape el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, explicó que a fines de 2015 el salario de ingreso de un trabajador en la rama siderúrgica estaba por encima de los 2000 dólares y hoy apenas supera los 300 dólares. La diferencia no se esfumó: pasó del bolsillo del trabajador a engrosar las ganancias de la empresa. Si Milei tiene éxito, esa debacle nunca va a recuperarse. Es la historia del último medio siglo: de un país de clase media a un país con clase media a un país sin clase media.

Así como la primera parte de esa operación no pudo realizarse sin un plan represivo que quebró el espíritu de la sociedad argentina y diezmó a dos generaciones, los ejecutores de la etapa actual deberán hacer lo propio. La reescritura de la historia reciente que ensaya este gobierno, bajo la conducción intelectual de la vicepresidenta Villarruel, es una maniobra necesaria para habilitar, ante la opinión pública, el regreso de cuadros provenientes de las fuerzas armadas a resortes clave en áreas sensibles de la administración.

Con la articulación del silencioso jefe de Gabinete Nicolás Posse aparecen figuras como Jorge Antelo, exbrigadier de la Fuerza Aérea, en la Secretaría de Estrategia Nacional. Además, por primera vez desde 1983, se incorporaron militares en lugares clave de la AFI, como la secretaría de Producción de Inteligencia, la de Planificación de Inteligencia Nacional y la dirección de Contrainteligencia. Todos responden a Posse, que en sus primeros cien días en el cargo tuvo dos reuniones con el jefe de la CIA, William Burns.

En el mismo sentido, no es casual que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa y Cosplay, Luis Petri, eligieran las vísperas de un nuevo aniversario del golpe de Estado para anunciar un paquete de leyes que habilitaría a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior “en tareas como patrullaje, control de personas y de vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos”. Además, “sus acciones no van a ser punibles”.

Además, anunciaron una ley “antimafias” según la cual “aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal van a tener una pena, ella no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”. Aunque se plantea como una herramienta en la lucha contra el narco, si esta ley se aprueba las autoridades van a poder perseguir (usando a las Fuerzas Armadas) a todo miembro de cualquier organización que etiqueten como “terrorista”.

Si desde el gobierno se pone el mote de terrorista a todas las víctimas de la represión ilegal en los 70s, cuando secuestraron, torturaron, desaparecieron y asesinaron a estudiantes, docentes, científicos, artistas, militantes de base, curas villeros, dirigentes sindicales y políticos que nunca utilizaron un arma ni ejercieron violencia, ¿Qué garantías existen de que no vayan a hacer lo mismo ahora? Mejor dicho: ¿para qué reescriben la historia si no es para volver a acceder a aquello que estuvo vedado durante cuarenta años?

Sin embargo, por más que quieran pervertir la memoria colectiva, los hechos son, como suele decirse, sagrados. Y es un hecho que la Argentina, hasta marzo de 1976, incluso después de haber pasado dos décadas sin democracia plena, con bombardeos, con fusilamientos, con proscripción, alternando gobiernos militares con gobiernos civiles bajo tutela militar, era un país con menos del cinco por ciento de pobres. Argentina era un país de clase media. Y que cuando terminó la última dictadura, eso ya no existía.

Y también es un hecho que en ningún momento de los 40 años de democracia supimos reconstruir esa matriz productiva, económica y social que nos caracterizaba. Ni siquiera durante los 12 años de kirchnerismo estuvimos cerca. Y no hablo sólo de cuestiones materiales sino también de horizontes de posibilidad que se desprenden de ellas. Sólo un país en el que la enorme mayoría de la población tiene las necesidades básicas satisfechas puede proyectarse hacia el futuro. Argentina es un país con poco pasado y poco futuro.

40 años de deudas sin saldar (hoy, con la democracia, muchos argentinos no comen, ni se curan, ni se educan) fueron el caldo de cultivo que permitió que creciera el monstruo que enfrentamos ahora, parido desde las entrañas de una profunda insatisfacción con el estado de las cosas, materiales y de las otras. Argentina, que después del 45 se había constituido como un país de clase media se convirtió, tras la dictadura, en otro muy distinto, donde se naturalizó que entre un cuarto y cuatro de cada diez argentinos vivan en la pobreza.

Ahora vienen por lo que nos queda. Y si no entendemos esto, va a ser muy difícil evitarlo. La lección que nos dejaron estos 40 valiosísimos años de democracia, la tarea que tienen por delante y que deberán interpretar y ejecutar quienes tomen la posta cuando este experimento horroroso termine, es que si sólo nos conformamos con gestionar lo que deje este gobierno estaremos condenados al fracaso. Que es necesario transformar la realidad con la misma potencia que ellos se proponen cambiarla, pero en sentido contrario.

Ojo: no se trata de caer en la trampa de pararse, una vez más, sobre el pedestal del mito de la refundación. Esa es una trampa que nos condena a volver a empezar una y otra vez la misma tarea. Se trata de reconstruir sobre los cimientos que la Argentina conoce muy bien, porque supo ser un país potente, un país solvente, un país sin pobres. Cuando este experimento termine es imprescindible tener un plan para volver a ser un país sin pobres. Eso, y no otra cosa, es la justicia social.

Si ya interiorizamos que la dictadura no fue una dictadura militar, sino una dictadura militar y empresarial y civil con un fin económico, como se sabía desde el primer día, y como dejó por escrito Walsh en su carta, entonces tenemos que entender que Nunca Más es Nunca Más a la violencia política, Nunca Más al terrorismo de Estado, pero también tiene que ser Nunca Más a vivir en un país que normaliza tener un cuarto, un tercio o la mitad de su población excluida de la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. Nunca Más.

Por Nicolás Lantos / El Destape