El Gobierno nacional celebró en enero el superávit alcanzando de cara a su objetivo de “déficit fiscal cero” en 2024. Sin embargo, tal resultado fue producto de un fuerte recorte del gasto público (jubilaciones, pensiones, asistencia social y alimentaria, obra pública y recursos a provincias) que, más allá de los números de un excel, tiene repercusiones concretas en las condiciones de vida. Al respecto, un informe privado señaló que las consecuencias del ajuste en marcha se sentirán sobre todo en la población de las provincias que más dependen de las transferencias nacionales, así como del consumo de las economías locales, afectado por la recesión: La Rioja, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco y Corrientes, serían así las más expuestas fiscalmente en 2024 mientras que Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe aparecen con una “vulnerabilidad intermedia”. 

En este escenario, la pregunta recurrente es hasta dónde puede sostenerse tal dinámica, dado el rol del gasto público en el crecimiento del producto total, el nivel de actividad y el empleo. De mantenerse inflexible en sus objetivos fiscales, la administración libertaria podría profundizar aún más el ajuste que, al mismo tiempo, genera un impacto cada vez más negativo en los propios ingresos del fisco. Así lo advirtió un documento reciente que destacó que la recaudación tributaria del primer bimestre de 2024 cayó 8,9% real (considerando inflación) debido, principalmente, a la baja en la recaudación de impuestos vinculados a la actividad interna y la Seguridad Social. 

“El efecto del derrumbe de los ingresos vía la brutal devaluación de diciembre y el ajuste fiscal, además de ampliar la escala y la profundidad del sufrimiento social, genera un freno de mano al consumo interno y a la economía que repercutió casi inmediatamente en un desplome cada vez más acelerado de la recaudación que compromete y vuelve insostenible la meta del déficit fiscal cero”, señaló el texto al que accedió este medio.  

Qué puede pasar con el superávit fiscal

“El plan económico del gobierno nacional, basado principalmente en el ajuste fiscal más veloz de la historia económica argentina, comienza a mostrar los límites”, alertó un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que analizó el superávit fiscal logrado en enero y evaluó que “tuvo su principal fundamento en la licuación del gasto público primario pero fue abultado de manera significativa a raíz de ´patear’ compromisos hacia adelante, situación que les permitió mostrar un superávit financiero de $3,6 billones”. A su vez, según este centro de estudios, en febrero se hicieron evidentes las dificultades para sostener la meta de déficit cero del oficialismo, debido a que “se comenzaron a pagar los compromisos postergados (el 65% del gasto que se pagó en febrero corresponde a la deuda flotante de enero) y a una reducción de la recaudación que ya no sólo se trata de licuación por precios sino de una caída en pesos corrientes (-11,3%)”. 

En detalle, la recaudación tributaria cayó 8,9% real interanual en los dos primeros meses del 2024 producto del “desplome de los impuestos vinculados a la actividad interna y al salario” mientras que aumentó la recaudación de los gravámenes vinculados al comercio exterior, pero que no forman parte de la masa coparticipable. Así, los impuestos vinculados a la actividad interna registraron una caída de 18,7% real interanual y la participación de estos tributos sobre el total recaudado se redujo en 6,2 puntos respecto del mismo período del año anterior (de 57,7% a 51,5%). Entre estos tributos, Ganancias e IVA Impositivo registraron una caída real interanual de 46,2% y 14,6%, respectivamente y los recursos del Sistema de Seguridad Social se desplomaron 26%. “La caída de los recursos de este sistema, reflejo de la recesión, la paralización de la obra púbica y la licuación de los salarios reales es generalizada”, evaluaron los economistas C. Lozano, H. Fernández, A. Rameri, entre otros. 

Asimismo agregaron que “la magnitud de la caída real de lo recaudado por el Estado Nacional es la demostración palpable de la inconsistencia del objetivo del déficit cero en un contexto de caída de la actividad económica. El efecto del derrumbe de los ingresos vía la brutal devaluación de diciembre y el ajuste fiscal, además de ampliar la escala y la profundidad del sufrimiento social, genera un freno de mano al consumo interno y a la economía que repercutió casi inmediatamente en un desplome cada vez más acelerado de la recaudación que compromete y vuelve insostenible la meta del déficit fiscal cero”, y puntualizaron que “las provincias, por su parte, están soportando una fuerte pérdida real de recursos recibidos producto del efecto de la caída de la actividad en la recaudación interna. En el mismo sentido, el efecto de la recesión en los puestos de trabajo, la paralización de la obra pública y la licuación real de los ingresos se traduce en una sensible reducción en las contribuciones y aportes sobre el salario que tienen por destino directo el financiamiento del sistema de seguridad social”. 

Las provincias reciben de Nación transferencias fiscales automáticas y discrecionales. Las primeras (reguladas por leyes donde se destaca la coparticipación federal) representaron en 2023 un 88% del total enviado, en tanto que los recursos discrecionales representaron un 12% del total de transferencias en 2023, y dentro de las los gastos corrientes explicaron un 8% del total, y los envíos para gastos de capital un 4% del total, según datos del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). 

 
Cómo impacta el ajuste en cada provincia 
El documento de análisis fiscal del IERAL- Fundación Mediterránea analizó cómo puede impactar la política actual de gasto e ingresos en las diferentes jurisdicciones, según cinco indicadores clave. 

Por un lado la nueva administración nacional anunció desde el inicio de su mandato un recorte de 0,5% del PIB en materia de Transferencias Corrientes a provincias lo que, indicaron los especialistas, representa “una poda del 70% sobre los envíos del año previo”, a lo que hay que sumar “otro recorte de al menos esa proporción para las Transferencias de Capital a provincias”. El fuerte recorte a las transferencias discrecionales ya comenzó en enero de 2024, tanto las corrientes como las de capital, con caídas de prácticamente un 100% para todas las jurisdicciones. Si se analiza por provincia, esos recursos explican un 34% en CABA (incluyen los envíos para financiar el traspaso de la policía federal a esa jurisdicción), 24% en Buenos Aires y 21% en La Rioja. En el otro extremo, explican sólo un 4% en Córdoba y San Juan.

En segundo lugar, se relevó cómo inciden los cambios en el impuesto a las Ganancias vigentes desde fines del 2023. Al respecto, significó “una caída de recursos para las provincias por 0,11% del PIB en 2023 y lo haría por 0,48% del PIB en 2024”. Un tercer punto relacionado, tiene que ver con la recesión actual y sus consecuencias en la caída en la recaudación tanto de Ganancias como de otros impuestos coparticipables: “las provincias más expuestas en este sentido son aquellas cuyos ingresos dependen en mayor medida de las transferencias automáticas de Nación”, destacó el informe y detalló que encabezan la lista Formosa y Corrientes, con 80% de sus ingresos totales, seguidas por Santiago del Estero (77%), La Rioja (76%) y Jujuy, Chaco y Catamarca (74%). En el otro extremo, las menos dependientes de dichos envíos son CABA (10%), Neuquén (22%) y Chubut (40%).

En cuarto lugar, en un contexto económico con elevada inflación y caída de salarios reales que viene desde 2023 y continúa a inicios de 2024, y con las subas en las tarifas de algunos servicios públicos y otros precios relevantes que afectan los presupuestos familiares, se espera que “baje el consumo privado durante buena parte de 2024”. Así, “los recursos tributarios propios tendrán peor desempeño en las provincias con mayor caída en el consumo y la producción, y por ende estarán más expuestos los recursos fiscales de provincias poco exportadoras de bienes”. Por ejemplo, CABA, Formosa, Corrientes, Catamarca y La Rioja, todas con una relación entre exportaciones de bienes su producto local menor al 5%, a contramano de Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz y La Pampa, donde las exportaciones de bienes superan el 20% de la producción. 

En quinto lugar las provincias que tienen bajo ahorro corriente tendrán “poco margen para pagar servicios de la deuda o realizar inversiones, y una merma importante en los recursos puede dificultar pagar el mismo gasto corriente”. En este sentido, las provincias con menor ahorro en el primer semestre de 2023 con relación a sus erogaciones fueron Tierra del Fuego y Río Negro, seguidas por Salta (2,1%), La Rioja (3,6%), Santa Fe (4,7%) y Buenos Aires (5,6%). Relacionado con lo anterior, “aquellas en que el gasto en personal se lleva mayor porción de sus ingresos corrientes, también tendrán poca flexibilidad para enfrentar situaciones de caída de ingresos y stress fiscal”. Aparecen mencionadas en ese sentido Río Negro y Tierra del Fuego, que también deben atender un mayor peso de servicios de deuda. 

Considerando todos esos factores el centro de investigación destacó que las provincias más expuestas fiscalmente en 2024 serían La Rioja, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco y Corrientes. Por su parte, dentro del tercio de provincias con “vulnerabilidad intermedia” se ubicarían algunas provincias pampeanas como Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Finalmente, entre las jurisdicciones menos expuestas estarían La Pampa, CABA y Córdoba.

Por Eugenia Rodríguez / El Destape