Argentina, al mejor postor. Éste podría ser el lema del Gobierno de Javier Milei, que ya no sabe qué vender. Durante la recorrida por París, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que cualquiera que haga un aporte directo al Tesoro por 350 mil dólares podrá gozar de la ciudadanía argentina. Más allá de ponerle precio a la nacionalidad, la iniciativa oficial funciona como un atajo para que cualquier extranjero con unos cuantos dólares en su haber pueda comprar tierras. Lo que Caputo introdujo fue posiblemente un “plan B” por si no salía el fallo de la Corte Suprema, que dio vía libre a la extranjerización del territorio. En el Congreso ya se prepara la resistencia. El peronismo presentó un proyecto para prohibir la venta de la ciudadanía argentina.
Este viernes, antes de emprender la retirada, Caputo presentó el llamado “programa de ciudadanía por inversión” junto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Para acceder a la ciudadanía, hay dos mecanismos: hacer un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por 350 mil dólares o suscribir un título público de 800 mil dólares creado específicamente para este programa.
De acuerdo con la propia admisión del ministro de Economía, los dueños de la idea son los tecnomagnates que necesitan comprar tierras en la Patagonia para poner los datacenters. “Está diseñado para que los empresarios tecnológicos puedan hacer negocios. Para Peter Thiel, de Palantir, no representa ningún esfuerzo poner 350 mil dólares”, sostiene en diálogo con Página/12 el diputado peronista Agustín Rossi, que ya presentó el proyecto para impedir la venta de la ciudadanía argentina.
La diputada Florencia Carignano, extitular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), tildó la iniciativa de Caputo de escandalosa. “Para tener dimensión de lo que promueve el gobierno de Milei, otros países que venden su ciudadanía son San Cristóbal y Nieves, Dominica, Granada, Santa Lucía, Antigua, Vanuatu y Nauru”, advirtió desde redes sociales.
Según describe la propia Arton, es una de las cinco compañías que vienen asesorando al Gobierno argentino en el diseño y la implementación de lo que anunció Caputo. Es parte de un consorcio que se llama AMIGO (Argentina: movilidad por inversión y oportunidades globales).
Detrás del programa de venta de ciudadanía hay una arquitectura que se comenzó a edificar el año pasado. Es la continuidad de lo que empezó con el DNU 366/2025, que reformó la Ley de Migraciones y la Ley de Ciudadanía. El DNU dice que quien realice una inversión considerada relevante por el Ministerio de Economía puede acceder a la ciudadanía. “El DNU 366 no exige residencia. Gente que no vivió ni un día en Argentina puede acceder. No pasa lo mismo con quienes sí residen pero se la niegan por no contar con ciertas condiciones socioeconómicas”, explica Pablo Ceriani Cernadas, director de la especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
“Los inversionistas pueden pagar por la ciudadanía, cosa que no les representa esfuerzo y les brinda beneficios. Los migrantes que quieren acceder necesitan cumplir con un montón de requerimientos pero además se encuentran con una modalidad administrativa a cargo de DNM que hasta hace poco no funcionaba”, añade, por su lado, Gabriela Liguori, de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF).
La iniciativa oficial –con todo el andamiaje que la sustenta– deja en claro que la Argentina en la era Milei transita una reversión de su historia que lo hizo grande, la de ser un país de puertas abiertas a quienes quisieran venir a trabajar y a aportar.
Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el anuncio de Caputo podría ser violatorio del artículo 20 de la Constitución si se achican los dos años de residencia que se exige y si se entiende por “servicio” poner plata mientras no se le exige a los inversores los mismos requisitos que al resto de personas que tramitan la ciudadanía.
Como señala Rossi en el proyecto, tanto la Cámara Civil como la Cámara Nacional Electoral (CNE) fallaron en contra del DNU 366. “El Gobierno ofrece en el mercado internacional un producto cuya base legal fue declarada nula por la justicia argentina”.
Según lo que comunicó el Gobierno, la evaluación de solicitudes quedará en manos de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía. El organismo se creó por el decreto 366 y el 524 –que lo reglamentó–. En el examen intervienen la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y supuestamente el Ministerio del Interior –que actualmente no existe–. La palabra final la tiene la DNM.
Ceriani Cernadas explica también que programas similares se implementaron en otros Estados, como Malta, y distintos organismos internacionales –como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)– emitieron informes muy severos advirtiendo que habían servido para el lavado de dinero. Curiosa iniciativa, en la misma semana en la que el Presidente se jactó de haber expulsado a 30 mil terroristas, haciendo una asociación entre personas que migran y aquellas que cometen delitos gravísimos.
