“La Argentina, en venta” es el eslogan que mejor se adecúa a la situación actual de nuestro país, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habilitó la venta de tierras sin límites a extranjeros al dejar vigente el DNU 70/23.
Al país siguen llegando grandes grupos económicos globales pensando que la Patagonia, un territorio con mucha agua potable y clima adecuado, es muy apta para instalar sus grandes emprendimientos de Inteligencia Artificial; y también arriban empresas extractivistas a otras regiones de la Argentina, buscando los nuevos minerales necesarios para producir los bienes de alta tecnología. A todos ellos el gobierno les dice: bienvenidos, los estábamos esperando y, para asegurarnos de que nos elijan como “la tierra de las oportunidades”, les recordamos que tienen exenciones impositivas muy amplias, entre otros beneficios. En una nota publicada en la semana en The New York Times se dice: “Javier Milei promociona a Argentina como un refugio sin reglas para la IA”.
Siempre volvemos al mismo punto de partida: hay dos modelos contrapuestos. Ambos aparecieron perfectamente descriptos en los discursos en Naciones Unidas del presidente Javier Milei y de su par brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva. Los dos se refirieron a que sus países tienen minerales, tierras raras, recursos de todo tipo. Pero las diferencias son nítidas. Lula, por su lado, afirmó, en el marco de la nueva Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, que “Brasil no va a exportar nada sin valor agregado”. También sostuvo: “ahora queremos explotar aquí y vender el producto terminado aquí, para generar empleos de calidad y desarrollar la producción en Brasil”. Por el contrario, Milei no hizo referencia a ningún intento por generar valor agregado e incluso, en una entrevista concedida a un seminario francés, dijo que “los inversores son bienvenidos si vienen a llenarse los bolsillos en la Argentina”.
Es la diferencia entre un modelo extractivista o primario exportador y otro que privilegia el mercado interno y las políticas de distribución de la riqueza, sin dejar de integrarse a los circuitos de producción global, a través de bienes con alto valor agregado nacional.
En Argentina, es probable que el fallo de la Corte Suprema termine complicando al gobierno: puso en el centro de la agenda el decreto 70/23, cuya derogación había quedado fuera o en los márgenes del debate político. La oposición, encabezada por el Bloque de Unión por la Patria, junto a un arco diverso de otros espacios parlamentarios, confirmó un pedido de sesión para tratar el tema en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo jueves 15 de octubre. Ese día, además, estarán en agenda el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.
La decisión de la Corte produjo una reacción crítica de tal magnitud que obligó al máximo tribunal a difundir pocas horas después un comunicado aclarando su fallo. Básicamente, argumentando que su sentencia es sobre el procedimiento, dejando abierta la puerta para la continuidad de la vía judicial sobre la cuestión de fondo. Da la impresión de que la Corte detectó el estado de ánimo social adverso y, entonces, decidió tomar distancia lo más rápido posible de su propio fallo.
En el Parlamento la iniciativa para tratar el DNU 70/23 ya está en marcha, ahora el desafío es lograr una mayoría legislativa que la apoye. Durante el año pasado el Congreso aprobó diversas leyes impulsadas por la oposición. Son, según Milei, las “leyes golpistas”, las que quisieron “hacer volar el país por los aires”. Luego, ese escenario se modificó: se sancionaron una serie de iniciativas promovidas por el gobierno. A mi juicio, a medida que se acercan los tiempos electorales, las chances de la oposición de crear consensos para sus proyectos van a ir aumentando. La movilización social creciente agrega otro elemento importante a la dinámica política actual y seguramente ayudará a construir esas mayorías.
Es difícil que el fallo haya sido una ocurrencia solo de la Corte. Llama la atención que fue repentino, sin que hubiera reclamos públicos para volver al tema. Quizás fue una exigencia no explicitada del poder económico global y, por lo tanto, un requisito que había que cumplir.
El deterioro económico y social tampoco está ayudando a la actual administración. Hasta el J.P. Morgan, con simpatías indisimulables hacia el gobierno, está diciendo que los números no cierran, que están en problemas. También el FMI ha intervenido en un sentido similar. La directora de Comunicación del organismo, Julie Kozack, aseguró que “existe un reconocimiento compartido entre el FMI y las autoridades argentinas respecto a dos aspectos del crecimiento. Por un lado, la necesidad de continuar trabajando para fortalecer la resiliencia del país; y, por otro, la importancia de lograr que el crecimiento, que hasta ahora se concentró mayoritariamente en los sectores energético, minero y agrícola, se amplíe y se distribuya de manera más equitativa entre los distintos sectores de la economía y entre los trabajadores”. ¿Qué está diciendo el organismo internacional? Que, según ellos, está bien crecer en esos tres sectores, pero que no alcanza. Es probable que al mismo Fondo le parezca excesivo el planteo que hace el gobierno cuando afirma que su interés está en unos pocos sectores y que se desentiende del resto de la economía.
Como ya dijimos, las políticas públicas vigentes han puesto en venta a la Argentina. Les dicen a los grandes poderes económicos globales: “vengan a nuestro país que acá no encontrarán ningún límite”. No es lo que pasa en el mundo. En diversos Estados se debaten distintas regulaciones para poner límites a la Inteligencia Artificial, al uso de las redes sociales y al desarrollo de las plataformas globales, y se discuten proyectos de impuestos a las grandes fortunas. Organizaciones internacionales como la UNESCO han elaborado directrices para regular las plataformas digitales, entre otras contribuciones.
El presidente Javier Milei dijo en París, en el marco del “Argentina Week”, que un triunfo electoral en 2027 despejaría la incertidumbre política y que 2028 sería “el mejor año de la historia”. Como siempre, sitúa el bienestar en un futuro, que nunca llega, mientras el presente es de continuo sufrimiento para las mayorías. La oposición tiene una gran oportunidad: construir la relación de fuerzas que le permita llevar adelante las transformaciones en sentido contrario al modelo actual. Se trata de volver a instalar otro proyecto de país y de que la ciudadanía mayoritariamente lo apoye.
Por Carlos Heller * Presidente del Partido Solidario / P12
