El presidente Javier Milei analiza declarar a la educación como servicio esencial en los próximos días, lo que impediría que los maestros realizaran un paro total en el comienzo de las clases, la semana que viene. Pese a que desde la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano habían adelantado que convocarían a una paritaria docente nacional, más tarde el mandatario lo desmintió y afirmó que "depende de cada provincia". Por eso, crece el temor en el Gobierno de que se complique el inicio del año lectivo.

Idas y vueltas de un Gobierno que amenaza y se contradice

"¿La educación de quién depende? Es un problema que tiene que resolver las provincias, ¿qué tengo que hacer yo como Nación metiéndome? Es un problema que tienen que arreglar las provincias. La educación, la seguridad y la salud es responsabilidad de las provincias", afirmó Milei el viernes a Radio Rivadavia al ser consultado sobre este punto.

Luego de la desmentida del mandatario, desde Educación dieron marcha atrás y aclararon a El Destape que las paritarias "son provinciales" y que utilizar este término "en el caso de los docentes no es correcto". "La Nación establece el piso", agregaron. 

En verdad, pese a que el pago a los docentes de escuela pública es responsabilidad de cada provincia, la paritaria nacional docente está fijada en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (Nº 26.075) de 2005, el cual establece que el Ministerio de Educación (hoy secretaría) y "entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente". 

Luego de haber sido eliminada por Mauricio Macri en 2018, la paritaria nacional docente fue restablecida por un decreto de Alberto Fernández en enero de 2020 y se mantuvo desde entonces. Así, tradicionalmente, ha servido como un piso de referencia a partir del cual, luego, cada provincia fija su propio salario para el sector.

Las idas y vueltas del Gobierno sobre este punto aumentaron la tensión con los gremios de maestros que el viernes a la tarde, a solo diez días del año lectivo, alertaron que seguían sin ser convocados oficialmente. "El Gobierno se maneja muy mediáticamente pero no tenemos ninguna convocatoria formal. Nos tienen que convocar. Surgieron versiones, pero no lo tenemos confirmado. Ojalá nos convoquen, haya paritarias y se envíen fondos a las provincias que corresponden", había advertido el viernes la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, el mismo día que el Ejecutivo de Milei sí decidió convocar a los trabajadores estatales para una primera reunión paritaria este lunes a las 15. 

Otra vez un DNU como estrategia para esquivar el diálogo

Ante este escenario, ahora el Gobierno busca impedir que los docentes puedan realizar un paro total de actividades apenas iniciado el ciclo lectivo 2024. La herramienta en evaluación es la declaración de la educación como servicio esencial, lo que implicaría que esta actividad deba siempre brindar una prestación mínima, incluso durante una huelga.

En rigor, esta misma medida ya había sido establecida en el mega DNU 70/2023 en diciembre pasado (en el inciso F que, mediante el artículo 97 del decreto, modificó la Ley N° 25.877). Sin embargo, quedó incluido en el capítulo laboral (Título IV) que fue suspendido poco después en la Justicia ante un recurso de amparo presentado por la CGT y la CTA.

Por ello, fuentes de la Casa Rosada afirmaron a El Destape que se encuentra en análisis volver a declarar a la educación como servicio esencial "en los próximos días". La alternativa que se baraja es volver a hacerlo por un nuevo decreto de Milei.

Pese a la incongruencia de dictar un decreto sobre una materia ya establecida por otro decreto previo suspendido por la Justicia, la estrategia oficial no se vería afectada. Se trata de garantizarse la vigencia del nuevo DNU al menos durante los primeros días de clases, que suelen arrastrar mayor conflictividad, antes de una segura judicialización que, eventualmente, suspenda la misma medida por segunda vez en dos meses.

Por Javier Slucki / El Destape