Las políticas económicas que adoptó el nuevo gobierno atentan contra el poder recaudador del Estado. A esto se sumará una presión del sector agro exportador que, con la vuelta de la sequía, esperan una nueva devaluación que les permita mejorar su situación. Así lo advierten productores autoconvocados de Pergamino. “Si no llegan a devaluar más, el número es nefasto para la producción del campo”, dice Román Gutiérrez en diálogo con El Cohete a la Luna, y describe la recesión que afecta al sector. Parece que las mieles de Milei no han llegado. 

Gutiérrez, autoconvocado independiente —de todo lo que sea peronismo—, fue precandidato a concejal en el noveno lugar por Juntos, en 2021. El productor agrícola, ganadero y comerciante de Pergamino fue procesado por el delito de incitación a la violencia pública, tras publicar, el 27 de agosto de 2022, un video desde su cuenta en Twitter, llamando a fusilar a Cristina Fernández de Kirchner. 

Una nueva devaluación, al igual que el propio ajuste, terminará dañando el mercado interno: ingresos pulverizados y recesión, que llevarán a menor recaudación. Como un león que se corre la cola, si Milei aplica una nueva devaluación dificultará el pago de intereses de la deuda. Son sus propias políticas económicas las que lo irán devorando. La presión de los sectores agro-exportadores en busca de un dólar que les permita mayor ganancia irá en aumento. Si promovió el proyecto de Ley Ómnibus que envió al Congreso, que como calificó el gobernador Kicillof era “la carta a Papá Noel de los grupos económicos”, cómo no va a ceder ante una nueva presión devaluatoria.

La red nacional de productores auto-convocados que surgió al calor de las movilizaciones de 2008, le reclama a Javier Milei terminar con los diferentes tipos de cambio. Se contentaron con la devaluación que llevó al dólar oficial de 360 pesos a 800 y con la posibilidad de liquidar el 20% de las exportaciones a precio dólar contado con liquidación. Pero la brecha crece y el dólar oficial a ellos no les conviene, moviéndose alrededor de un 2% mensual, mientras el dólar libre mantiene una diferencia mucho mayor y es el que impacta en los insumos agropecuarios.

 El relincho autoconvocado de ayer contra el peronismo es el silencio de hoy ante un león que está pensando en no respetar la Constitución.

Cristina Boubee es productora ganadera. Cría y hace cruzas de raza Hereford con Aberdeen Angus. Su producción está ubicada en las sierras de Azul, provincia de Buenos Aires. Logró muy buenos resultados con esa cruza y también con el engorde. En diálogo con El Cohete, habla de “lo explosivo” que fue para los productores el aumento de la carne. Pero ella advertía que iba a generar una caída del consumo, que fue lo que sucedió. Propone “liberar todo”, que exista un único tipo de cambio.

Boubee supo acompañar en los cortes de rutas de 2008 al gaucho de los ricos, el ahora senador Alfredo de Angeli, enfrentando al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo la osadía de aplicar retenciones móviles. Fue durante muchos años arrendataria de tierras que el Estado nacional tiene en Azul. Cuando se llevó adelante en el Concejo Deliberante la votación por la tasa de servicios esenciales, donde productores se manifestaron, fue quien llegó con una camioneta y un batán tirando cabezas de vacas, huesos y hasta un peludo que arrojaron al fuego.

El nivel de rindes, debido a la sequía, es también su preocupación. “Creo que la soja de segunda en la zona donde estoy (Azul), y te diría que en Tandil también, está perdida o con rendimientos muy bajos”, dice Boubee. Reitera la importancia de tener “una estabilidad cambiaria”. Y no le parece nada mal la dolarización, que fue aquella promesa de campaña de Milei incumplida. Su razón es porque está “harta de que todo sea un negocio a través del dólar”. De lograrse un tipo de cambio unificado, cree que debería fluctuar entre los 1.200 y 1.300 pesos.

El impacto para el productor ganadero es en los insumos, por su costo a dólar libre, que los perjudica. Así lo expresa Cristina Boubee, admitiendo que están mejor que hace dos o tres meses, pero no como esperaban. Todavía no ha llegado la libertad deseada, porque, según evalúa, el gobierno sigue siendo estatista, por más que Milei sea un liberal. “Fijate lo que pasó ahora, se dio vuelta otra vez todo lo del Congreso”, dice con pena. “Estamos estancados en el medio de una laguna sin agua”, asegura. 

Los frigoríficos han sido beneficiados por la política de Milei, pudiendo exportar cortes que estaban prohibidos, por ejemplo, cortes de vacas gordas a China. Una vez que finalizó la vigencia del Decreto 911/2021, establecido por el gobierno de Alberto Fernández, que prohibía la exportación de ciertos cortes de carne bovina (asado, vacío, falda, matambre, tapa de asado, nalga y paleta), el gobierno de Milei habilitó exportar esos cortes populares. La regulación estatal que Milei descartó era el método de defensa de la mesa de los argentinos, que ahora ven que la carne se hace cada vez más difícil de incorporar a su canasta. Azul Natural Beef-Devesa es el frigorífico de Azul, líder en exportación de carne de alta calidad. Se estima —según una fuente de la zona— que está exportando un 20% más.

Otro caso es el del frigorífico Arre Beef, ubicado en la localidad bonaerense de Pérez Millán, del partido de Ramallo. Una empresa familiar de capital nacional que logró una posición en el mercado mundial con notables ganancias. Hugo Borrel, dueño del frigorífico, en conversación con El Cohete, califica de favorable la decisión de “que se permita exportar los siete cortes”.

Borrel asegura “que no son muy buenos los precios internacionales en este momento”. En realidad, los califica de “malísimos”.  Y agrega: “Hoy no hay negocio bueno por precio, sino por volumen”. Lo que demuestra que quienes tienen la vaca gorda de ganancias, también se hacen lugar para lamentos.

Como empresario, Borrel demostró su cara bondadosa cuando en la crisis de 2001 supo pagar las tasas municipales a través de bonos cárnicos, que eran con los que el municipio les pagaba a la vez a sus empleados, en tiempos donde gobernó el distrito el intendente radical Roberto Filpo.

En enero de 2001, los trabajadores del frigorífico Arre Beef cobraban los planes Trabajar, llamados en ese momento planes Barrios Bonaerenses (de 200 y 160 pesos). El frigorífico faenaba en esa época entre 14.000 y 15.000 cabezas de exportación por mes. Si bien existía el decreto 448/2001 por el cual se subsidiaba a los frigoríficos por el desfavorecimiento de la fiebre aftosa, esa norma era del 20 de abril de 2001 y los planes Barrios Bonaerenses —netamente para desocupados— los cobraban desde enero, según constaba en el recibo salarial del denunciante Raúl Barreto.

El frigorífico sostenía el empleo con aportes del Estado, con planes para desocupados. Hasta un gerente y la sobrina de Borrel lo recibían. Aunque cuando el frigorífico paraba su producción, porque su labor no era total, los trabajadores no recibían el plan de asistencia a desocupados. En mayo de 2002, Hugo Borrel manifestó que todo había sido gestionado por la Federación de la Carne y el sindicato, que en épocas donde el riesgo empresarial debía asumirse para solventar la crisis se mantuvo oculto. Así fue que buscó y obtuvo el auxilio del Estado.

“Todo lo que sea Estado libre es bueno”, dice Borrell, que se siente entusiasta con la libertad. Pero cuando el mercado interno se resienta aún más debido a la quita de subsidios, tarifazos, y la propia producción frigorífica encuentre suba de costos y recesión, verá que la libertad no alcanza, porque un Estado que desregula, se retira y deja librado al mercado como único actor de la economía, es promotor de una balanza desequilibrada que impactará en mayor o menor medida a todos. El león no vino a abrir la jaula, sino que desea obligar a todos a que entren en ella para devorarlos.

 

 Por Fernando Letrilles