«Un mayor ajuste para la política, la Nación y las provincias», anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de cumplir la meta auto impuesta de déficit cero en las cuentas públicas. Lo hizo al anunciar que se retirará el capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus y explicar que se mantendrán en la iniciativa enviada al Congreso las propuestas de cambios estructurales.

«El esfuerzo va a dar sus frutos», agregó Caputo, luego de precisar que lo retirado del proyecto incluye lo referido a la suba de retenciones a la exportación, el cambio en la fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios, el blanqueo de capitales, la baja en alícuotas del impuesto a los Bienes Personales y la moratoria impositiva. También se desistirá momentáneamente del proyecto de suba del impuesto a las Ganancias.

La decisión oficial llega luego de que esta semana se hiciera patente el amplio rechazo al proyecto de ley ómnibus, como demostró la contundente expresión callejera durante el paro y la masiva movilización convocada por organizaciones sindicales y sociales.
También se conocieron reparos de gobiernos provinciales por los recortes de recursos y la desmejora de condiciones para las economías regionales, según contempla la iniciativa oficial.

La respuesta desde la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda no pudo ser más confrontativa y consistió en amenazas, ahora ratificadas, de fuertes tijeretazos en las partidas correspondientes a las jurisdicciones del interior del país, como vía para equilibrar ingresos y gastos.

El ministro de Economía confirmó lo adelantado días atrás: que está en estudio el plan «para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente», para alcanzar el déficit fiscal cero, tal como se prometió al Fondo Monetario.

Junto con el mega ajuste perseguido, el giro que el Gobierno nacional pretende poner en marcha es de tal magnitud y afecta el funcionamiento de tantas áreas que no puede menos que generar inquietud generalizada.
Véase, por ejemplo, uno de los puntos más polémicos de la iniciativa: el que establece la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo. Si bien el plazo solicitado bajó a un año con posible extensión a otro (en vez de los cuatro años previstos en el texto original), está a la vista que se busca conceder superpoderes al presidente, en desmedro de la función que debe cumplir el Parlamento, según establece la Constitución.

Se atenta así contra el propio funcionamiento de la democracia y se altera la división de poderes, al desvirtuar el rol de los representantes de la ciudadanía, que tienen el mandato de legislar en los más diversos aspectos.

En esa situación el jefe de Estado tendría las manos libres para revertir muchas de las modificaciones que se introdujeron en el texto primigenio, ante las múltiples demandas sectoriales y de la «oposición dialoguista».
La libertad conseguida con los superpoderes permitirá asimismo al Poder Ejecutivo disponer nuevos recortes de gastos para evitar el rojo en las cuentas públicas, al que Caputo definió como «el principal problema del país en los últimos cien años».
En cualquier caso, la multiplicidad de reacciones de los últimos días, incluidas las numerosas disidencias de diputados que pusieron su firma en el dictamen de mayoría, obedecen al tono regresivo de las modificaciones propuestas en el proyecto ómnibus.

Genera también inquietud la intención de privatizar total o parcialmente unas 40 empresas estatales (solo se excluyó a YPF), cuando no es sostenible el argumento de su relevancia en lo que hace al gasto público.
La realidad es que, habida cuenta de experiencias previas, los eventuales traspasos de compañías públicas podrían derivar hacia un contexto de encarecimiento de los servicios que prestan: lo que podría ser rentable para sus nuevos accionistas, pero terminaría por provocar un impacto negativo en el conjunto de la economía.

Tampoco parece ser, frente a los retos que impone la atención de urgencias sociales fuertemente agravadas por la devaluación del peso y el salto inflacionario, el momento de desconocer la importancia de la rentabilidad social que generan estas empresas públicas.
En suma, la inflexibilidad de los funcionarios traduce su defensa de un modelo que se busca instalar pese a que demostró su fracaso en años anteriores, ya que solo satisface las necesidades de grupos minoritarios, en desmedro de las urgencias del grueso de la población. 

 

Por Carlos Heller / Acción