En menos de 24 horas, el Poder Judicial clausuró dos causas sobre episodios de espionaje ilegal durante la administración Cambiemos. Un fallo de la Corte benefició directamente a Mauricio Macri, que podrá festejar sus logros judiciales junto con su creciente influencia en el Gabinete de Javier Milei. “Está claro que está en pleno funcionamiento la lavandería de Macri en la justicia”, denuncia el exdiputado Leopoldo Moreau, que presidió la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) que investigó lo sucedido durante el macrismo.
En septiembre de 2020, la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció que había encontrado los partes que daban cuenta de los seguimientos a las familias. La investigación avanzó en Mar del Plata y luego se mudó a Dolores, donde en diciembre de 2021 el juez Martín Bava procesó al expresidente.
El 1 de febrero de 2022, Bava remitió todos los expedientes a Julián Ercolini. El 15 de julio de ese año, la Cámara Federal de Comodoro Py asestó el golpe de gracia a la causa del ARA San Juan y sobreseyó a Macri. Según los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, las tareas de la AFI sobre los familiares existieron, pero estaban justificadas.
Carreras insistió porque los supremos no habían revisado el fondo de la cuestión, sino que habían usado un formalismo para evitar analizar el tema. Sin embargo, en el acuerdo del jueves, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti volvieron a cerrar la puerta. “Que el pedido de reposición de lo resuelto por el tribunal resulta improcedente pues las sentencias definitivas no son –como regla– susceptibles de ser modificadas por la vía intentada (...) sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina”, escribieron. La resolución que favoreció a Macri se firmó el mismo día en que los cortesanos confirmaron el monto del decomiso contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
El 26 de abril pasado, Carreras presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el rechazo del Poder Judicial argentino de investigar un caso de vigilancia sobre familias que lo único que querían era saber qué había pasado con los tripulantes del ARA San Juan.
“Esperemos que todas las mujeres –esposas, madres y hermanas– sean oídas en ese foro internacional. Durante un año fueron víctimas de tareas de inteligencia y luego fueron victimizadas por el Poder Judicial a través de la justificación del espionaje que liberó a Macri y a sus adláteres. En Argentina, no tuvieron justicia; por el contrario, tanta impunidad nos expone a convalidar la intromisión ilegal contra cualquier ciudadano que sea percibido como peligroso por el gobierno de turno”, sostiene Carreras.
El juez Alejo Ramos Padilla detectó la existencia del Proyecto AMBA mientras investigaba a D’Alessio, que solía frecuentar la base Ezeiza. En septiembre de 2020, dispuso formar un nuevo sumario para investigar a las máximas autoridades de la AFI porque entendía que estaba ante un caso de espionaje con fines políticos. De hecho, reunió documentación que daba cuenta de vigilancia sobre sindicatos, comedores populares, actividades por Santiago Maldonado o actos de campaña de CFK. Ramos Padilla incluso halló los documentos que presentó un espía ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) tras haberse caído del techo mientras colocaba cámaras y micrófonos para grabar la reunión de un movimiento social.
En este caso, la Cámara Federal porteña puso en duda el origen de la documentación y dictó faltas de mérito para Gustavo Arribas –extitular de la AFI– y otros 27 imputados. Ercolini, tras un pedido de la fiscala Alejandra Mángano, dictó los sobreseimientos. El argumento central fue que la suerte de la causa del Proyecto AMBA había quedado atada a la del ARA San Juan y allí la Casación había dicho que no había delito. En la resolución, se usa un eufemismo más elegante: “irrelevancia jurídico penal para las conductas bajo investigación”.
Las causas por espionaje estuvieron activas mientras tramitaron en jurisdicciones ajenas a Comodoro Py: Dolores, Lomas de Zamora o La Plata. Tan pronto como llegaron a los tribunales de Retiro, los expedientes se fueron cerrando o dejaron de tener avances.
La Cámara Federal encontró distintos argumentos para ir cortando las pesquisas. En el caso de los espías Súper Mario Bros –que ellos mismos reconocían haber hecho vigilancias por razones políticas–, los camaristas validaron la teoría del “cuentapropismo”: no seguían órdenes, sino que supuestamente buscaban información para extorsionar. En el caso del ARA San Juan, la vigilancia estaba justificada por razones de seguridad nacional o seguridad del Presidente.
En el caso de la llamada Gestapo antisindical, Llorens y Bertuzzi hablaron de deficiencias probatorias para anular los procesamientos que había dictado el juez Ernesto Kreplak en La Plata después de que apareciera el video de una reunión en la que jefes de la AFI concertaban con funcionarios bonaerenses y empresarios cómo impulsar causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina –de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)– y terminar con su detención.
El rol que jugó la Cámara Federal al cortar las causas de espionaje del macrismo muestra por qué a Milei le interesa tanto intervenir en el tribunal de apelaciones de Comodoro Py. En el Gobierno dicen que esta semana podrían enviarse los pliegos para cubrir los lugares que ocupan Bruglia y Bertuzzi, trasladados por Macri a la Cámara. Bertuzzi podría quedarse, aunque todavía no está definido. El juez Pablo Yadarola, del fuero penal económico, suena como el candidato más firme a reemplazar a Bruglia.
“En la CBI juntamos pruebas hasta el hartazgo del espionaje y las remitimos a los jueces y fiscales que intervinieron, pero el único interés del Poder Judicial es proteger a Macri. Sus integrantes firman fallos destinados a encubrir delitos. Además de ser arbitrarios, son sumamente peligrosos porque abren el camino a la justificación de la vigilancia ilegal sobre cualquier ciudadano”, advierte Moreau.
