Se abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT). La central obrera, junto a la CTA y la CTA Autónoma, reclamó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el intento de reforma laboral dispuesta por DNU y por la posterior imposición de una multa por $40.500.000 para costear el operativo de seguridad desplegado en la marcha del pasado 27 de diciembre.

La imposición de multa a los manifestantes forma parte del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich, quien explicó que se les enviará la factura "a las organizaciones o individuos responsables" por los costos de los operativos, ya que "el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad". En ese marco, señaló que "las organizaciones que tengan personería o los individuos que la tengan, deberán hacerse cargo". El pasado jueves, el Gobierno también estableció otro castigo económico a aquellos trabajadores estatales que lleven adelante actividades sindicales: descontará la jornada laboral del salario a los empleados que participen del paro nacional del 24 de enero.

En ese marco, y tras recibir la queja de las centrales obreras argentinas, la OIT emitió un comunicado en donde informa que el Director General de la organización, el togolés Gilbert Houngbo, se puso en contacto con el Gobierno nacional solicitando explicaciones por "los flagrantes alegatos de violaciones a la libertad sindical y a los convenios internacionales".

La respuesta de la CGT: "El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado"

"El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado" se titula el comunicado que emitió la CGT luego de recibir una factura por los costos del operativo de seguridad. Allí considera que "es una nueva provocación del Poder Ejecutivo" la intimación iniciada por la cartera de seguridad.

"Este es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país", consideró la central obrera.

Asimismo, y en el marco de la decena de gremios que repudiaron la recepción de las intimaciones, apuntan en el comunicado contra "la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento". Finalmente, subrayan que la CGT "no representa los intereses de 'una casta', sin los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país".

El Gobierno presentó ante la Justicia un informe en defensa de la reforma laboral del DNU

El Ejecutivo presentó en la tarde del viernes el informe con el que solicitó que sea rechazada la acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual pretende que se declare la invalidez del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, tal como informaron fuentes judiciales. Una vez que el Ministerio Público Fiscal emita su opinión, y tras analizar la admisibilidad del planteo en cuestión, la justicia laboral estará en condiciones de dictar sentencia.

"Solo persigue ni más ni menos que reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial", se sostuvo en el informe del Estado Nacional.

En el texto de más de 90 páginas se señaló que las reformas laborales, en general, "consisten en dinamizar el crecimiento del empleo, formalizar el trabajo no registrado, promover la inserción laboral de colectivos de personas que presentan obstáculos para acceder al mercado de trabajo, incrementar el poder adquisitivo de los salarios e impulsar la participación de la población en el ámbito laboral".

No obstante, se aclaró que "en la Argentina contemporánea, las problemáticas habitualmente mencionadas para justificar las reformas no se verifican en su totalidad, a pesar de que es evidente que los déficits estructurales de trabajo decente son más que significativos". "Esto significa que es necesario realizar un trabajo de selección de los indicadores (y las problemáticas) que formaran parte de los fundamentos de la política de reforma, con el propósito de evitar errores y falacias de diagnóstico", según se sostuvo en el informe.

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