Un grupo de enmascarados interrumpe la transmisión en vivo del canal Televisión Guayaquil. Llevan armas con el logo de las Fuerzas Armadas de Perú. Le ponen una pistola en la cabeza al conductor del programa y una granada en uno de sus bolsillos. Se presentan como miembros de los Tiguerones, una de las bandas narco que, a pesar de las internas, se unieron para rechazar el decreto de excepción del presidente Daniel Noboa. En pocos minutos les atan las manos a los trabajadores y trabajadoras del canal y los tiran al piso. Los patean y los amenazan. La guerra está declarada. 

 
 
La guerra, que se presentó con toda su crueldad en la toma de un canal de televisión, de hospitales, de la Universidad de Guayaquil, en el secuestro de siete policías en Quevedo, Machala y Quito y en la explosión de autos y disparos en la calle, había empezado en las cárceles. Como respuesta a los motines y, principalmente, a la fuga de una cárcel guayaquileña de Adolfo “Fito” Macias, uno de los criminales más poderosos del país, el presidente ecuatoriano decretó el estado de excepción y ordenó la movilización de la Fuerzas Armadas.

La fuga del jefe de los Choneros, una banda que mantiene vínculos con el Cártel de Sinaloa, como la de ayer del supuesto jefe de Los Lobos Fabricio Colón Pico de una prisión de Riobamba da cuenta de un poder de movilización de bandas narcos y adherentes en todo el país. Días atrás manifestantes a favor de Colón habían exigido frente a la prisión que no lo trasladaran. 

Los Choneros mostraron su poder en Guayaquil y Los Lobos -quienes están asociados a Los Tiguerones y mantienen nexos con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG)- en la Sierra. 

Durante horas existió la sensación de que se desvanecía el poder del Estado. Un despliegue a cielo abierto de su impericia: nadie escapa de una cárcel sin acuerdos con las fuerzas de seguridad, nadie toma canales de TV y hospitales, secuestra policías y amenaza a los estudiantes de una universidad sino considera que tiene tanto poder o más para enfrentarse al Estado. 

 
 
Hace tiempo que las bandas narco ecuatorianas se enfrentan al Estado. Aprovecharon y crecieron con la desinstitucionalización del aparato de seguridad y del sistema penitenciario que inició el gobierno de Lenin Moreno y continúo Guillermo Lasso. Se fortalecieron con la posición estratégica de un país limítrofe con grandes productores de coca, como Colombia y Perú, un gran litoral marítimo para mover cocaína para los carteles mexicanos y con una dolarización que les permite hacerse de billetes estadounidenses sin pisar suelo norteamericano. A la vez, lograron acuerdos con parte de las fuerzas militares, de seguridad y del Poder Judicial que les permitieron controlar cárceles y organizar delitos y fugas.

En su proceso de consolidación con diversos actores institucionales sumaron a sus filas miles de adherentes, en su mayoría son jóvenes pobres y altamente precarizados. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indica en el tercer trimestre de 2023 que el 24.1% de los jóvenes entre 18 y 29 años no trabajan ni estudian, una situación que se incrementa en las áreas urbanas (26.3%). Ese dato inicial de “ni ni” aumenta en el caso de las mujeres (36.9%), de los afroecuatorianos (35.5%) y de los montubios (27.5%), un pueblo mestizo de origen campesino. Estos indicadores se inscriben en un aumento de la pobreza y de la extrema pobreza de 27 y el 10.8 por ciento con respecto al año anterior. 

Las bandas narcocriminales tomaron el espacio público de manera organizada más allá de las cárceles y establecieron una narrativa del desafío a la estatalidad ecuatoriana. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 8 de agosto de 2023 dio cuenta de este “salto”: de las masacres carcelarias, en las que fueron asesinados más de 400 reclusos, al asesinato de dirigentes políticos. 

Si bien el asesinato Villavicencio fue reconocido por Los Lobos, el candidato también había recibido amenazas de Los Choneros. En parte, hay entre estos actores un cierto temor a la bukelización de la política ecuatoriana o al robustecimiento de las capacidades estatales.

Las bandas criminales desafían al Estado y lo hacen también entre ellas para mostrar capacidad de fuego y eficacia ante sus socios mexicanos y globales. Como parte de los circuitos de empoderamiento de las empresas en la globalización las bandas criminales actuales hijas del hiper capitalismo financiero han usufructuado todas las desregulaciones estatales y regionales para mover y aceitar sus negocios. 

 
 
Inclusive, como el mercado manda diversificaron sus inversiones (es interesante observar la relación de estas bandas con la minería). No existe estudio acerca de la globalización que no indique que tanto las corporaciones lícitas e ilícitas asumieron poder y velocidades de acción mayores que algunos estados. Ecuador no está por fuera de esto.

En los ‘80 los corleoneses sicilianos iniciaron una guerra contra el Estado italiano. Eran las mafias que transitaban por los instrumentos y regulaciones que ofrecía el Estado de Bienestar europeo, aprovechaban sus posibilidades y resistían sus límites. La guerra, iniciada por Salvatore “Totó” Riina, era de una mafia violenta pero en el marco de otra estatalidad diferente a la actual. 

Toda mafia es el Estado y el sistema político que habita y disputa. Con la globalización la criminalidad narco se transforma en trasnacional poniendo en apuros al propio Estado y a los bloques de integración que éstos diseñan. Los Choneros, Los Tiguerones y Los Lobos, y otras bandas, no se parecen a la Cosa Nostra de los corleoneses. Son productos ecuatorianos de un capítulo de negocios trasnacionales. Pueden acumular más poder y dinero que los propios Estados y prometer expectativas de ascenso social mucho más rápido que cualquier institución pública o privada.  

Los libros Zero Zero Zero, de Roberto Saviano, y Mafia Global, de Rocco Carbone, dan cuenta in extenso sobre este proceso. Pero la espectacularidad de la violencia narco latinoamericana no se compara con la actualidad italiana. Los herederos sicilianos de Totó Riina y los n´dranghetistas calabreses han disminuido drásticamente el número de homicidios y la violencia se hace menos visible. Son dos formas “estéticas” y violentas de disputar el -y con- Estado. 

 
La ciudadanía, después del gran desafío narco, está encerrada. Esperando que algo suceda y, sobre todo, que el Estado no termine doblegado por las bandas criminales que ayer demostraron todo su poder. Para la analista política Paulina Recalde esta guerra no tiene visos de resolverse pronto. Ya que insiste que en esta situación el Estado se jugara su capacidad de provocar obediencia de sectores de las fuerzas armadas y de seguridad que tienen acuerdo con estas bandas. ¿Podrán doblegarlos? El estado de excepción y declaración de conflicto armado interno intenta romper cualquier intento de negociación, como se había realizado tiempo atrás. El Estado, en parte, se juega su reputación.

Los interrogantes sociológicos y politológicos se vuelven recurrentes cuando se observa el final del gobierno de Rafael Correa. Para el año 2017 en Ecuador existía una tasa de homicidios de 5.8 cada 100 mil habitantes; hoy la cifra es de más de 42. En ese entonces era considerado el segundo país más seguro de América Latina. Siete años después integra la lista de los países más peligrosos. 

La parlamentaria Veronica Arias Fernandez da algunas pistas para entender esta situación: “Es importante considerar el desmantelamiento del Estado y todas la instituciones  vinculadas a la seguridad por parte de los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso. A diferencia de estos mandatarios, el Gobierno de Correa no solo redujo sustancialmente la inequidad y la delincuencia, sino que aumentó considerablemente el presupuesto para las fuerzas de seguridad. Lenin y Lasso atacaron las instituciones de seguridad. Se desmantelaron ministerios relacionados con la dirección policial y con la coordinación interministerial de Seguridad establecida por Correa. Se disminuyó el presupuesto para los y las integrantes de la fuerza pública. El crimen organizado y la mafia se fortalecieron en las cárceles porque dejaron de controlarse. Se desafectaron radares y escáners. Las bandas se infiltraron en el Estado y en diversas instituciones. Además, una situación no menor a considerar, es el aumentó de la cantidad de adherentes a estas bandas por un incremento de la pobreza y la crisis de una economía que no logró recuperarse de la pandemia”.

El presidente Daniel Noboa recibió el apoyo de partidos opositores como Revolución Ciudadana para contrarrestar a las bandas criminales. Más allá de sus propuestas su plan de seguridad parece poco “sustentable” y precario. Sobre todo, la participación de Fuerzas Armadas poco entrenadas en las guerras narco. Más allá de la propuesta presidencial de construir una mega cárcel, el propio Nayib Bukele reconoció que la política anti mara “no es soplar y hacer botellas” (X, 9/01/2024). 

 
 
Más allá de los enfrentamientos, el presidente piensa en las próximas elecciones y en su reelección. Noboa debe completar el periodo que le restaba al presidente Lasso, que renunció ante un posible juicio político por malversación de fondos públicos. En agosto se abren las inscripciones de candidaturas para el periodo 2025-2029. Estabilizar el país sería un gran pasaporte para continuar en el Palacio de Carondelet. 

El presidente convocó a un referéndum sobre 11 puntos vinculados al tema inseguridad que podrían ser tratados, en su mayoría, en el ámbito de la Asamblea Nacional. El referéndum es un termómetro para mostrar apoyo a su figura y empoderarse para futuras acciones. Para el correísmo también se abre un nuevo escenario ante la crisis. Es posible una bukelización del oficialismo (decidida o precaria) y otros partidos conservadores o un continuo de la crisis con menores niveles de violencia. Si bien el reforzamiento de las capacidades estatales y soberanas es parte de la tradición política del correísmo, éste se encontrará ante el desafío de discutir las políticas de un gobierno que en principio, desde una propuesta conservadora, plantea una política de gran intervención estatal. El resultado de las elecciones 2025 parece que puede empezar a jugarse en esta crisis.

Por Esteban De Gori / Anfibia