Las principales empresas del sector de los hidrocarburos que operan en el país estimaron que para 2030 las exportaciones de petróleo y gas llegarán a u$s29.000 millones, lo que implicará que para fin de la década el superávit comercial sectorial se incrementará a u$s25.000 millones.

Según un minucioso informe presentado por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) en la Expo AOG 2023 organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) en La Rural, para llegar a esas cifras siderales la producción total de petróleo debería trepar a 1,45 millones de barriles de crudo y la de gas a 226 millones de metros cúbicos diarios. Para lograr esos números, se necesitarán inversiones por unos u$s15.000 millones promedio anuales hasta el 2030, lo que significaría casi el 28% de las inversiones del conjunto de la economía argentina del 2022.

"Argentina lo que tiene que lograr para alcanzar esos niveles de producción es triplicar los niveles de inversión a lo largo de la próxima década. Para hacerlo se requiere un conjunto de normas que ordenen centralmente los precios en el sector y que den claramente una señal de precio y de alineamiento de los precios locales con los vigentes en el mercado internacional", definió Nicolás Arceo, consultor especializado y autor del trabajo estadístico para la CEPH.

En diálogo Ámbito, Arceo advirtió que hoy el crudo local se paga 56 dólares el barril cuando el Brent en el mercado internacional está en torno a 90 dólares. "Claramente eso lo que te genera es una pérdida de competitividad de la Argentina respecto a otras cuencas productivas a nivel internacional", remarcó.

Como es de esperarse, las proyecciones incluyen multiplicar por tres o por cuatro la actividad en Vaca Muerta, sin contemplar Palermo Aike ni el offshore de la Cuenca Norte. Para el 2030 los pozos enganchados de petróleo deberían pasar de 226 a 554, mientras que los de gas deben escalar de los 112 vigentes a 370. En tanto los equipos de perforación y fractura deben escalar a 31 y 11, respectivamente. "Argentina necesita definir una política de Estado de largo plazo independiente del partido político que esté gobernando en cada momento", planteó Arceo ante este medio.

Según el estudio, el nuevo ordenamiento jurídico debería garantizar el cumplimiento de los contratos, acuerdos y programas de incentivo de estímulo a la producción existentes, como el Plan Gas.Ar, decretos N°929/13 y 277/22, entre otros; realizar licitaciones complementarias del Plan Gas.Ar para garantizar el pleno abastecimiento de la demanda local; establecer mecanismos taxativos para la determinación de los precios locales alineados a los internacionales; la libre negociación de precios y volúmenes en el mercado local; sostener la competitividad de las exportaciones manteniendo las alícuotas de derechos de exportación vigentes en el corto plazo, y eliminándolas en el mediano plazo; expandir exportaciones de gas natural, tanto hacia los mercados regionales como para la construcción de plantas de licuefacción (GNL), con un marco regulatorio específico que permita exportar en firme largo plazo; medidas fiscales que aumenten la competitividad de los proyectos gasíferos; la libre disponibilidad de una porción creciente de los ingresos por exportaciones; acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para la adquisición de equipamiento, el repago de deuda y la distribución de utilidades, y un programa de incentivo fiscal para la producción convencional en cuencas maduras.

Con una modificación del marco regulatorio y la consiguiente expansión de las inversiones en el sector, las exportaciones hidrocarburíferas podrían representar 1,2 veces las exportaciones del complejo sojero, 1,8 veces las exportaciones del complejo cerealero y 3,3 veces las exportaciones del complejo automotriz durante 2022. El desafío está planteado.

Ámbito Financiero