“Le otorgo la libertad bajo fianza. El monto se fija en diez mil dólares”, anuncia el juez a Jackie Brown, azafata arrestada por haber transportado clandestinamente plata en la película epónima de Quentin Tarantino (1997). Esta escena, frecuente en las películas y series policiales filmadas en Estados Unidos, en la que un juez de toga negra golpea su martillo anunciando una suma a veces descomunal, impregna el imaginario, al punto que ya no nos preguntamos más lo que esconde. Sin embargo, marca una etapa clave del sistema judicial estadounidense. Una etapa que, como todas las demás, produce fuertes desigualdades, al tiempo que constituye, para algunos, una fuente de ganancias.
En principio, la fianza debe garantizar que un acusado comparezca a su juicio. Si el juez estima que un acusado no presenta ningún riesgo de huida o de reincidencia, puede efectivamente decidir liberarlo, sin condiciones o contra una fianza cuyo monto varía según la categoría de la infracción. Una vez terminado el juicio, si el acusado se presentó a todas las audiencias, la ley prevé restituirle la totalidad de la suma depositada, sea culpable o inocente. No obstante, en los hechos, los jueces disponen de una gran libertad. En particular, pueden recolectar sumas para la indemnización de las víctimas o para el financiamiento de los procedimientos judiciales. Por ende, muchos acusados no recuperan nunca la totalidad de su pago.
A pesar de que la Octava Enmienda de la Constitución dispone que el monto de las fianzas no debe “ser excesivo”, muchos no pueden solventarla. Los más desafortunados deben entonces permanecer en la cárcel, independientemente de la gravedad de las infracciones que se les adjudican, y sin importar la presunción de inocencia. Y eso puede durar días, semanas, o incluso meses o años. “Usted tiene dos opciones –resume el juez a Jackie Brown–. La primera, puede pagar su fianza en la Corte y queda inmediatamente liberada. Pero dado el monto, es poco probable. La segunda, se queda acá hasta su juicio. Eso puede tomar un año, incluso más…” Antes de la adopción en 2019 de una reforma en el estado de Nueva York, un acusado permanecía en promedio 147 días a la espera de su juicio. Según el think tank Prison Policy Initiative, actualmente habría más de 420.000 personas en prisión preventiva en Estados Unidos, esta población representa tres cuartos de los detenidos en California. Si tomamos en cuenta las entradas y salidas, esto involucra a más de 2 millones de personas en el país cada año.
¿Buenos samaritanos?
Motor de la detención masiva, el número de personas encarceladas antes de su juicio se multiplicó por cuatro desde 1980. Ahora bien, estos acusados son condenados más a menudo que aquellos que se presentan libres ante el tribunal; son condenados a penas más largas, principalmente en los procedimientos con declaración de culpabilidad (4). Además, este sistema produce muchas discriminaciones. Con infracciones comparables, a los afroamericanos y a los hispanos se les imponen fianzas superiores respectivamente del 35% y 19% respecto de las de las personas blancas (5). Violencia, estigma social, deterioro de la salud mental, pérdida de empleo o de la tenencia de un hijo, incluso del permiso de residencia: las consecuencias de una detención son catastróficas. Asimismo, todos aquellos que pueden, pagan su fianza inmediatamente y preparan su defensa en casa.
Aquellos que no tienen los medios para hacerlo (es decir casi todos los acusados) a veces encuentran un buen samaritano. En 1963, un empresario negro pagó la fianza fijada en 5.000 dólares de Martin Luther King, detenido en la cárcel de Birmingham por haber llevado a cabo acciones no violentas contra la segregación racial. En 2015, los artistas Jay-Z y Beyoncé contribuyeron a la liberación de manifestantes que protestaban contra la violencia policial en Baltimore. Pero evidentemente estos casos siguen siendo raros. A falta de generosos benefactores, los acusados pobres se dirigen entonces a agencias de “garantes de fianzas judiciales”, los bail bondsmen, a imagen del truculento personaje de Max Cherry en Jackie Brown. A cambio de una comisión no reembolsable, en general entre el 10 y 15% del monto de la fianza (cuanto más grave es la infracción adjudicada, más el cliente es interesante), los bondsmen se tornan garantes ante los tribunales, permitiendo así a los acusados permanecer libres mientras esperan su juicio. Sólo deben depositar la fianza en caso de ausencia del acusado en la audiencia. En los hechos, transfieren este riesgo a un puñado de compañías de seguros, como FairFax Financial, que pagan la factura de ser necesario.
Los servicios de los bondsmen se han vuelto indispensables. Según Prison Policy Initiative, el monto promedio de las fianzas impuestas a las personas en detención provisoria se eleva a 10.000 dólares, mientras que el ingreso medio de esta población se establece en 15.000 dólares por año para los hombres de 23 a 39 años, y 11.000 dólares para las mujeres. Imposible para ellos reunir cifras tan abultadas. Incluso reunir una fracción a menudo lleva a las familias a endeudarse, a privarse de lo indispensable, a hipotecar sus bienes. Es entonces un negocio muy jugoso para las 15.000 agencias del país que cada año recolectan 15.000 millones de dólares de los más pobres, principalmente de las minorías raciales, en las que la policía y la Justicia ponen el foco de manera desproporcionada. En 2017, el monto total de las fianzas fijadas por los tribunales de Los Angeles –donde los negros y los latinos representan el 83% de la población carcelaria– rondaba los 3.600 millones de dólares; ese mismo año, las agencias de la ciudad facturaron 41 millones de dólares en gastos no reembolsables (6).
En la práctica, aun si el acusado no se presenta a juicio, los bondsmen rara vez pagan a los tribunales. En primer lugar, los plazos son lo suficientemente largos como para que los acusados terminen compareciendo a otra audiencia, lo más a menudo por voluntad propia o porque fueron interpelados por la policía. Cuando los bondsmen deben recurrir a un cazador de primas, o emprender cualquier otro método con el fin de obligar a sus clientes a presentarse ante la Justicia, les facturan esos gastos a las familias. Las penalidades son exorbitantes en caso de retrasos en el pago, renovación anual automática de los gastos si el juicio se prolonga, vigilancia estrecha y espionaje de sus clientes, imposición de toque de queda, amenazas de regreso a la cárcel: en este mercado muy poco regulado y altamente competitivo, pululan los abusos. En Nueva York, una demanda presentada en 2021 contra la agencia Libre, se basa en el caso de un extranjero obligado, durante tres años, a llevar una tobillera electrónica facturada en 420 dólares por mes. En total, esta persona pagó 17.000 dólares de gastos, por una fianza inicial de 10.000 dólares…
Actualmente habría más de 420.000 personas en prisión preventiva en Estados Unidos
Algunas agencias no dudan en recurrir al chantaje afectivo para sacarles plata a los hogares más vulnerables, aprovechando la angustia y el dolor provocados por el encarcelamiento de un allegado. Consideradas como financieramente más estables y leales hacia su familia, las madres y las parejas son el blanco principal del agresivo accionar de las agencias. Sociólogo en la Universidad de Minnesota, Joshua Page trabajó para uno de estos establecimientos durante 18 meses (7). ¿El resultado de sus observaciones? Las mujeres negras y latinas son deliberadamente sometidas a tarifas más elevadas, condiciones de pago y compensaciones más estrictas que las mujeres blancas, a quienes las agencias y las compañías de seguro consideran más fiables.
Atisbos de reformas
Todas estas razones llevan a implementar reformas en todo el país. Las autoridades de Filadelfia ya no dictan la libertad bajo fianza para los delitos menos graves, el estado de Nueva Jersey suprimió las fianzas automáticas, y en el de Nueva York, los jueces deben ahora proponer soluciones alternativas, como la libertad bajo vigilancia. En cuanto a las agencias de garantía judicial con fines de lucro, cuatro Estados ya las prohibieron.
El Movement for Black Lives (Movimiento para las Vidas Negras), que reúne a una cincuentena de organizaciones que defienden los intereses de los negros estadounidenses, colocó la cuestión de la fianza en el centro de sus reivindicaciones. Apoya particularmente el proyecto “The national bailout”, que apunta a recolectar fondos para liberar a los acusados más desfavorecidos por el sistema (las personas negras, LGBT, las mujeres…). La plata recolectada al momento del juicio es reinvertida en otra fianza y así sucesivamente. La agrupación Color of Change y la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) centran sus ataques en las compañías de seguros. Después de que los grupos Tokio Marine, Randall & Quilter y Endeavour Capital terminaran por retirarse del sector en 2020, las dos agrupaciones lanzaron una nueva campaña contra el conglomerado canadiense Fairfax Financial, actualmente en situación de cuasi monopolio y cuya facturación alcanzó los 27.000 millones de dólares en 2022 (8). Según la agencia de calificación AM Best, la tasa de beneficios brutos tras el pago de las fianzas se aproxima al 83% contra el 33% para los seguros de viviendas y automóviles (9). No sorprende que la industria se movilice contra las reformas en curso, inyectando millones de dólares en publicidades, lobbistas y contribuciones a los gastos de campaña de los representantes.
Aquellas que ya se pusieron en marcha en todos los rincones del país parecen no obstante funcionar en términos de seguridad y de gasto público: entre 2015 y 2022, en Houston, Texas, el número de personas liberadas en las 24 horas posteriores a un delito menor aumentó el 13% sin por ello incrementar la tasa de reincidencia –que incluso disminuyó (10)–. En Nueva York, una reforma adoptada en 2019 permitió disminuir un 15% la población en detención preventiva (11). A la espera de la derogación del sistema, algunos militantes siguen recolectando fondos para pagar fianzas, principalmente las de compañeros arrestados por la policía. En un contexto de creciente represión de los movimientos sociales, la tarea se presenta inmensa. En Atlanta, muchos opositores al proyecto Cop City –un amplio centro de entrenamiento para la policía– fueron arrestados en los últimos meses. Algunos militantes se dedicaron a recolectar fondos para pagar sus fianzas. El 31 de mayo pasado, también fueron arrestados por la policía…
Por Charlotte Recoquillon * Le Monde Diplomatique
Imagen de portada : Jean-Michel Basquiat, Jailbirds, 1983
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