La palabra proscripción volvió a pronunciarse en las vísperas de hoy, 9 de marzo, cuando será pública la entelequia de la sentencia contra CFK en la causa Vialidad. No los fundamentos, como en cualquier otro expediente, ya que no existen. Lo que escriban para justificar esa condena que incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos es pura fantasía pero sus efectos son pura realidad.

El diccionario de la Real Academa Española enumera 3 acepciones para la palabra proscribir:

1. Echar a alguien del territorio de su patria, comúnmente por causas políticas.
2. Excluir o prohibir una costumbre o el uso de algo.
3. Declarar a alguien público malhechor, dando facultad a cualquiera para que le quite la vida, y a veces ofreciendo premio a quien lo entregue vivo o muerto.

Las dos primeras se pueden aplicar a la proscripción del peronismo tras el golpe empresario-militar de 1955. Perón tuvo que exiliarse por 18 años y se prohibió el uso de toda simbología peronista. Eso fue también un 9 de marzo pero de 1956. Tal como relata Juan Manuel Abal Medina padre en su reciente libro donde relata su experiencia como último Secretario General del Movimiento Justicialista entre 1972 y 1973, una de las cuestiones que preocupaban a Juan Perón en la planificación de su regreso al país eran las causas judiciales que le habían iniciado. La historia se repite, sí.

La tercera acepción de proscripción tiene una tétrica coincidencia con la situación de CFK: “Declarar a alguien público malhechor, dando facultad a cualquiera para que le quite la vida, y a veces ofreciendo premio a quien lo entregue vivo o muerto”. Del ofrecimiento de premios para entregarla pueden dar cuenta los ex funcionarios presos durante años, a quienes se les ofrecía la libertad a cambio de declarar contra la ex presidenta. “Tenía que arrepentirme y decir que Cristina tenía bolsos”, contó Pablo Barreiro, ex secretario privado de CFK. Lo de entregarla viva o muerta no es un eufemismo: quisieron matarla hace 6 meses, tan poco para la historia pero muchísimo para el nulo avance de esa investigación judicial.

Hace al menos 10 años que CFK es declarada malhechora públicamente. Corrupta, chorra, incluso Google la catalogó como “ladrona de la Nación” y CFK tuvo que iniciarle una demanda juicio para que cambiaran esa descripción. Esos 10 años de persecución se remontan al 2013, cuando Cristina firmó el Memorándum de Entendimiento con Irán para avanzar con la investigación por el atentado a la AMIA. Era un tema que conocía bien ya que en el 2000, siendo senadora, había firmado en soledad un dictamen que denunciaba el direccionamiento de la causa por parte de servicios de inteligencia y el Poder Judicial. Pese a ese antecedente fue acusada de pactar la impunidad de los acusados iraníes e incluso de traición a la Patria. De eso pasaron casi 10 años en los que Cristina tuvo que vivir en estado de defensa judicial permanente en esta causa (cerrada 7 veces pero que ahora intentan reabrir) y otras.

La declaración pública de malhechora no la hicieron los tribunales sino los medios de comunicación empresariales, que cuentan con voceros y escribas variopintos. En la segunda parte de esta acepción de proscripta se define que esa declaración pública de malhechora da “facultad a cualquiera para que le quite la vida, y a veces ofreciendo premio a quien lo entregue vivo o muerto”. Luego de 10 años de constante identificación mediática como malhechora apareció Fernando Sabag Montiel y gatilló sobre el rostro de Cristina. Nadie se radicaliza solo.

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la cuál Argentina es firmante y que define los compromisos del Estado frente a la violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado, visitó el país hace unos días. Analizó especialmente el caso del atentado contra CFK, al que definió como un magni-femicidio. Las expertas del MESECVI entregaron un informe donde plantearon su preocupación por el silenciamiento, la ausencia de condena pública (al día de hoy Patricia Bullrich aún no repudió el atentado) y la impunidad en los casos de violencia pública contra las mujeres, “hecho que profundiza, facilita, reproduce y magnifica la violencia contra las mujeres en la política”. También advirtieron que “los actos de violencia son facilitados y exacerbados por algunos medios de comunicación social y el uso de las redes sociales”.

Una de las expertas del MESECVI, Lourdes Montero Justiniano, dialogó con El Destape Radio y afirmó: "Hemos encontrado un hilo conductor con un despliegue de discursos de odio que van deshumanizando a la víctima y legitiman y naturalizan los hechos de violencia". Agregó que encontraron "un silenciamiento cómplice en la violencia política contra las mujeres" y que eso "da sensación de impunidad y miedo". Y advirtió que ese proceso de deshumanización "es el primer paso antes de la violencia física". Cristina declarada como malhechora, por los medios y luego por un tribunal, son parte de ese proceso que culminó en el intento de asesinarla.

La fecha elegida por el Poder Judicial actual para dar a conocer lo que llaman fundamentos de la condena a CFK que incluye su inhabilitación para ejercer cargos públicos revela una nueva muestra del afán por las efemérides que tienen en los Tribunales. Un 9 de marzo pero de 1956 se publicó en el Boletín Oficial el decreto 4.161, que impuso la prohibición de mencionar a Perón, Evita y cualquier símbolo peronista. La historia se repite pero las dos veces como tragedia.

Se recuerda poco que el decreto 4.161 de 1956 llegó para complementar otro decreto, el 3.855, publicado unos meses antes, el 24 de noviembre de 1955. Allí la dictadura había disuelto el Partido Peronista en su rama masculina y femenina para, según fundamentaron, establecer “una verdadera democracia y un efectivo sistema de libertad de acuerdo con nuestra tradición occidental”. Al tiempo, sin embargo, entendieron que el peronismo no pasaba por la figura jurídica partidaria sino que tenía símbolos, imágenes, signos, doctrina e incluso obras artísticas que lo hacían perdurar.

Como la historia se repite hay que recordar que en abril de 2018, en la era Mauricio Macri, el Partido Justicialista fue intervenido. Lo decidió la jueza electoral María Romilda Servini, que puso al frente del partido al sindicalista Luis Barrionuevo, de estrecha relación con Macri, y que había reclamado la intervención junto a otros colegas como el entonces y actual cosecretario general de la CGT Carlos Acuña. El gastronómico Barrionuevo se ufanaba por entonces de haber sido parte de la operación contra CFK que se llamó mediática y judicialmente “La Ruta del Dinero K”, en la que tuvo “guardado” al financista Federico Elaskar hasta que lo llevó a su supuesta confesión ante Jorge Lanata. Es la operación que se inició en 2013, donde inician los 10 años de persecución ininterrupida a CFK.

La intervención del PJ duró poco, en agosto de 2018 la Cámara Electoral la anuló. Pero la cosa no pasaba por los papeles que hay en Matheu 130 sino por la potencia política de CFK que al año siguiente, en 2019, volvió a lograr un triunfo electoral. Desde entonces la jugada empezó a ser la proscripción, tal como anticipó este medio, avalada desde el vamos por la Corte Suprema que en tiempos de la presidencia de Ricardo Lorenzetti sentó las bases del lawfare y hoy con Horacio Rosatti recoge sus frutos. El falló para proscribir a CFK llegó a finales del año pasado; hoy, 9 de marzo, habrá que ver como lo justifican, efeméride mediante.

En los fundamentos (si, también fundamentos) del decreto 4.161 de aquel 9 de marzo de 1956 los fusiladores de José León Suárez alegaron que esos símbolos de la identidad peronista “tuvieron por fin la difusión de una doctrina y una posición política que ofende el sentimiento democrático del pueblo Argentino, constituyen para éste una afrenta que es imprescindible borrar, porque recuerdan una época de escarnio y de dolor para la población del país y su utilización es motivo de perturbación de la paz interna de la Nación y una rémora para la consolidación de la armonía entre los Argentinos” y que era “indispensable la radical supresión de esos instrumentos o de otros análogos”.

Los dictadores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas prohibieron entonces “la utilización, con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo”.

O sea, no se podía nombrar ni mostrar a Perón, a Evita, al escudo partidario peronista, canciones u obras de teatro o películas e incluso “expresiones significativas” con algo de peronismo. Detallaron que “se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto el de sus parientes, las expresiones ‘peronismo’, ‘peronista’, ‘justicialismo’, ‘justicialista’, ‘tercera posición’, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales ‘Marcha de los Muchachos Peronista’ y ‘Evita Capitana’ o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su esposa o fragmentos de los mismos”.

Las editoriales actuales que mencionan al kirchnerismo como autoritario y que genera una grieta en “la armonía entre los argentinos” recogen aquellos fundamentos. El Clarín de entonces, dirigido por su fundador Roberto Noble no puso nada del decreto 4.161 en tapa pero, tal como relata Martín Sivak en sus tomos sobre la historia del diario, “desde las páginas editoriales también aplaudió la proscripción del Partido Peronista y la firmeza de la gestión de Aramburu”.

Una curiosidad: el mismo día que se prohibió “el uso de elementos y nombres que lesionaban la democracia argentina” el Boletín Oficial publicó el decreto 3.457 que suspendió un impuesto en la venta de bananas, según sus fundamentos un “artículo importado de consumo popular cuyo acceso a los consumidores, a precios razonables, es necesario facilitar”. Deben ser, los gorilas deben ser...

La pena por nombrar a Perón, Evita o mostrar y difundir cualquier símbolo peronista era de 30 días a 6 años de cárcel y hasta 1.000.000 de pesos moneda nacional. Muchísimo dinero para la época. También implicaba una doble proscripción, ya que el “culpable” quedaba inhabilitado para desempeñarse “como funcionario público o dirigente político o gremial” por el doble de tiempo de la condena. La historia se repite, sí.

La inhabilitación para ser dirigente político tiene una analogía actual. La persecución a CFK, además del objetivo económico (que es el real, el de las corporaciones detrás de su persecución), tiene un político: el miedo sobre la dirigencia política. Sembrar el terror sobre ministros, secretarios de Estado, diputados, senadores, concejales, dirigente gremiales y líderes de organizaciones sociales. Nombrar a CFK, sus ideas, sus símbolos, su gobierno, trae la amenaza de la sentencia mediática y, en varios casos, su correlación judicial. Los grandes empresarios ya no necesitan decretos ni dictaduras: tienen medios y jueces.

“Le digo a todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente en los sillones que ocupen de ministro, ministra, de legislador o legisladora sean para defender definitivamente los intereses del pueblo”, lanzó CFK a finales de 2020, cuando ya advertía que había que alinear salarios y precios. No le hicieron caso a ambas frases.

Hoy pulularán de nuevo las interpretaciones de la proscripción a CFK. Hay algunos que hacen la lectura legalista y lineal. Esto implica que la condena contra CFK que incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no está firme, para eso se requiere que la confirme la Corte Suprema y como eso no sucedió aún puede, jurídicamente, presentarse como candidata.

Es la línea discursiva opositora, donde por ejemplo María Eugenia Vidal dice que “es falso que Cristina está proscripta”. Pero también de algunos oficialistas como Aníbal Fernández, que sin los Kirchner muy probablemente nadaría en pantanos poco trascendentes de la política pero que regala títulos a la prensa al afirmar que “Cristina Kirchner no está proscripta, pero los que dicen eso quieren proscribir al Presidente”. Se ocupó de aclarar que defiende su inocencia pero sumó a la operación que enmascara una operación económico-política bajo un manto de apariencia jurídica. La frutilla la puso la jueza María Romilda Servini, que se apuró en contestar una acción declarativa de certeza del ex senador Eduardo Duhalde con una respuesta obvia: la condena es efectiva cuando es confirmada por la Corte.

Otra lectura sobre la proscripción es pragmatismo político en un año electoral. CFK, acaso tan pragmática que desorienta a opositores y propios, a los pocos días de la sentencia y de su anuncio de que no sería candidata mientras pesara sobre ella la condena, aclaró: “Ni renunciamiento ni autoexclusión, acá hay proscripción”. Roberto Navarro publicó que Cristina confirma su decisión: “No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora. Si lo hago, Casación y la Corte me sacan del juego en una semana”. No quiere arrastrar a su fuerza política a una batalla discursiva desigual ante la prensa corporativa que la acusará de ser candidata para obtener fueros que limiten su detención. Antes de su condena no se había candidateado a nada; después de la condena tampoco hizo público quien es su candidato.

En su fuerza política, sin embargo, no están de acuerdo con CFK. Lo dicen públicamente dirigentes como Andrés “Cuervo” Larroque, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Mayra Mendoza, entre tantos, y el 11 de marzo habrá un acto donde le reclamarán que revea su decisión. El kirchnerismo quiere que Cristina sea candidata, lo cuál lo enfrenta en principio con una contradicción discursiva: si puede ser candidata no está proscripta.

Cristina hablará mañana en Rio Negro. Tituló su conferencia “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”. El temario es amplio, con puntos recurrentes en materia económica (tema preferencial en sus discursos cuando puede elegir). De acaso los únicos pactos democráticos que existen en estos 40 años de, valga la redundancia, democracia, aquel que dice que no se mata a nadie por sus ideas políticas y el que separa las tareas de seguridad interna de las de defensa nacional (o sea, que se prohíbe la intervención de militares en tareas de seguridad dentro del territorio argentino) ya queda poco. A ella la intentaron matar y esta semana el gobierno anunció el envío de tropas del Ejército del ramo ingeniería a la zona caliente del narcotráfico en Rosario.

Será en el capítulo de fragmentación política donde se espera alguna definición. En principio CFK no irá al acto del 11 de marzo en Avellaneda donde los muy propios le reclamarán que sea candidata. Dejó incluso un dato más que relevante: en su cuenta de Twitter informó que recibió al padre Pepe y firmó el compromiso “Ni un pibe menos ni una piba menos por la droga” que se presentará también el 11 de marzo pero en Luján. No puso nada hasta ahora del acto en Avellaneda del mismo día. Señales.

Más allá de la mirada legalista o pragmática, Cristina está igual de proscripta que en 2019, cuando creyó que tenía que dar un paso al costado porque o no ganaba las elecciones presidenciales o si ganaba no la iban a dejar gobernar. Ahora alega que si se presenta arrastra a su fuerza política a una campaña desigual con el riesgo de un fallo judicial que la saque a la mitad de carrera o incluso de la propia presidencia. Hasta hoy, sin embargo, no dijo que quiere ser candidata, sino que no lo será mientras pese sobre ella una condena. ¿Quiere Cristina ser candidata? ¿Tiene derecho a decidir o ya no se pertenece? ¿Tiene libertad para decidir o la democracia ya redujo tanto su intensidad que ni eso?

Por Ari Lujalad / Licenciado en Ciencia Política (UBA) y periodista.