Se cumplen tres años del asesinato de Fernando Báez Sosa. Al estudiante de 18 años -hijo de inmigrantes paraguayos- lo mató una patota de rugbiers oriundos de Zárate, a la salida de un boliche en Villa Gesell. El juicio oral y público por el homicidio se está llevando a cabo en los tribunales de Dolores y en la mayoría de los hogares argentinos donde hay un televisor.

Este crimen de odio nos toca fuertemente a las feministas no solo porque acompañamos y nos solidarizamos con Graciela, la mamá de Fernando, y con su esposo, Silvino. Nos toca porque el asesinato de Fernando es una muestra del sistema de terror que buscamos desarmar desde sus estructuras más profundas. Hay responsabilidad individual en cada uno de los asesinos de Fernando y esa responsabilidad es lo que se juzga en los tribunales de Dolores, pero también hay una responsabilidad social en la construcción de masculinidades que buscan reconocimiento por la opresión y, en el peor de los casos, por el exterminio de quienes consideran “débiles” e inferiores. 

Fernando fue a divertirse a un lugar que, según los cánones sociales supremacistas, “no le correspondía”. Dentro del boliche defendió a un amigo al que una patota de jóvenes zarateños estaba bardeando. El grupo seleccionó a Fernando para atacarlo a la salida, porque “a la patota se la respeta”. Y lo seleccionaron para matarlo a patadas en un ritual que ya tenían coreográficamente ensayado, porque el muchacho no agachó la cabeza y por su tipo físico racializado. 

El proceso de la muerte de Fernando Báez
El ataque fue rápido y preciso. Pero la muerte –como señaló acertadamente en algunas intervenciones televisivas la abogada Valeria Carreras- es un proceso. Y la muerte de Fernando fue un proceso que –de acuerdo con los videos peritados- comienza con el obrar coordinado de Ciro Pertossi y Enzo Comelli para golpearlo en la mandíbula desde cada flanco y Máximo Thomsen desde atrás, en una maniobra premeditada y calculada para derribar a su presa y dejarla tirada en el piso desmayada. En el transcurso de la acción decidieron en conjunto darle muerte a patadas en el hígado (que estalló), en los intestinos y en la cabeza. 

En este proceso violento hubo un momento en el que todos coordinadamente decidieron matar a Fernando y no detener el ataque. Escalaron respecto de otros ataques que protagonizó el grupo y cruzaron el umbral entre la intención de lesionar y la intención de matar. Fernando ya estaba inconsciente en el piso y siguieron pateándolo. Ya estaba inconsciente expeliendo el contenido de su cuerpo por la boca y continuaron pateándolo. En los videos las pericias determinan quiénes derribaron a Fernando y lo dejaron inconsciente y sin posibilidad de defenderse, quiénes le pegaron las patadas mortales en su conjunto y quiénes impidieron que alguien se acercara a impedir el asesinato. 

No se trata de un ataque donde no se puede determinar quién le dio muerte a la víctima, porque la muerte fue un proceso donde participaron todos. Por eso la defensa apuesta a que salgan todos beneficiados por un escenario de tumulto y una condena menor por homicidio en agresión. Si se separan los imputados y se acusan entre ellos, no van a lograr eso. Otra posibilidad es tirar abajo la condena en Casación señalando deficiencias de la fiscalía.

La calificación del crimen

Más allá de los esfuerzos de la defensa, no cabe la calificación de agresión (homicidio en riña o agresión) del artículo 95 del Código Penal porque las acciones de los homicidas no fueron internamente autónomas. Hubo una coordinación homicida. No fue una agresión tumultuosa. El “quédate tranquilo que a este negro me lo llevo de trofeo” no los pronunciaron en sentido figurado. ¿Qué puede significar sino completar la tarea de asesinarlo que ya habían comenzado?

En los chats aparece cierta sorpresa en algunos de los imputados por la muerte de su víctima, y de eso se va a tomar la defensa. Pero los chats eran un espacio donde este equipo con un ethos supremacista acostumbraba “acomodar” la impunidad luego de sus ataques, con la cabeza un poco más fría, y también para exhibirse frente a otros patoteros o admiradores de las masculinidades supremacistas. Allí también la confusión en uno de los chats, donde Blas Cinalli dice que “rompimos a unos chetos, nos vamos a premiar”. Ese seguramente era un espacio de exhibición de jóvenes donde no quedaba bien decir que “mataron a un negro de m”.

Patotas y violencia institucional

Cuando uso el término “patota” también aludo por contigüidad a otras, las de la violencia institucional. Las patotas de policías, parapoliciales, penitenciarios y represores que actúan de la misma manera que las patotas supremacistas. Al carcelero se lo llama “cobani” por el abanico de las llaves pero también porque se forman en abanico para moler a palos a los presos, por castigo y también por diversión. Los cinco puntos de los dados simboliza al preso que en el medio se banca los golpes de cuatro cobanis. La impunidad de clase, la impunidad de la violencia institucional, los ataques sistemáticos y perfilamiento racial que constantemente llevan a cabo las fuerzas de seguridad también son ambiente de cultivo para las patotas supremacistas. La violencia policial contra Higui y los asesinatos policiales de José Delfín Acosta (caso que le valió la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por racismo al Estado argentino), Ezequiel Demonty, Luciano Arruga, Facundo Astudillo Castro y Lucas González son parte de la estructura de sostén del supremacismo en todos los órdenes de la sociedad y para el mantenimiento de jerarquías opresivas. También lo son la absolución y condenas menores que consiguen quienes asesinan por linchamiento a hombres que cometen delitos menores. El linchamiento tampoco es un homicidio atenuado por riña o agresión, es un homicidio agravado igual que el de Fernando.

Fernando era un joven intachable. Por eso la opinión pública general considera que su muerte fue un asesinato espantoso. Y muchos supremacistas que ejercen racismo de manera cotidiana por goteo piden que los imputados zarateños “se pudran” en la cárcel, que sean aquellos el chivo expiatorio del racismo estructural de la sociedad argentina, y continuar haciendo lo que están acostumbrados, con la conciencia lavada por la ola punitivista. ¿Qué ocurriría si Fernando no hubiera sido una “buena víctima”?

Todo el sistema penal está mal. La finalidad de la pena privativa de libertad es la rehabilitación y la reinserción social de las personas que delinquen. Las cárceles no son para proveer mano de obra calificada a la industria del delito de la que se nutre la pirámide de corrupción judicial, de las fuerzas de seguridad y las mafias del narcotráfico. Las cárceles no son para que los delincuentes “se pudran”, los violen y los asesinen otros internos. El Derecho no consiste en la aplicación de la Ley del Talión.

Esa cárcel donde el violador es violado no hace más que reproducir la estructura social que nos destruye a mujeres y disidencias sexuales, y que buscamos desarmar. La reforma promovida por la derecha encabezada por Juan Carlos Blumberg en 2004 fue lo peor que le pudo pasar al derecho penal argentino, porque anula la finalidad de la pena. Una condena a 50 años solamente puede tener finalidad de castigo y de que una persona “se pudra” en las mazmorras del servicio penitenciario. Y las personas seleccionadas para tener ese destino son en un 99% pobres y mayormente racializada, con delitos cometidos o con causas armadas. Los ricos muy raramente van a la cárcel y muchos de ellos cometen delitos gravísimos como endeudar a la población por más de cien años o financiar el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación.

En cuanto al monto de las penas, la prisión perpetua a 25 años del Código Penal anterior a 2004 era más que razonable. El aumento de las penas no disuade a las personas que piensan cometer un delito.

Argentina, país racista

También hay una responsabilidad social en la Argentina por el racismo estructural que constituye estas masculinidades cisgénero heterosexuales y también constituye feminidades racistas.

No se trata del racismo como se conforma en Estados Unidos o en Europa, donde se naturalizan casilleros raciales cerrados y definidos. Eso estuvo muy en discusión durante este campeonato mundial de fútbol, cuando se señalaba como racista al seleccionado argentino por no incluir jugadores visiblemente afro. 

En Argentina el racismo se construyó desde que la Corona española llegó a estos territorios a reducir a la servidumbre a la población indígena y a traficar y esclavizar población africana, estableciendo al mismo tiempo un sistema de castas a partir del “mestizaje”. Con otras características, el racismo continuó con el exterminio de parte de la población indígena y de parte de la población masculina afro, y el reemplazo de la fuerza de trabajo –que se mantenía en armas luego de las luchas por la independencia y las guerras civiles- por una fuerza de trabajo en general más dócil, que escapaba del hambre y las persecuciones en Europa y en Oriente Medio, y desconocía por completo la historia del Río de la Plata. Y que aprendió en la escuela pública la versión que construyó la oligarquía criolla para integrarlos como subalternos, en la creencia de que eran subalternos blancos superiores a los subalternos racializados. 

Fue entonces cuando se construyó el estereotipo del europeo hacendoso y del “negro” vago (“negro” era el provinciano y el porteño/bonaerense pobre, el indígena y el afrodescendiente, a quienes se denominaba “cabecitas negras” y luego “cabezas” o “negros cabezas” y luego con la expresión “son negros de acá” señalando con la mano la cabeza, y su derivado “cabeza de termo” para aludir a cualquier persona falta de inteligencia, pero la raíz del término es racista).

Uno de los episodios más trágicos de la historia de sometimiento de la población racializada argentina fue el traslado de hombres de las provincias, engrillados en barcos, para ir a pelear contra los hermanos paraguayos en el genocidio de 1864-1870 que se conoce como Guerra de la Triple Alianza. Los desertores terminaban como el Gauchito Gil (aunque Antonio Gil desertó de la guerra civil correntina). 

Esta estratificación social y racismo estructural se mantiene en la Constitución Nacional argentina de 1994, en el artículo 25: “El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. En la pirámide jurídica, la Constitución Nacional está por encima de la Ley de Migraciones que garantiza los principios de igualdad y universalidad.

Por Adriana Carrasco * P12