Los 16 diputados del Frente de Todos que integran la comisión de Juicio Político confirmaron su participación en el proceso contra la Corte Suprema, con lo que -con la mayoría asegurada- anticiparon que el próximo 25 o, a lo sumo, el 26 de enero tendrán su primera reunión para iniciar el período de recolección de pruebas. Casi seguramente este jueves se publicará el decreto con la firma de Alberto Fernández convocando a sesiones extraordinarias a partir del lunes 23, con un temario en el que resaltará el juicio contra los jueces de la Corte y estará acompañado por una serie de proyectos económicos, a los que, según adelantaron en Juntos por el Cambio, se les obstaculizará el tratamiento. "No hay problema, se tratarán en marzo", desdramatizaron en Economía.

El comunicado emitido por el oficialismo destacó que el encuentro realizado vía zoom contó con "asistencia perfecta". Persistía alguna inquietud con respecto a los tres diputados del Frente Renovador que integran la comisión, en especial la representante de Santa Fe, de quien se decía que tenía un problema personal que no le permitiría asistir a las sesiones. Con una mayoría tan ajustada -16 integrantes sobre 31- tiene que existir un compromiso total con el tratamiento. Todos coincidieron que así será. 

“Avanzamos en el análisis de los próximos pasos a dar en función de la solicitud que nos fue entregada la semana pasada por el presidente de la Nación y gobernadores de provincias”, sostuvieron en la declaración. Ese proyecto reingresará este jueves pero con la firma de los diputados en vez del Presidente, porque de esa forma el plazo para su aprobación en el recinto pasa de un año a tres,. Así, la búsqueda de los dos tercios de votos necesarios se vuelve mucho menos urgente.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, detalló que acordaron incluir los seis proyectos que existen de pedido de juicio político contra los miembros de la Corte, entre los que figuran dos de los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Juan Manuel López contra Ricardo Lorenzetti, un viejo enemigo de Elisa Carrió. "Obviamente, los vamos a citar para que expongan los argumentos para esos pedidos", adelantó. La mesa nacional de Juntos por el Cambio resolvió el martes no colaborar con el quórum, pero si el Frente de Todos lo obtiene -como todo lo indica- entonces sus 14 integrantes estarán en la comisión tratando de impedir que avance la recopilación de pruebas. 

El Gobierno se enojó con la difusión de presuntas diferencias internas que derivaron en retrasos en el tratamiento y conformación de la comisión. Hay algunos diputados aún de vacaciones y las sesiones arrancarán el 23, que es parte de la segunda quincena de enero, como subrayó la vocera presidencial. Es lo que se había anunciado. Dos días después del inicio marcado para extraordinarias, quedará compuesta la comisión de Juicio Político.

Claro que no será el único tema que estará incluido en el decreto presidencial que Alberto firmará seguramente este jueves, pero aparenta ser el único que tendrá algún tipo de tratamiento. Desde Juntos por el Cambio adelantaron su decisión de no dar quórum ni facilitar ela discusión de ningún proyecto del Gobierno o del Frente de Todos "mientras siga este atropello contra la Corte Suprema". El ministro de Economía, Sergio Massa, venía dialogando con algunos jefes de los interbloques opositores -los conoce bien de sus años como presidente de la Cámara- para avanzar en propuestas que tiene como prioritarias para su objetivo de estabilizar la variables. 

Uno es el de blanqueo de capitales, derivación del acuerdo para el intercambio de información financiera sellado con Estados Unidos a comienzos de diciembre. La propuesta prevé una suba de alícuotas impositivas a medida que el contribuyente demore en blanquear, con la idea de alentar que se produzca en los primeros 90 días y aumentar la recaudación. Los otros proyectos tienen que ver con la agroindustria, el monotributo tech, y los que promueven inversiones en materia energética como la producción de gas licuado e hidrógeno verde. Pero la oposición ya dijo que no acordará nada que provenga del Gobierno, no importa del rubro que se trate.

"Si no quisieron tratar la creación de universidades nacionales, seguro que no iban a querer tratar estos sobre economía", comentaba un legislador del oficialismo, escéptico sobre las posibilidades de avanzar en cualquier propuesta en el Congreso durante este año electoral. En Economía lo tomaban con calma. "No nos cambia los objetivos, si no se puede tratar en febrero se tratará en marzo, tampoco es la muerte", buscaban minimizar. Con todo, señalaban la enormidad que la principal oposición se plantee como objetivo no permitir que el Congreso sesione. "Es un gesto que demuestra la poca vocación de avanzar en leyes que son importantes y se podrían tratar en paralelo al juicio político”, definió el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez.