A pocos les gusta que les metan la mano en el bolsillo y menos aún si es para quedarse con dinerillo ganado con el sudor de la frente. Cuando además esa suma tiene como destinatario al Estado, difícilmente haya persona que se preste voluntariamente. Por eso los más ricos ponen a trabajar a grandes consultoras internacionales especializadas en minimizar el pago de impuestos mediante maniobras de todo tipo, incluyendo la creación de sociedades fantasma (al solo efecto de la evasión impositiva), la constitución de empresas vinculadas en guaridas fiscales (donde no se pagan impuestos debido a legislaciones creadas ad-hoc), tejes y manejes de todo tipo que sólo los ricos logran hacer exitosamente.

Por su parte, los trabajadores en relación de dependencia sufren la exacción impositiva (mal denominada Ganancias, cuando en realidad es un impuesto a la Renta Personal) pasivamente, sin anestesia, ya que el empleador la realiza –cuando corresponde, según el monto de cada ingreso– automáticamente de acuerdo con la legislación vigente, para luego transferirla al Estado.

El impuesto a las Ganancias, que en la Argentina es un auténtico malparido (peor denominación, imposible), es de esos impuestos (directos) odiados tanto aquí como en Francia, Turquía, Japón o Rusia. No hay nación donde la población lo pague de buen grado ya que, a diferencia de los impuestos indirectos, con Ganancias el Estado manda y recauda: si por tu trabajo percibiste X pesos, te corresponde tributar una cifra proporcional.

Cuando el Estado define sus impuestos está decidiendo de qué manera va a extraer los recursos necesarios de las empresas y familias del país para luego transformarlos en consumo e inversión colectivos. El dinero recaudado por medio de los impuestos es el vehículo a través del cual se transfieren recursos de los bienes privados a los bienes públicos.

Dado que la distribución del ingreso en la Argentina se revela como muy desigual de acuerdo con los indicadores usualmente calculados, surge la necesidad de influir sobre la misma en aras de alcanzar un mayor grado de equidad social. De acuerdo a la inmensa mayoría de la literatura en materia tributaria, los impuestos más progresivos resultan ser los directos, entre los que se destacan en primer lugar el impuesto a la renta personal y, en menor medida, el impuesto a la renta de las sociedades, seguidos por los impuestos a los bienes personales y al patrimonio neto. Los más regresivos –ordenados por regresividad decreciente– resultan ser las contribuciones a la seguridad social, los gravámenes sobre los cigarrillos y las bebidas alcohólicas, el IVA y los ingresos brutos provinciales.

La comparación internacional puede aportar algunos elementos para caracterizar al sistema tributario argentino. Al comparar con los países de la OCDE y América Latina, se observa que en la Argentina los impuestos a los bienes y servicios tienen un mayor peso los impuestos a las rentas uno menor. Este es un dato relevante para evaluar el sistema tributario, ya que los impuestos a los bienes y servicios se caracterizan por su regresividad en términos distributivos. Esto se debe a que impuestos como al Valor Agregado suelen gravar con la misma alícuota a los consumidores independientemente de su ingreso y a que los sectores de menores recursos tienden a gastar todo su ingreso, por lo que la totalidad del mismo es alcanzada por este tributo. En cambio, los impuestos a las rentas son progresivos, dado que su carga aumenta a medida que se incrementan los ingresos.

La Argentina no escapa a la norma de los países de la región en donde la intervención del Estado no logra mejorar la distribución del ingreso y, a su vez, el sistema tributario resulta ser regresivo, gravando los consumos.

El país evidencia serias dificultades en controlar el cumplimiento del impuesto a la renta (ganancias), que presenta niveles de evasión muy superiores a los estimados para el impuesto al valor agregado, ya que este último es trasladado al consumidor, que lo paga cada vez que compra. A estas deficiencias estructurales se le suma la constante búsqueda de mayores ingresos fiscales para atender una gran cantidad de demandas sociales insatisfechas.

Al respecto, cabe señalar que en 2022 apenas 9 millones de personas (menos de un tercio de la población del país de entre 18 y 65 años) tienen derechos laborales y sociales (trabajan en blanco; esto es que, desde la fiscalidad, contribuyen a la seguridad social y son pasibles de impuestos directos); mientras que casi 20 millones de adultos (no registrados como trabajadores) no pueden acceder al sistema jubilatorio (salvo los pocos que aportan como monotributistas y, actualmente, los que acceden a una moratoria), no tienen aguinaldo ni vacaciones y, mayormente, viven ellos y sus familias sin cobertura de salud.

Entre estos 20 millones difícilmente haya alguno que no trabaje, ya sea haciendo changas en el barrio, cuidando adultos mayores y/o niños, juntando cartones, metales en desuso y otros materiales, atendiendo un merendero, produciendo algún bien o servicio en una empresa recuperada, incluso –hay que decirlo– hurgando contenedores de basura en procura de comida. Al respecto, en el mundo contemporáneo en que la generación de nuevos puestos de trabajo en blanco es por cuentagotas, un gobierno que intente ocuparse del bienestar de (toda) la población del país requiere de un Estado dotado de recursos con los cuales atender tan diversas necesidades sociales como las explicitadas.

Los gobiernos peronistas han tenido y suelen tener desde la hora cero del movimiento político el apoyo de los sindicatos, que –históricamente– constituyen su base de sustentación fundamental. A partir de ello se entiende que el actual gobierno quiera beneficiar a los sindicatos de obreros y empleados implementando un piso más elevado (alrededor de 400.000 pesos) a partir del cual pagar Ganancias; lo que producirá una reducción de la cantidad de laburantes alcanzados por dicho impuesto.

Sin embargo, conocidas las demandas sociales que atiende un gobierno popular y dada la escasez de recursos tributarios –agravada por la enorme dificultad para lograr recursos adicionales– este alivio para trabajadores en blanco (mayormente localizados en áreas metropolitanas) que gozan de derechos laborales y sociales implicará dejar todavía más desprotegidos a los millones de connacionales que yugan la diaria en niveles de infra-consumo de productos básicos a lo largo y ancho del país, sin mayores ayudas ni protección social alguna de parte del Estado.

Al respecto, ya se evidencian indicadores señalando el impacto de la política económica vigente en la disminución del consumo de leche y carne por parte de millones de hogares de nadies argentinos, en deterioro de la salud actual y futura de adultos y niños, tal como se señalaba la semana pasada en el artículo Exportaciones vs. consumo. “El contexto es evidentemente crítico para los sectores de menores ingresos. Las familias de ingresos medios a altos no postergan estos consumos, para ellos son inelásticos. Esto significa que las caídas de consumo se concentran en los sectores de menores ingresos”.

No sólo por empatía y por solidaridad con los nadies sino también por un futuro saludable y digno para millones de argentinos, entiendo que estos son merecedores de la mayor atención por parte del gobierno nacional y popular, que debe saber alumbrar senderos hacia una nueva base de sustentación política, hoy riesgosamente endeble.

Por Horacio Feinstein