El nuevo capítulo del conflicto político desatado por la acordada de la Corte Suprema en favor de la Ciudad de Buenos Aires sumó, además de una serie de denuncias penales contra Alberto Fernández - todas motorizados desde Juntos por el Cambio -, un fuerte lobby de todo el establishment económico - AEA, Amcham, UIA - en defensa irrestricta del gobierno porteño y la propia Corte. Hubo, por otro lado, nuevos respaldos de parte de las provincias a la postura del gobierno nacional, ya que se sumaron cuatro gobernadores más al listado de mandatarios - no todos de extracción peronista - que cerraron filas contra la medida cautelar del Máximo Tribunal que aumentaba la coparticipación de CABA (al que acusaron de ser de "imposible cumplimiento"). 

En Casa Rosada, mientras tanto, piden cautela y analizan los pasos judiciales a seguir pero insisten - con firmeza - sobre la "imposibilidad" de modificar las transferencias que se le están haciendo a las provincias. "No se va a cumplir con lo que dice el fallo, la decisión política es seguir transfiriendo lo mismo que se transfiere anualmente", reafirmó un importante funcionario nacional. 

Un día después de hacer su anuncio oficial - en el que, a través de un comunicado, se calificó el fallo de la Corte Suprema como "inédito, incongruente y de imposible cumplimiento" -, el gobierno nacional reafirmó que, en la práctica, no habrá cambios en el porcentaje que actualmente Nación le transfiere a todas las provincias. 

En un final anunciado, la Corte Suprema había dictado el martes una medida cautelar en favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la que ordenaba que se le entregara a la Ciudad un 2,95 por ciento de fondos coparticipables. Dos años antes, el presidente Alberto Fernández había reducido a 2,3 por ciento los fondos porteños luego de que Mauricio Macri, con la excusa del traspaso de la Policía Federal, hubiera decidido triplicar esos fondos durante su gobierno. Frente a este nuevo panorama, el gobierno nacional, con el respaldo de la gran mayoría de los gobernadores y gobernadoras del país, rechazó como un "fallo político" la decisión de la Corte y definió avanzar con la recusación de los supremos y solicitar la revocación "in extremis" de la medida cautelar.

Bajo el argumento de que resulta "imposible" acatar la acordada porque el Presupuesto aprobado por el Congreso no contempla de dónde sacar los fondos para transferirle a la Ciudad, la postura del gobierno nacional es, de momento, tajante: no habrá cambios en las transferencias a las provincias.

Oposición, Corte y empresariado, en sintonía

Pocas horas después que se diera a conocer la respuesta del gobierno nacional, las diversas patas que componen Juntos por el Cambio salieron, en masa, a denunciar que Alberto Fernández buscaba quebrar el orden constitucional, destruir la República y llevarse por delante las instituciones. 

El principal beneficiado por el fallo, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó una conferencia de prensa en la que acusó al gobierno nacional de "poner en juego la democracia" al negarse a acatar la cautelar de la Corte. "El presidente decidió atentar contra el estado de derecho. Desde la vuelta a la democracia que no hay antecedentes de un presidente que no cumpla un fallo de la Corte. El kirchnerismo busca anular la Justicia", se quejó desde Parque Patricios el jefe de gobierno porteño y uno de los principales candidatos presidenciales de JxC para 2023.

A los cuestionamientos de Larreta y de casi todas las figuras de JxC - con comunicado oficial de la coalición opositora incluido -, se le fueron sumando denuncias penales y amenazas de pedidos de juicio político. La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, no perdió su oportunidad de denunciar al presidente, al ministro Wado De Pedro y a Sergio Massa por "alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". 

No fue la única, el legislador porteño Roberto García Moritán - cuyo trabajo legislativo está principalmente vinculado a pedir la demolición de edificios históricos (como el Ministerio de Desarrollo Social) u hostigar a Ofelia Fernández - también aprovechó para presentar una denuncia penal. Los jefes de bloque de JxC de la Cámara de Diputados, mientras tanto, analizan pedir el juicio político al presidente la semana que viene.

El papel del establishment

A la artillería cambiemita se le sumó, en coordinada sintonía, gran parte del establishment económico. El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), el Foro de Convergencia Empresarial, entre otras entidades empresarias, se fueron pronunciando, a lo largo de todo el día, en defensa del fallo de la Corte Suprema (y en contra del gobierno nacional). 

"El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia es de una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir solo con aquellas decisiones de la justicia que les son favorables", sostuvieron, por ejemplo, desde IDEA, asociación que agrupa a empresarios de distintos sectores. "La democracia, es para los chetos", tuiteó (SIC) Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre.

Las empresas norteamericanas nucleadas en la Amcham, mientras tanto, decidieron intervenir manifestando su "preocupación" por la postura adoptada por el gobierno nacional: "Argumentar que el fallo es ‘de imposible cumplimiento’ y solicitar la revocación del mismo implica vulnerar la división de poderes de nuestro sistema republicano. Siendo esta la característica fundamental de todo país democrático, y la estabilidad institucional, indispensable para motorizar el desarrollo tan necesario", cuestionaron, a través de una misiva.

"Mirá cómo se alinean todos los socios del poder real. Al menos se sacaron la careta y expresan claramente para quién están jugando", cuestionó, irónico, un funcionario de diálogo permanente con el presidente. En Casa Rosada no se mostraron muy sorprendidos por la respuesta sincronizada de la oposición y el establishment económico en defensa de la Corte Suprema y dispararon: "Para ellos la democracia y la República no existen cuando no se hace lo que ellos quieren".

También los gobernadores salieron a responderle a JxC. "En la oposición se hacen los republicanos e indignados. Pero hagamos memoria. Ni bien asumió, Macri nombró a dos de los actuales miembros de La Corte por decreto y le subió arbitrariamente por decreto la coparticipación a CABA de 1,4 a 3,75 por ciento porque era 'una promesa electoral'", apuntó Axel Kicillof. 

El apoyo de otros 4 gobernadores

Mientras la oposición y el establishment económico apuntaban contra el gobierno nacional, cuatro nuevos gobernadores se sumaron a la lista de mandatarios que cuestionaron la acordada de la Corte por ser "una injusticia que anula un acto de equidad y genuino federalismo". A los 14 gobernadores peronistas que se habían reunido con Alberto Fernández anteayer, se sumaron: Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones). 

En Casa Rosada llamó la atención el silencio de mandatarios peronistas como Omar Perotti (Santa Fe), aunque no tanto de los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) o Rodolfo Suárez (Mendoza). "Morales tendrá que explicarle a los jujeños por qué permite que se les saque plata para dársela a los porteños", picanteó un dirigente de Casa Rosada.

Se sumaron, además, un total de 16 vicegobernadores que sacaron un comunicado manifestando su "absoluta desaprobación al fallo de la Corte Suprema que reintegra indebidos privilegios a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de todas las provincias". La Federación Argentina de Municipios, mientras tanto, también emitió un comunicado en el que denunció que la cautelar de la Corte concedía "una vez más beneficios al distrito más rico del país".

Por María Cafferata * P12