Estas líneas son escritas bajo el influjo brutal que despierta, por un lado, la conmoción ante el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández, y por otro, la consternación envuelta en un halo de relativo sosiego gracias a lo que impidió, el jueves 1º de septiembre, la tragedia; inimaginable el clima social que estaríamos viviendo en este momento de haberse concretado; imposible discernir qué puertas del abismo o el infierno se hubieran abierto.

Es este tiempo en el que pudo irrumpir ese hecho del horror, que configura una nueva y profunda herida –una más– en el cuerpo social de la Nación. El intento de magnicidio fue real y es un hecho gravísimo. Es el resultado de una extensa serie de ataques verbales y simbólicos que fueron virando al plano físico. Basta recordar el episodio vivido en abril de 2017 por Cristina Fernández y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, quienes sufrieron el asedio a la casa de la gobernación, junto a una bebé de 18 meses. Y en el mes de marzo de este año, los ataques con piedras arrojadas al despacho de la Vicepresidenta en el Senado de la Nación, donde se encontraban reunidos Cristina Fernández, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos-Mendoza), su par Oscar Parrilli (FdT-Neuquén) y el diputado Máximo Kirchner, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados donde se trataba el acuerdo de refinanciación de la deuda externa contraída en 2018 por el gobierno del Presidente Mauricio Macri.

 
Luego, y más acá en la línea temporal, irrumpieron en la escena pública las bolsas mortuorias en las rejas de la Casa Rosada, las guillotinas en las manifestaciones de esa escabrosa capa social que odia por voluntad propia y sobre la cual trabajan los medios hegemónicos de comunicación. En la escalada de pronunciamientos violentos siguió el pedido de pena de muerte realizado por el diputado Francisco Sánchez, de Juntos por el Cambio, y el sintagma escrito en Twitter –territorio tecnológico donde se revuelve el caldo pestilente del odio– “son ellos o nosotros”, de Ricardo López Murphy. Ese ellos o nosotros es una apelación a la desaparición del otro, a su aniquilamiento, e implica que ese otro deja de ser un adversario político para transformarse en un enemigo social que encarna la suma total de las desgracias que el país vive. Un adversario corrido del campo de interacción política delimitado por las reglas de la democracia hacia el territorio donde al enemigo se lo combate hasta su exterminación.

Si les parece demasiado exagerado, relean o vuelvan a ver y escuchar las declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Entonces, para ser claros, ese límite absoluto que proponen las democracias burguesas, la idea de convivencia democrática, no se violó la noche del 1º de septiembre, sino que ya había sido vulnerado con anterioridad, podríamos decir desde marzo de 2008 con el denominado conflicto con el campo por la resolución 125, firmada por Cristina Fernández y el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, que establecía retenciones móviles para las exportaciones agropecuarias; en buen romance, las asociaciones agro-financieras se unificaron ante el intento oficial de redistribuir la renta agraria. En ese conflicto se cifra la siembra del terreno en el que creció el fruto de la discordia.

Pero además, hay que inscribir este clima de violencia política en el marco de un dispositivo de destrucción de proyectos populares democráticos que el neoliberalismo imperante realiza a nivel regional; sobran casos o figuras políticas que dan valor de verdad a este método: Marco Enríquez-Ominami en Chile, Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Cristina Fernández en la Argentina. El dispositivo de derribo de gobiernos progresistas o nacionales democráticos tiene un esquema en el que participan sectores del Poder Judicial, medios hegemónicos de comunicación y facciones de la oposición política: 1) Se ataca y se difama a un líder popular para estigmatizarlo. Este primer paso es realizado por facciones de la oposición política y medios de comunicación; 2) Se instalan en esos medios denuncias de todo tipo, en general, denuncias conformadas por construcciones ideológicas e informaciones falsas; y 3) Se trasladan esas denuncias al terreno judicial, donde se inicia la estrategia de darle sustento legal y transformarlas en causas para iniciar lo que conocemos como guerra jurídica. Hay, quizá, un último paso que consiste en negar esa estrategia, declarar desde medios, Poder Judicial y sectores de la oposición política, la inexistencia de la guerra jurídica.

Así se genera en el humor social un clima de violencia política amplificada, donde las redes sociales cumplen un rol fundamental, que por su misma naturaleza no puede dejar de escalar. En esa atmósfera es que aparece el sujeto, que no es un lobo solitario ya que está inscripto en esa temperatura social, es producto de ella, que realiza el pasaje al acto. Y es ese peligroso pasadizo por el cual llegamos al intento de asesinar a la actual Vicepresidenta de la Nación. Un momento bisagra en nuestra historia política desde la recuperación de la democracia que ni siquiera es comparable con los atentados en 1987 contra el ex Presidente Raúl Alfonsín. Primero por contexto político: el partido militar estaba muy activo y el tiempo de regreso a la democracia era muy exiguo. Segundo porque el nivel de disputa entre partidos políticos no es comparable con el clima de enfrentamiento visceral de la actualidad. Un hecho lo demuestra: a la plaza por la defensa de la democracia del ‘87 concurrieron una multiplicidad de actores sociales y políticos que se reflejó en el palco donde el peronismo acompañó al Presidente Alfonsín.

El desafío de este momento es enorme ya que supone, por un lado, una restitución de ciertas reglas que la democracia le impone a los partidos políticos para la necesaria convivencia –estamos hablando siempre de campos de acción delimitados por la estructura de las democracias burguesas– , y por otro, establecer algún tipo de estrategia confrontativa con el dispositivo de dominación a nivel universal que es el neoliberalismo, con todo su andamiaje de construcción y cooptación de subjetividades violentas o apáticas, aunque parezca una contradicción; se necesita de mucha apatía generada por las frustraciones que el esquema de poder neoliberal le impone a las democracias, volviéndolas muy frágiles y con poco margen de acción política; si no, obsérvese las escasas posibilidades de realizaciones mínimamente distribucionistas que estas democracias pueden impulsar. Se necesita de esa abulia social que genera bronca y frustración para poder instalar un clima de violencia política sostenido en el resentimiento y el rencor.

Un capítulo aparte merece la urgente discusión en torno a los límites; sí, leyó bien, límites, que deben imponerse a la propalación y circulación desde medios con posición dominante, de expresiones violentas, insultos hacia las investiduras presidenciales o de gobierno, difamaciones e informaciones falsas, incitaciones al odio, que estos medios realizan y transmiten en una suerte de loop sin fin. No podemos seguir entrampados en que las limitaciones a decir cualquier cosa sean interpretadas como un ataque a la libertad de prensa. En ese sentido una reposición de la Ley de Medios Audiovisuales se vuelve urgente, aunque no se observa como suficiente.

Si todo esto ocurre quizá se abra un tiempo donde dirimir dialécticamente el conflicto vuelva a ser el objeto de la práctica política. De lo contrario estaremos condenados a vivir en una sociedad intoxicada por el peor de los sentimientos: el rencor, pariente no muy lejano del odio y la violencia. Como antídoto esperanzador nos queda la multitudinaria plaza del 2 de septiembre. Allí, en la calle, en la movilización, se restañan las heridas y se renuevan potencialidades y energías.

Por Conrado Yasenza