“Tic-tac, tic-tac”. Un encumbrado consultor de la city porteña juega con la onomatopeya y mira su reloj, que es más que un contador de tiempo. Allí recibe informes bursátiles, chequea cotizaciones y se comunica con sus clientes. “En menos de 20 días tiene que hacerse algo contundente. Un escenario así no se sostiene más.” En ese momento de la conversación, el valor del contado con liquidación (CCL) rondaba los 280 pesos, pasado el mediodía del jueves. La jornada finalizó con un CCL cercano a los 300 pesos.

Martín Guzmán dejó sembradas varias bombas. El lunes, los bancos se desprendieron de títulos en pesos y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) buscó canalizar ese circulante hacia otros títulos que no fueran las Leliqs, como los instrumentos a un día, cuya tasa es 47 puntos menor. La estrategia fue dejar de renovar el 50% de las Letras de Liquidez para canalizar los pesos hacia los pases (¿los bancos iban a perder plata así porque sí?), o en su defecto, obligarlos a participar de la licitación del Ministerio de Economía de la semana que viene. Ganó la corrida hacia el dólar. Y el Central tuvo que recular en su estrategia el mismo jueves y volver hacia las Leliqs. 

“Si no se ordena la política, todo será una bomba de tiempo”, sostiene un funcionario del diezmado equipo económico. Es el mismo razonamiento (y súplica) que comparten varios analistas del mercado con llegada al oficialismo. La política, entiéndase la coalición del Frente de Todos, perdió la brújula.

Guzmán huyó de Economía, pero quedó el plan de ajuste trazado por el FMI en un claro caso de co-gobierno. La nueva ministra, Silvina Batakis, sostuvo que habría que hacer modificaciones a las metas, que de hecho ya se hicieron para intentar cerrar la revisión del segundo trimestre. Sin embargo, la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, adelantó una respuesta: “Tenemos que tener claro que a veces son necesarias acciones dolorosas para cosechar los beneficios de estas acciones”. ¿Dolorosas para quién?

Al promediar la jornada del viernes, Batakis no tenía definido el resto de sus colaboradores. La semana que viene habrá que renovar otra tanda de deuda en pesos vía licitación, pesos que nadie parece querer sin secretario de Finanzas a la vista. Al menos, hasta el cierre de los mercados del viernes.

Un tipo de cambio financiero por arriba de los 300 pesos, como cerró el viernes, carece de sustento macroeconómico. Guzmán se enamoró de los números macro y así se fue. Un CCL a 300 pesos es un llamado a la desestabilización. Quizás una crisis autoinfligida, como lo definió esta semana el consultor Emmanuel Álvarez Agis.

Remarcadores

El mismo lunes en que los bancos se desprendieron de los bonos en pesos, las grandes empresas alimenticias hicieron su jugada para agregar incertidumbre al escenario. Pero con algo mucho más sensible para la población que el contado con liquidación: el desabastecimiento. Bajo el argumento de no tener precios de referencia en dólares, frenaron envíos. Lo que es una farsa porque sus operaciones son a dólar oficial, salvo que quieran dolarizar sus enormes excedentes vía fuga de capitales. Al día siguiente clavaron listas con aumentos de hasta un 25%. Nadie se sonrojó. Cada uno quiere su tajada.

Existen veinte proveedores que te mueven los alimentos y bienes en los supermercados. Cuando Alberto Fernández adelantó que se libraría una guerra (fallida) contra la inflación, fue ese grupito de empresas el que aprovechó el interregno para aplicar un “shock de subas”: Mondelez, Coca-Cola, Mastellone, Molinos, Arcor, Las Marías, Unilever. Las mismas que en los últimos días actualizaron listas con aumentos por demás excesivos, adelantándose a un posible (y quizás necesario) congelamiento de precios. “Ya hay un horizonte de inflación para julio del 8 ó 9%”, lanzó Antonio Aracre, director general de Syngenta para Latinoamérica Sur. ¿Acaso el empresario que más bancó hasta el momento a los renunciados Guzmán y Matías Kulfas?

El programa Precios Cuidados ya no es una referencia para nada ni nadie. En medio del vendaval, se anunció su renovación con una canasta que incluye menos productos que los que había lanzado Roberto Feletti como titular de la Secretaría de Comercio Interior. Guillermo Hang no había terminado de organizar la transición con el ex funcionario cuando tuvo que dejar su cargo por Martín Pollera. El nivel de cumplimiento del programa llega al 50%. Esto quiere decir que ante un pedido de 100 productos, llegan a las grandes cadenas de comercialización nada más que la mitad. Y en algunos casos, apenas el 20%. Lo de Federico Braun y su estrategia de remarcación permanente no es un hecho aislado.

El poder de negociación está del lado de los empresarios. Después de mandar los listados con aumentos, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), a cargo de Daniel Funes de Rioja –quien también preside la Unión Industrial Argentina– se sentó con Batakis, Daniel Scioli y Miguel Pesce a reclamar un mayor acceso a los dólares. ¿Darán marcha atrás con tamaña especulación vía aumentos de precios? Hasta ahora, el establishment es el que viene marcando la cancha.

Silos bolsa

“Necesitamos que los exportadores no estén especulando, sino que hagan las liquidaciones en el momento que corresponde”, sostuvo Batakis. Algunos actores del sector agropecuario quieren reeditar el clima de beligerancia de 2008. Y no porque el gobierno esté pensando en subir las retenciones, algo que se debería haber hecho ni bien arrancó la guerra entre Rusia y Ucrania.

El primero de julio, la consultora Pablo Adreani & Asociados elaboró un informe para arengar a los productores y exportadores a retener ventas ante el lockout lanzado por la Mesa de Enlace, que se concretará el 13 de julio. En un Powerpoint de cinco filminas, recordaban que tras la decisión de Martín Lousteau de aplicar las retenciones móviles, anunciada el 11 de marzo de 2008 a las 22 horas, las patronales lanzaron un lockout por tiempo indeterminado. Esto ya es historia.

Pero lo que remarca la consultora es que durante los 120 días que estuvieron en las rutas, los productores vendieron más soja que la comercializada este año entre marzo y junio. El mensaje que pretenden instalar es que la situación es más aguda que en aquellos años, por ende los productores deberían profundizar la falta de granos para dañar las cuentas públicas. Es el juego de la desestabilización camuflado de comportamiento empresarial.

La CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales), que nuclea a las principales agroexportadoras, confirma la información. “En la actual cosecha 2021-22 el ritmo de ventas de soja es el menor de los últimos años. En el periodo enero-junio 2022 se vendieron 14,3 millones de toneladas, una caída de 3,3 millones con respecto a igual periodo de 2021”, indicaron. Pero si la comparación es con la cosecha 2020-2021, hay 5 millones de toneladas guardadas en silos bolsa, es decir, casi 3.000 millones de dólares. Y las exportaciones del poroto de la oleaginosa cayeron un 30%.

El martes de la semana pasada, las cerealeras liquidaron apenas 82 millones de dólares, cuando lo habitual sería hacerlo por arriba de los 200 millones. Al día siguiente, fueron 146 millones y el jueves otra vez descendieron a 85 millones. A la estacionalidad lógica del ciclo agrícola, se le suma la especulación, aunque en la industria lo nieguen.

“Ganaríamos en pesos, pero tendríamos que poner más recursos en los fideicomisos y no es lo que esperamos”, aclaran desde la CIARA-CEC, quienes reclaman la sanción de la ley de promoción agroindustrial, sobre la cual la oposición pretende que se incluya una eliminación expresa de todos los derechos de exportación. Como síntesis, las exportadoras afirman que no desean una devaluación por el efecto inflacionario que generaría, pero contribuyen para que ocurra. Y eso que hace dos semanas el BCRA les amplió el plazo de liquidación de divisas para incentivarlas.

¿Elusión encubierta?

Las cerealeras suelen utilizar el mecanismo de venta con precio a fijar. Entregan los granos hoy, pero establecen el precio más adelante, según su conveniencia. Es un esquema que viene desde la última dictadura cívico-militar. Para el senador Oscar Parrilli (Neuquén-FdT), el precio efectivamente pagado al exportador, en operaciones con precio a definir, no se corresponde con la fecha de cierre de la venta, sino con la fecha pactada de determinación del precio, usualmente atada a la fecha real de entrega del grano.

“Este parámetro no es necesariamente representativo del precio efectivamente abonado en la operación”, sostiene el senador en los fundamentos de un proyecto de ley ingresado durante la semana, que pretende derogar este esquema de comercialización.

Es decir, tal cual funcionan las cosas ahora, se les permitiría a las cerealeras “camuflar” el verdadero valor de una operación: otra gotera de dólares en detrimento del fisco. “En pos de una justicia distributiva, es que creemos que el valor, a los efectos de considerar como base imponible para los tributos y aranceles de exportación, debe ser el mayor entre lo declarado cuando se hace la venta y la efectiva destinación de la exportación para consumo”, puede leerse en la iniciativa.

Tic-tac, tic-tac. ¿Cuánto tiempo podrá sostenerse un escenario de tanta incertidumbre?

Por Sebastián Premici