A menudo se escucha en alguna reunión familiar expresiones como está: "Está todo inventado". Efectivamente. Discusiones de larga data, stop and go, vaivenes, resultados efimeritos, planes de estabilización, crisis y demás subproductos.

Siempre es buen ejercicio remontarnos en el tiempo. El Consejo Económico Nacional había detectado en 1952 un desequilibrio entre precios y salarios. Razón que lo impulsó a crear un grupo de trabajo para medir la magnitud del mismo. Este estudio de índole técnico generó un informe que inició las posteriores discusiones sobre precios y salarios en el marco de la Comisión Nacional de Precios y Salarios. Cabe recordar que el presidente del Consejo Económico Nacional será el encargado de elevar al Poder Ejecutivo los informes y recomendaciones elaborados por este Consejo. 

El informe oficial al que hicimos referencia fue fechado en enero de 1953 y notificando a la Comisión Nacional de Precios y Salarios los resultados sobre la trayectoria de los precios y los salarios desde marzo a diciembre de 1952. Este informe arroja varias conclusiones. Primero, que los precios minoristas evidenciaron un aumento del costo de vida del 9,9 por ciento. Segundo, los salarios se mantuvieron en el mismo rango. Dichos datos dejan al descubierto un evidente "desacople" (un término muy escuchado esta última semana) entre precios y salarios.

Propuestas

A partir de este punto, la Comisión acerca a Perón, quien en última instancia debe decidir, las posibles soluciones para restablecer el equilibrio. En relación a los salarios propone dos alternativas. La primera, subir los salarios en la misma proporción que el costo de vida. Sobre esta propuesta la Comisión tenía muchas reservas y no la aconsejaba porque este aumento podría desatar una nueva escalada del nivel general de precios y quedar nuevamente desfasado.

La segunda alternativa es que se fije un salario promedio por industrias en base a las estadísticas oficiales. De allí habría que revisar los salarios promedio que se encuentren por debajo de ella. Con este método se incrementan sólo los salarios retrasados de industrias específicas.

Por último, la Comisión propone no autorizar los aumentos de precios exceptuando sólo aquellos ligados a políticas de fomento o de precios sostén. Pero recalca que estas últimas deben ir unidas a políticas que tiendan a neutralizar o mitigar los posibles aumentos de precios.

Políticas de intervención

Estas políticas, según el informe de la Comisión -y que suenan actuales- pueden dividirse en dos grandes rubros:

1. Productivas: 

a) Incrementar la productividad social abaratando los costos y asegurando un normal abastecimiento del mercado interno. 

b) Fomentar la progresiva introducción de cooperativas en el ciclo económico, principalmente de alimentos de primera necesidad, frutas, hortalizas y demás.

2. Comercialización y distribución: 

a) Instalar preferencias en los transportes para reducir el valor de los fletes desde la zona de producción a los centros urbanos. 

b) Eliminar cualquier tipo de intermediación en los productos de consumo masivo especialmente legumbres, hortalizas. 

c) Vigilar “especialmente” el mercado de la carne y de los frigoríficos. 

d) Promover las compras colectivas en cooperativas o mutuales de consumo.

Organización

La Comisión fue puesta en funciones en marzo de 1952 en vista de que era fundamental construir una organización de carácter permanente integrada por tres integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) tres integrantes de las Confederaciones de la Producción y tres representantes del Consumo y el Comercio, estos últimos elegidos por el Poder Ejecutivo. 

Esta Comisión, que dependería directamente del Poder Ejecutivo, tendría como misión implantar las normas relativas a los precios y salarios buscando en todo momento el equilibrio entre ambos sectores.

La Comisión estaba integrada por representantes del movimiento obrero, industriales y comerciantes. A la ronda de reuniones se sumaron por la CGT José Espejo y José Alonso. Por la Confederación de la Industria participó José B. Gelbard (futuro ministro en la tercera presidencia de Perón). Por parte del Estado acudieron, entre otros, el ministro de Asuntos Económicos, Alfredo Gómez Morales, el ministro de Industria y Comercio, José Constantino Barro, y el ministro de Hacienda, Ramón José Cereijo.

En la reunión preliminar de enero de 1952 se consensuó un plan a seguir. Primero, se trataría el equilibrio de los precios y salarios. En segundo término, se abordaría integralmente el crecimiento de la producción. En una tercera etapa se debatiría sobre el régimen de precios y bolsas negras (o mercado negro) y en cuarto lugar se discutiría la nivelación del costo de vida.

Diálogo desopilante entre Cereijo y Font

En la Quinta Reunión Plenaria surgió un diálogo desopilante entre Cereijo y el asesor del sector privado Señor Font. En este desopilante intercambio de opiniones se ve reflejada la particular perspectiva que tiene el sector de los precios y de la justicia social. También es un ejemplo de cómo el Estado en su rol mediador debe arbitrar entre las partes y poner freno a los desbordes.

Veamos:

Cereijo: Todos quisieran exportar y tener grandes ganancias, pero como nosotros fijamos el cupo y lo primero que tenemos que abastecer es a nuestro pueblo.

Font: Ocurre que volvemos a las cosas que estamos hablando desde el primer día. Cargamos todas las culpas a los que proceden honestamente y aparece así la bolsa negra.

Cereijo: ¿Por qué?

Font: porque no se fija un precio justo.

Cereijo: ¿Por qué no es justo?

Font: Porque debe ser superior.

Cereijo: No, eso no quiere decir que sea justo, sino que el comerciante ganará más dinero.

El argumento liberal

Aquí se observa el argumento liberal a flor de piel: para que se cumpla la "ley del derrame" los precios deben ser los más altos posibles y libres de controles. He aquí la quintaesencia de la economía de mercado. Sin más, esta es la expresión e interpretación de la realidad que la ortodoxia liberal (ayer y hoy) lleva adelante teórica y culturalmente.

Pero, esta glorificación de las ganancias privadas puede verse en ocasiones opacada por las políticas de controles o limitaciones de utilidades. Sobre esta base habría que repensar el problema de la inflación pues toda literatura liberal (sobre todo monetarista) tiende a cargar las tintas sobre el movimiento obrero por su "codicia" salarial y al sector público por su genética tendencia al gasto improductivo.  

Este argumento, por supuesto, exime de toda responsabilidad a las empresas. Por otro lado, no se puede soslayar qué planteos teóricos heterodoxos hayan incorporado a las "ganancias extraordinarias" (elemento sagrado y, por tanto, intocable para algunos legisladores) como un componente que enciende la tasa de inflación.

¿Los instrumentos están? Sí ¿existes experiencias previas que sirvan de plafón? Sí. Es vox populi, los ricos no piden permiso, pero al menos que toquen el timbre. Cuidado, los pobres esperan afuera Señor Font o a quien corresponda.

Por Diego Gabriel Liffourrena para Página 12