Cuando terminaron las dictaduras setentistas, el Fondo se quedó con la hipoteca de América latina, a través de una deuda ilegítima e impagable. Los pueblos tenían que honrar con pobreza los dólares que habían entrado a nombre de todos y que había fugado el poder real. En esa operación invisible, el dueño del crédito se convirtió en el titiritero de los gobiernos formales.
La receta repetida estrellaba a los países subdesarrollados contra la economía de mercado, los dejaba sin respuestas para tanto número negativo de la macro y de la micro y los abandonaba a un par de cuadras del default. El FMI como prestamista en nombre del imperio se encargaba del cobro más o menos puntual de intereses y esperaba el momento oportuno para exigir reformas estructurales destinadas a achicar el gasto público y maximizar las ganancias del capital. En ese callejón sin salida, les hacía firmar pactos a naciones con soberanía secuestrada, que hasta para el diablo sonaban inmorales.
En países que habían padecido el terrorismo de Estado como medida económica para instalar el primer industricidio, desfinanciar los programas de protección para cumplir con el usurero generó actos suicidas de gobiernos que solo se dedicaron a administrar la pobreza. En este aspecto, la reforma previsional fue un clásico. Achicar esa caja, que en los principales países del continente tiene un piso del 7% del PBI y un techo del 12%, es la tentación eterna del patrón.
Para bajar el costo laboral exigen la muerte de los derechos, hasta regresar al formato de esclavitud instalado en el sur a fines del siglo XIX, como resultado de una minirrevolución industrial tardía. Los ejes pasaban por reducir el costo de las indemnizaciones, firmar contratos temporarios y modificar los convenios colectivos.
En la Argentina de principios de los 90, Cavallo prometió que bajando los aportes patronales se generaría trabajo. En el 94 la desocupación fue por primera vez de dos dígitos y sentó las bases del 24% de la población activa sin laburo que dejó la salida de la convertibilidad.
En 1995 apareció el primer experimento de flexibilización laboral con la 24.467, que pasó a la historia como “ley pyme”. La quita de derechos y la anémica demanda laboral dejaron en terapia intensiva al mercado interno. El país del salariazo y la revolución productiva que prometió el menemismo en la campaña del 89 se había convertido en el paraíso de la especulación financiera. Siguiendo el manual de estilo de Martínez de Hoz, el primer desembarco del neoliberalismo en democracia instaló el segundo industricidio a fuerza de importados.
El Fondo regresó por la revancha cinco años después. En abril de 2000, el Senado aprobó el proyecto de flexibilización laboral, aquella ley Banelco que se cargaba con fondos reservados de la SIDE para comprar votos opositores. Después, la renuncia de Chacho, la denuncia de Moyano y Pontacuarto arrepentido. El kirchnerismo la derogó en marzo de 2004 y la Justicia cerró la causa sin culpables en 2012. La Alianza fue el segundo gobierno consecutivo que no apostó ni a industria nacional, ni a derechos laborales; no lo salvó el Blindaje de Machinea y tampoco el Megacanje de Cavallo-Sturzenegger.
El primer intento del macrismo fue abortado por la movilización popular en diciembre de 2017. En enero del 19, Cambiemos modificó la estrategia. Seis meses antes, recibió el mayor crédito que el Fondo le entregó a un país desde su fundación en el 44: 57 mil millones de verdes.
Intentó convertir a la industria textil en carne de cañón del primer intento de reforma laboral sectorial. Daniel Awada encabezó el grupo de tareas de la derecha local para apretar a empresarios y sindicatos. El macrismo armó un “Compromiso por la Producción y el Empleo”, que contempló cinco puntos: bajar el costo de indemnizaciones, a través de un fondo de cese laboral; aguinaldos en tres cuotas; flexibilizar la jornada laboral con el banco de horas; regularizar el trabajo a domicilio y vacaciones de acuerdo a las necesidades de las empresas.
El negociador elegido por el oficialismo para lograr la muerte de los derechos laborales convenciendo a sus pares fue el cuñado del presidente, un hombre con denuncias por trabajo esclavo. Awada logró que empresarios y trabajadores coincidieran en que el remedio iba a ser peor que la enfermedad.
Cuarto y último fracaso. La reforma de Milei llegó después de todos los salvatajes auspiciados por Estados Unidos, otra vez de la mano de Trump para ganar los comicios de medio término en 2025: un crédito del Fondo en abril, un swap del Tesoro en septiembre y Bessent operando en el mercado local para frenar una corrida cambiaria: 42.500 millones de verdes para sostener al “empleado del mes”.
Aprobada en el Congreso la 27.802, a fines de febrero de este año, entró en vigencia la más salvaje de todas las reformas imaginadas en los intentos anteriores. La promesa fue la excusa noble de siempre: creación de empleo de calidad. Sin embargo, desde que se puso en práctica a principios de marzo, la mal llamada Ley de Modernización Laboral generó, hasta agosto, la pérdida de 59.035 trabajadores registrados, según datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino. Entre julio y agosto de este año, se cayeron 13.640 puestos.
El proyecto regresivo oficial profundizó los problemas que ya existían, en el cuarto industricidio en democracia. El empleo asalariado formal del sector privado acumuló, en septiembre pasado, 15 meses consecutivos en descenso. En total, son cerca de 300 mil despidos privados en casi tres años y bajaron la persiana más de 31 mil unidades productivas.
Solo quieren reforma laboral para despedir barato, no para tomar trabajadores con sentido productivo.
En la última experiencia del modelo de país con derechos laborales plenos (2003-2015), los trabajadores recuperaron poder de compra y ahorro. El consumo comercial generó durante el kirchnerismo el aumento de la demanda industrial y se crearon casi tres millones de puestos de trabajo. En 12 años bajó al 5,9%, la cifra monumental que documentaba que un cuarto de la población estaba de brazos cruzados en mayo de 2003. Los empleadores registrados pasaron de casi 334.000 en 2003 a aproximadamente 560.000 en 2015.
Antes del 24 de marzo de 1976 y a pesar de los golpes de Estado y los gobiernos “constitucionales” con mayoría proscripta, pero con derechos laborales intactos, entre 1964 y 1974 la economía argentina atravesó un período de crecimiento sostenido, con una expansión del PBI que promedió cerca del 5% anual. La creación de la industria pesada a principios de los 50 modificó la matriz económica de la mano de la línea de producción. La desocupación no llegaba al 3% y se operaba con fábricas a tres turnos.
En el pasado están guardados todos los secretos del presente y del futuro y quizás el creciente analfabetismo político todavía convierta al verdugo en competitivo. Más allá de esa rara adicción al veneno, les recuerdo que el problema es el plan y que con la misma fórmula el resultado final será idéntico: “Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, esta política económica sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales”. Rodolfo Walsh, marzo de 1977.





























