Los cambios cosméticos que acepta la Casa Rosada no convencen a los aliados y el oficialismo llega con los números justos a la sesión del próximo miércoles en Diputados para aprobar la Ley de Soberanía. Según supo este diario, el Ejecutivo no acepta eliminar el Título VII, uno de los más cuestionados por dialoguistas y la oposición más dura, y plantea que solo podría aceptar modificaciones. Se trata del tramo del proyecto que se centra en los cambios a la ley de partidos políticos y la penalización de la desinformación. A pesar de su sobreactuación malvinera, el gobierno solo se mostró flexible con Washington, tras la presión de Christopher Landau, subsecretario de Estado, para dejar por fuera de las sanciones a las empresas norteamericanas. El peronismo advierte que la falta de consensos en torno a la iniciativa será un “pésimo precedente” ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que fijó el sábado 28 de noviembre como fecha para expedirse sobre las medidas provisionales que planteó Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion.
Tras varias semanas de sobreactuación, el oficialismo buscará aprobar el próximo miércoles la denominada Ley de Soberanía Nacional. Si bien de las firmas del dictamen se proyecta que la iniciativa debería cosechar unos 150 votos, en el despacho de Martín Menem guardan cautela y anticipan que “la discusión no está cerrada” pero “se está cerca del número”. Lo mismo ocurre con el Presupuesto 2027, otro de los temas que será parte de la megasesión del miércoles junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el traspaso de la justicia federal a CABA. Con las negociaciones estancadas, el oficialismo no ve chances de llevar a esa misma sesión la Ley de Leyes.
Para contener algunos de los cuestionamientos de los aliados, el oficialismo también aceptó incorporar una Comisión Bicameral de Seguimiento, a la que deberá informar las medidas del Consejo dentro de las 48 horas de adoptadas. Además, abrió la posibilidad de convocar a autoridades legislativas y gobernadores como miembros no permanentes. Las concesiones, sin embargo, no equilibran el poder que tendrá Javier Milei. La conducción estará en manos del Ejecutivo y el Congreso recibirá las decisiones una vez tomadas.
“Les importa un carajo Malvinas”, dicen desde el bloque peronista a Página/12. Unión por la Patria irá al recinto con un dictamen propio con foco en Malvinas. El bloque está de acuerdo con la idea de las sanciones, que ya tienen un antecedente en la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas y sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero cuestionan el salvoconducto para las empresas norteamericanas y rechazan el resto del texto. “No queremos mezclar Malvinas con ningún otro tema”, explicaron. “Es una vergüenza lo que le van a mostrar al Tribunal del Mar, estamos todos divididos”, agrega otro diputado. Mostrar un Congreso fragmentado en una votación que lleva en su título la Causa Malvinas podría ser un mal precedente.
Es que tras las audiencias de esta semana, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar prevé pronunciarse el 28 de noviembre sobre el pedido argentino de medidas provisionales contra Sea Lion. La Argentina reclamó que se suspendan las nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura petrolera, que no se otorguen más autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa y que se eviten daños al medio marino. Busca frenar el avance del proyecto antes del inicio de las perforaciones, previsto para el 21 de marzo de 2027. Londres, en cambio, pidió que se rechace la presentación argentina. Cuestiona la competencia del tribunal y sostiene que no existe la urgencia necesaria para ordenar la suspensión. Las concesiones que el gobierno le dio a Estados Unidos también podrían jugar en contra.
