De repente, los drones ucranianos empezaron a perder la conexión con Starlink. SpaceX dijo a las autoridades ucranianas que se trataba de un problema técnico. Para comprobarlo, un grupo de ingenieros cargó varios terminales Starshield, la versión militar de Starlink, en un coche y circuló por carreteras de la Unión Europea a 180 kilómetros por hora. La conexión aguantó. Al entrar en Ucrania, se cortaba en cuanto el vehículo superaba los 161. Volodímir Zelenski presentó el experimento como prueba de que no había avería alguna: las restricciones funcionaban en territorio ucraniano, pero no en el europeo.
Desde entonces, nadie ha admitido haber tocado el interruptor que lo regula.
Un techo de velocidad con consecuencias
La noche del 13 al 14 de octubre empezó a ocurrir algo inesperado: los drones militares perdían la conexión cuando se desplazaban a más de 161 kilómetros por hora. No era una caída general del servicio ni una reducción del ancho de banda. Internet seguía funcionando con normalidad para los terminales que permanecían quietos o se movían por debajo de ese límite.
Esa diferencia determina quién sale perjudicado. Los más afectados son los drones interceptores, que Ucrania usa para derribar en el aire los Shahed, aparatos kamikaze de diseño iraní que Rusia lanza contra sus ciudades. Las versiones más nuevas del Shahed llevan motor a reacción y vuelan a entre 300 y 400 km/h. También sufrieron los que atacan depósitos rusos a unos 200 kilómetros del frente.
Los FPV, en cambio, apenas notaron nada. Son drones pequeños y baratos que el piloto maneja con unas gafas, viendo lo que capta la cámara del aparato. Vuelan cerca y se controlan por radio, sin pasar por el satélite.
Los pilotos fueron los primeros en notarlo. «La restricción llegó sin ningún aviso», contó el sargento Dimko Zhluktenko, de una unidad de drones del ejército ucraniano. Sobre el límite, añadió: «No es suficiente, y limita cómo podemos defendernos». Un interceptor necesita al menos 450 km/h para perseguir un Shahed a reacción. El límite le dejaba ir a la velocidad de un coche rápido en una autopista alemana.
Es difícil determinar cuánto daño causó la medida. Las unidades militares describen interrupciones de conexión a velocidades muy diferentes, y la única estimación económica disponible habla de decenas de millones de dólares en pérdidas. No hay una evaluación oficial. Ni el Ministerio de Defensa ni el Estado Mayor han publicado un balance. Pero sí sabemos qué estaba ocurriendo mientras tanto. La noche del 15 de octubre, Rusia lanzó más de 850 drones contra Ucrania, según Zelenski. Los ataques dejaron a unas 600.000 personas sin electricidad.
El límite llegó dos o tres días después de que Trump anunciara una «tregua energética» que Kiev no había aceptado. Washington quería que Ucrania dejara de atacar refinerías rusas, y en Kiev hay quien sospecha que la restricción buscaba eso. Si fue así, no funcionó. Esos ataques no usan Starlink, que está bloqueado dentro de Rusia, y Ucrania atacó la refinería de Riazán el 15 de octubre, dos días después de que empezaran los cortes. Quien sí lo sufrió fue la defensa aérea.
El embrollo del interruptor: ¿quién lo controla?
Cada parte señala a la otra. El 14 de octubre, Musk escribió en X que Starshield es del Gobierno estadounidense y que es él quien lo controla. Al día siguiente, Reuters publicó que la orden había salido «de dentro de la Casa Blanca».
Una semana después, el relato cambió. The Wall Street Journal atribuyó la decisión al propio Musk, y CBS lo confirmó con un matiz: Musk la tomó después de hablar varias veces con la Administración.
Los desmentidos tampoco encajan entre sí. Trump dijo «no fui yo, y no creo que fuera Elon», y días después que no sabía quién había sido. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el presidente no puede dar órdenes a SpaceX. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, negó haber retirado apoyo a Ucrania.
Así que no está claro quién manda. Ser dueño de una antena no significa controlar el software que la hace funcionar, y pagar un servicio no garantiza poder impedir que se cambie. El contrato que aclararía quién decide qué no es público. Es justo lo que los senadores han preguntado por escrito a SpaceX.
Quizá todas las versiones sean en parte ciertas: que Musk tomara la iniciativa y la Administración la consintiera, por ejemplo. Pero para un soldado ucraniano eso es secundario. Un ejército no puede planificar si ni el proveedor ni el Gobierno que lo contrata admiten mandar sobre el servicio del que depende.
Se puede privatizar la política exterior de Estados Unidos
En Washington, la reacción ha unido a demócratas y republicanos. Nueve senadores de ambos partidos han pedido al inspector general del Pentágono que investigue quién tomó la decisión, si algún funcionario la autorizó o conocía de antemano, o si SpaceX actuó por iniciativa propia. Otros cuatro senadores demócratas han exigido a la empresa que aclare si puede negarse a cumplir una orden del Gobierno o retrasar su ejecución. Pero la controversia adquirió otra dimensión cuando The Wall Street Journal señaló a Musk. La pregunta dejó de ser solo quién había tomado la decisión y pasó a ser quién tenía derecho a tomarla. La senadora demócrata Elizabeth Warren advirtió del peligro de que «un solo hombre» pudiera determinar la política exterior estadounidense. El congresista republicano Brian Fitzpatrick fue más allá: si Musk había dado la orden, probablemente se había violado la ley.
Pero, por ahora, la indignación no se ha traducido en medidas concretas. Los demócratas están en minoría y no tienen votos suficientes para obligar a Musk a comparecer. No hay ningún proyecto de ley sobre Starshield, los republicanos que presiden los comités de Defensa, Exteriores e Inteligencia guardan silencio y faltan apenas dos semanas para las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Además, Washington ya había tenido esta discusión. En 2023, cuando se supo que Musk se había negado a extender la cobertura de Starlink a Crimea para un ataque ucraniano, Warren y la también senadora Jeanne Shaheen escribieron al Pentágono para expresar su preocupación por la posibilidad de que Musk interrumpiera el servicio a su antojo. Han pasado tres años y el Congreso sigue sin aprobar una ley que resuelva el problema.
Fuera del Congreso, el debate ha ido más lejos. El economista Paul Krugman, premio Nobel, publicó el 22 de octubre una columna titulada «Es hora de quitarle Starlink a Elon Musk». Su argumento es que, en las guerras de hoy, las comunicaciones importan tanto como las armas. Si Lockheed Martin, el fabricante de los F-16, dejara a Taiwán sin soporte para sus cazas, nadie dudaría de que el Gobierno debe intervenir. Con Starlink debería pasar lo mismo. «Ninguna persona privada debería poder hacer política de seguridad nacional», escribe. Krugman no pide una nacionalización permanente: lo compara con las intervenciones temporales que Estados Unidos aplicó a empresas privadas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el fondo de su propuesta es que el Gobierno le quite a Musk el control de Starlink.
La propuesta tiene un problema. Krugman da por buena la versión de que la decisión fue de Musk. Pero si la orden salió de la Casa Blanca, apartar a Musk no cambiaría gran cosa: el control quedaría en manos del mismo Gobierno que pudo haberlo decidido.
Europa paga, Washington decide
Ucrania depende de dos tipos de terminales. Los primeros son unos 42.000 equipos Starlink civiles. Polonia ha pagado cerca de la mitad, con un gasto de 481 millones de eslotis desde 2022, unos 110 millones de euros, y Alemania financia otra parte. Los segundos son unos 3.000 terminales Starshield, los militares, que paga el Pentágono.
La restricción afectó solo a estos últimos, los que paga Washington, no los que financia Europa. Los europeos financian la mayoría de los equipos, pero no deciden cómo funcionan. En marzo del año pasado, el ministro polaco de Exteriores, Radosław Sikorski, y Musk ya se enfrentaron por esos terminales. Entonces el problema parecía el carácter de un empresario imprevisible. Ahora Sikorski ha vuelto a advertir a Musk: «Os estamos vigilando». Y el contrato polaco vence en diciembre, sin nada firmado para 2027.
Europa tiene alternativas, pero ninguna está lista. OneWeb, la red de satélites de la francesa Eutelsat, es la única que ya funciona en Ucrania. Tiene unos 650 satélites, frente a los más de 11.000 de Starlink, y sus antenas son mucho más caras y no son compatibles. La UE no dará a Ucrania acceso a su red gubernamental de comunicaciones por satélite hasta 2027, y su gran proyecto propio, IRIS², no estará en órbita hasta 2029 o 2030.
El dinero no es el problema. Cambiar todas las antenas costaría unos 400 millones de dólares, una cifra asumible para Europa. Lo que falta es capacidad en órbita y tiempo para rediseñar drones construidos pensando en Starlink. Aunque tampoco haría falta sustituirlo todo.
Wild Hornets, uno de los grandes fabricantes ucranianos de drones, lo ha comprobado. Sus interceptores Sting, que han derribado más de 15.000 drones rusos en un año según la empresa, no notaron el límite. La razón es sencilla: su terminal no se mueve. Está en tierra y conecta el puesto de mando con una estación a la que se enlazan los aparatos, como un móvil con una antena. Aun así, la empresa ha empezado a probar alternativas para los proyectos que sí necesitan llevar Starlink a bordo. Depender de una sola solución es «muy arriesgado», reconoció su portavoz.
Europa también intenta ganar control por otra vía. El 19 de octubre, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Vodafone firmaron una carta de intenciones para estudiar una puja conjunta por la banda de 2 GHz. Son las frecuencias que permitirán conectar los móviles directamente a los satélites. Bruselas quiere reservar buena parte de ellas a empresas europeas.
El plan se negociaba desde septiembre, antes de lo ocurrido en Ucrania, pero tiene el mismo punto débil. Las cuatro operadoras controlarían las frecuencias y las estaciones en tierra, pero no tendrían satélites propios. Su socio más probable es una empresa estadounidense, AST SpaceMobile. Y Washington ya ha avisado. El 18 de octubre, su embajador ante la UE, Andrew Puzder, advirtió de represalias «muy devastadoras» contra las empresas europeas si Bruselas favorece a sus operadores.
El teléfono roto de Musk
El 22 de octubre, The Wall Street Journal publicó que Trump había llamado a Musk para pedirle que levantara el límite. Trump no quiso confirmarlo. «No quiero comentarlo», dijo a los periodistas. Pero sí dio por hecho que Musk había restablecido la velocidad normal: «Al final, él lo volvió a poner». En Kiev lo niegan. «Nada ha cambiado en ningún sitio», dijo un responsable ucraniano.
Es decir, un presidente que niega haber ordenado el límite atribuye a un empresario el mérito de quitarlo. Eso no aclara quién tomó la decisión, pero sí muestra a quién se acudió para revertirla: a Musk. Y lo que se arregla con una llamada puede estropearse con otra. No consta que Ucrania tenga ninguna garantía por escrito, y ni siquiera está claro a quién debería pedírsela.
Ya sabíamos que ganar autonomía frente a Starlink no iba a ser ni inmediato ni barato para Europa. Lo ocurrido en octubre añade algo más: la dependencia sale todavía más cara cuando nadie reconoce tener el control ni asume su responsabilidad.
Nota:retinatendencias.com
Te puede interesar
Lo más visto
