Andis: El Gobierno difunde un informe trucho de Gendarmería para operar contra la investigación

El borrador de un supuesto peritaje de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, operado por el Gobierno, circuló este jueves en algunos medios afines a la Casa Rosada con el objetivo de insistir con la tesis de que los audios en que el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, confiesa las coimas y el famoso “3 por ciento para Karina”, son falsos o fueron manipulados por inteligencia artificial. El intento fue tan burdo que se cayó a poco de andar como un castillo de naipes, y no hizo más que generar malestar en Comodor Py, que ya avanzó con los procesamientos de los implicados en base a una extensa prueba documental recabada en allanamientos y construida a partir de documentación oficial y los chats de los protagonistas del escándalo.

Según el documento del borrador que la Rosada hizo circular, la Gendarmería habría llegado a la conclusión de que existen “señales” de que los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fueron editados. De todos modos, eso ya se sabía desde el principio y el fiscal a cargo de la investigación, Franco Piccardi, construyó el caso a partir de otra prueba, apabullante respecto de los sobreprecios del más de 1000 por ciento —constatado incluso por auditorías internas post renuncia de Spagnuolo— en la compra de medicamentos de alto costo, prótesis y otros insumos destinados a personas con discapacidad.

En esos audios, Spagnuolo hablaba del cobro de coimas por la venta de medicamentos y afirmaba que lo recaudado iba directamente a la Casa Rosada, puntualmente al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Según el estudio técnico, se hallaron en los audios rasgos compatibles con una regrabación, cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas incompatibles con un registro continuo. Sin embargo, no se pudo confirmar ni desestimar una eventual manipulación del material ni el uso de herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces.

En realidad el peritaje que el Gobierno se encargó de filtrar este jueves no concluye nada que no se supiera: que existían ediciones sobre las grabaciones que salieron a la luz. En ellas solo se escuchaba la voz atribuida a Spagnuolo, pero no la de su interlocutor o interlocutores. Además eran claras las discontinuidades temporales. Por momentos aparecían sonidos de vajilla, como si algunas de las conversaciones transcurrieran en algún restaurante o café, y murmullos de fondo, y en otras parece tratarse de charlas telefónicas.

El análisis realizado por la Gendarmería -que depende de la ministra Monteoliva- señaló que las grabaciones presentaban restricciones técnicas para arribar a una conclusión definitiva sobre su origen. Entre los factores mencionados, los especialistas indicaron que la cadena de custodia del material se había interrumpido antes de la instancia pericial.

Spagnuolo tuvo un curioso periplo respecto a sus audios ya que pasóde sostener que no era su voz a afirmar que había ediciones y alteraciones.

Cómo sigue la causa

El peritaje deberá ser evaluado por el juez federal Ariel Lijo y la imposibilidad de autenticar los audios no implica, por sí misma, el cierre de la investigación por las presuntas coimas en ANDIS.

Hace apenas un mes la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo, de su número dos, Daniel Garbellini, y de 17 personas más. Luego de ese fallo, Lijo amplió el procesamiento de Spagnuolo, Garbellini y Miguel Ángel Calvete y les endilgó haber actuado como “jefes de la asociación ilícita”.

“La decisión profundiza la investigación de una organización delictiva que habría direccionado contrataciones públicas y permitió identificar diferencias de precios por más de $7.833 millones entre medicamentos e insumos médicos”, indicó el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11.

A Spagnuolo y sus presuntos colaboradores se les atribuyen los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional.

Los procesamientos se dictaron sobre la base de gran cantidad de prueba documental y de teléfonos celulares, pero no hubo referencia a los audios. Sin embargo, las defensas de varios de los acusados buscan hacer caer la causa bajo el argumento de que, aunque no fueran mencionados como evidencia, estuvieron en el origen de la investigación.

Fuente: Pagina12