¿Gobernadores vendidos? La bazooka millonaria de Milei para controlar el Congreso

Una clave parece estar en una partida del Presupuesto 2027 que, de aprobarse el proyecto que envió la Casa Rosada, tendrá un crecimiento real de 120% en el año electoral. Se trata de la jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro, con casi $15 billones en 2027, unos US$10.000 millones la tercera partida más importante del presupuesto, detrás de Capital Humano y del Servicio de la Deuda Pública. 

Más de la mitad de esos fondos, $7,7 billones, quedan bajo el concepto Otras asistencias financieras, un paraguas impreciso que habilita la total discrecionalidad. Si a eso se agregan los $1,9 billones correspondientes al fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) cuya distribución no está prevista en el presupuesto, el Estado nacional dispondrá de $9,6 billones, unos US$6400 millones, para uso totalmente discrecional. A la bazooka de dólares que Milei dijo que prepara para enfrentar una eventual corrida cambiaria, se suma la bazooka de disciplinamiento político.  

Para comprobar el reparto arbitrario de esos recursos, a los que echan mano todos los gobiernos desde la década del 90, basta con analizar el detalle del proyecto de presupuesto 2027. De los $7,7 billones, $3,6 billones serán destinados a seguridad social, de los cuales $2 billones figuran a ser repartidos por provincias y $1,6 billones por la Nación, sin un destino específico declarado.

“El Gobierno se reserva una caja discrecional para el año electoral”, dijo a El Destape el diputado Guillermo Michel (Unión por la Patria). “La jurisdicción 91 pasa de $5,6 billones a $14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve? Es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos. Es la moneda de cambio que el gobierno de LLA se guarda para sus deseos electorales en el año 2027”, agregó.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, propuso que parte de esos fondos se usen para garantizar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “Sería muy importante que, en lugar de apelar el fallo de primera instancia, el Gobierno utilice los fondos de la Jurisdicción 91 - Programa 99 ‘Otras Asistencias Financieras’, previstos en $14,8 billones y $7,7 billones respectivamente, para resolver la situación crítica que atraviesa el sistema universitario”, dijo Yacobitti.   

El salto previsto para esta caja discrecional en 2027 se da en medio de un ahogo financiero a las provincias, que vienen perdiendo recursos, por caída de recaudación propia, de coparticipación y de otros giros no automáticos. De acuerdo con un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la totalidad de recursos nacionales girados a las provincias disminuyó un 11,6% en el gobierno de Milei. A eso debe sumarse que más de la mitad de las provincias registraron caídas en su recaudación propia. En promedio, los recursos de recaudación provincial cayeron un 7,3%.

Otro dato interesante para analizar en este contexto es el de reparto de ATN. El Gobierno Nacional distribuyó entre enero y septiembre de este año $184.000 millones entre 15 provincias. Las más beneficiadas fueron Misiones, con $25.000 millones; Corrientes, $19.000 millones; Catamarca, $18.500 millones, y Salta, $18.000 millones. 

Para el año que viene, está previsto que se distribuyan $300.000 millones en ATN, según el proyecto de presupuesto. Ese monto es, de todos modos, menor en comparación con los ATN que el gobierno retiene sin repartir, otra forma de incrementar la bazooka de discrecionalidad. Ocurre que el fondo de los ATN se nutre por ley del 1% del impuesto a las ganancias. Eso implica que sólo en 2026 tiene $1,9 billones sin distribuir que terminan diluidos en otras partidas.