«Antros marxistas», «zurdos de mierda», «No enseñan, adoctrinan» fueron algunos de los mensajes/amenazas con las que amanecimos en noviembre de 2023. Tres días antes del balotaje presidencial, militantes de La Libertad Avanza anunciaron en nuestras paredes —las del pueblo, las que saben de pintadas revolucionarias— su batalla político-pedagógica: la destrucción de la universidad pública.
No eran simples pintadas. Eran una declaración de guerra. La universidad pública es uno de los enemigos estratégicos del gobierno de Javier Milei.
Para destruirla, para destruirnos, Milei despliega una estrategia bifronte que involucra dos procesos imbricados: ajuste presupuestario y una práctica pedagógica de deslegitimación. Uno busca deteriorar las condiciones materiales de existencia de la universidad; el otro, convencer a la sociedad de que no vale la pena defenderla. Uno atenta contra los salarios, las becas, la investigación y el funcionamiento cotidiano; el otro enseña que se trata de un «curro», de una institución parasitaria, ideologizada e ineficiente. Que no se trata de un derecho sino de un privilegio. No les alcanza con desfinanciarla. También apuntan a que dejemos de reconocerla como propia. Por eso el ajuste económico es inseparable de la batalla cultural.
La historia reciente del conflicto permite advertir con claridad su estrategia económica. Desde el comienzo del gobierno de Milei, la prórroga del presupuesto nacional y la insuficiencia de las partidas frente a la inflación, deterioraron gravemente el financiamiento de las universidades nacionales. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, el deterioro de las becas y las dificultades para sostener las actividades de enseñanza e investigación fueron convirtiendo el ajuste en una amenaza concreta sobre la vida universitaria.
En abril de 2024, más de un millón de personas marchamos en defensa de la universidad pública. La movilización obligó al Gobierno a anunciar aumentos para los gastos de funcionamiento, pero no resolvió el deterioro salarial ni la pérdida acumulada de recursos. La disputa continuó.
En septiembre de ese año, el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario. Milei la vetó. En octubre, volvimos a las calles. La Cámara de Diputados no alcanzó entonces la mayoría necesaria para insistir con aquella ley. Pero la lucha no terminó. En 2025, el Congreso sancionó una nueva Ley de Financiamiento Universitario. El presidente volvió a vetarla. Esta vez, ambas cámaras reunieron las mayorías necesarias para insistir con su sanción.
El Poder Ejecutivo la promulgó, pero condicionó su aplicación y dejó sin efecto su cumplimiento material. La Justicia intervino. El 6 de octubre de 2026, un juez federal declaró inconstitucional la cláusula del decreto que había frenado la ley y ordenó aplicarla de inmediato. El Gobierno apeló la decisión, mientras continúa vigente una medida cautelar que ordena cumplir con la ley.
La secuencia es contundente: una ley sancionada por el Congreso que el Poder Ejecutivo no cumple. Estamos ante un gobierno que convirtió en opcional el cumplimiento de una obligación legal. Esta situación en la que el Poder Ejecutivo decide por sí mismo si cumple o no una ley sancionada por el Congreso y desconoce las decisiones judiciales que ordenan aplicarla, nos permite afirmar que en la Argentina no existe Estado de derecho. Que la democracia está erosionada.
Esta forma de ejercer el poder expresa el carácter fascista del proyecto político de Milei. El fascismo busca subordinar las instituciones a su voluntad. La ofensiva contra la universidad reúne esa característica: la autoridad presidencial se impone sobre los límites institucionales.
La otra cara de la ofensiva es pedagógica. La estrategia consiste en ubicar a la universidad bajo sospecha. Las universidades son presentadas como antros de adoctrinamiento; sus docentes, como militantes encubiertos; sus autoridades, como corporaciones que protegen privilegios; sus estudiantes, como beneficiarios de un subsidio injusto.
En este proceso, la gratuidad se presenta como un engaño; el derecho, como privilegio; la autonomía, como impunidad; la movilización, como conspiración. Estas enseñanzas no acompañan al ajuste: trabajan pedagógicamente para hacerlo aceptable. Para que una sociedad tolere que una institución pierda recursos, tiene que aprender a desconfiar de ella. Para que acepte la desaparición de un derecho, tiene que dejar de reconocerlo como tal.
Esta es la dimensión pedagógica del proyecto. El Gobierno no solamente toma decisiones, enseña también cómo interpretarlas. La batalla se libra también ahí, en nuestras formas de ver el mundo.
Por eso, el conflicto universitario no es tan solo un conflicto educativo. Se trata de una ofensiva político-pedagógica que expresa el carácter fascista del proyecto político de Milei.
Con una música que llega desde Francia, la persistencia de las luchas colectivas nos recuerda que ningún proyecto de dominación consigue clausurar por completo la posibilidad de resistencia. La comunidad universitaria argentina, organizada en sus gremios, centros de estudiantes, federaciones, no dejó nunca de luchar. Cuando el ajuste avanzó, se movilizó. Cuando el Gobierno vetó la ley, volvió a las calles. Cuando el Ejecutivo intentó suspender su aplicación, sostuvo el reclamo. Cuando se desconocieron derechos, organizó nuevas formas de resistencia.
El 15 de octubre vamos por la quinta marcha. Porque la lucha continúa. Cada movilización hizo y hace visible que la universidad pública es una conquista histórica; que sus recursos no son prebendas del Estado, sino una condición para garantizar derechos; que la comunidad universitaria no está dispuesta a aceptar que el odio sustituya al debate, que el ajuste sustituya a la política pública y que la voluntad de un presidente abrazado al odio sustituya a la ley.
Marchamos por el presupuesto, por los salarios, por las becas, por la ciencia y por la educación.
Marchamos porque en nuestras aulas, laboratorios, bibliotecas y pasillos todavía se producen preguntas que incomodan, conocimientos críticos, y vínculos colectivos y solidarios.
Y marchamos también contra el fascismo.
No sabemos cuándo terminará esta batalla. Sí sabemos que no se resolverá únicamente con una ley, una sentencia o una marcha. Nuestro triunfo se juega en la capacidad de sostener la organización, de construir unidad y volver a disputar pedagógicamente el sentido de lo público frente a quienes quieren convertirlo en ruina y nostalgia.
En nuestras paredes quisieron escribir la destrucción de la universidad pública. Nuestra respuesta es y será seguir enseñando, seguir investigando, seguir luchando hasta que la universidad se pinte de pueblo.
Por Cinthia Wanschelbaum * Investigadora del CONICET, área de educación. / La Tecl@ Eñe
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