En un contexto marcado por los fuertes cruces entre la Casa Rosada y la oposición por la sesión de mañana en Diputados, el oficialismo volvió a discutir en comisiones el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La falta de consensos ante el texto retrasa, por ahora, la posibilidad de un dictamen. Pero desde la bancada violeta ya abrieron la puerta para avanzar en varios cambios. El diputado libertario Damián Arabia resaltó durante el encuentro que no “imponen un texto” y que “puede ser mejorable”. La iniciativa no está incluida en el temario de la sesión del 21 de octubre, que impulsa el Gobierno. Desde la oposición volvieron a cargar contra el proyecto, que consideran “ómnibus” y hecha a medida del asesor Santiago Caputo. “Es un traje a medida de él, por eso no vino nadie del karinismo a defenderlo”, apuntó el excanciller Santiago Cafiero.
Las modificaciones en marcha giran en torno al artículo 111, que prevé penas de prisión para quienes, bajo financiamiento o instrucciones de actores extranjeros, intervengan en procesos destinados a alterar el funcionamiento institucional, influir en elecciones o promover campañas de desinformación. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) fue de las primeras en alertar sobre este punto. La entidad sostuvo que puede generar ambigüedades normativas que representan una amenaza directa a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo.
Según pudo saber Página/12, otro cambio que evalúan es el referido a la seguridad de las “infraestructuras críticas”. A su vez, trabajan en los artículos que refieren a las multas y sanciones que están dentro del primer capítulo del proyecto. El artículo 39, que refiere a la autoridad de aplicación, también está en revisión. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, ya había adelantado en la pasada reunión de comisiones la posible incorporación de una Comisión Bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional y ya se trabaja en sumarla al texto.
Durante este plenario conjunto de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, los expositores y diputados presentes volvieron a presentar sus cuestionamientos al proyecto. Una de las intervenciones más duras llegó de parte del excanciller Santiago Cafiero, que apuntó contra el asesor presidencial al referirse a la conformación que tendrá el Consejo de Seguridad que crea la norma.
“El presidente puede nombrar a un miembro no permanente, es decir, puede ser un monotributista”, sentenció. “Este monotributista se sienta y de par en par define la política de inteligencia de la Argentina; define la política exterior; define la política de defensa”, agregó, a la vez que marcó que este proyecto se enmarca en las fricciones que hay dentro del propio espacio libertario: “Los que crean que esto no es parte de la interna oficialista se están equivocando”.
A su vez, les pidió a los aliados que por estas horas están negociando cambios que “exijan que Santiago Caputo no sea el asesor de seguridad de la Argentina. Este proyecto es un traje a medida, por ese motivo no vino nadie del karinismo a defenderlo”.
Hasta el momento, la única funcionaria que se hizo presente en el plenario de comisiones fue la secretaria Legal y Técnica, Ibarzabal Murphy, que defendió, en la pasada reunión, la propuesta del Poder Ejecutivo con pocas precisiones ante las consultas de los opositores.
En este encuentro, las críticas volvieron a girar en torno a que “se mezcla peligrosamente la defensa con la seguridad interior y con la inteligencia. Áreas que han sido bien diferenciadas con las leyes de Defensa y de Seguridad Interior”, así lo marcó el especialista en relaciones exteriores Marcelo Reyes al exponer. Quien también alertó sobre habilitar a las Fuerzas Armadas en áreas de la seguridad interior, lo que “abriría una peligrosa ventana, incluso para el personal militar”.
La oposición también volvió a apuntar contra la creación del Consejo de Seguridad Nacional, el alcance de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo y los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones. El exministro de Defensa Agustín Rossi alertó específicamente sobre estos puntos. Desde Unión por la Patria también volvieron a pedir dividir el proyecto. El diputado Nicolás Trotta se refirió a la iniciativa como “ley ómnibus”, por lo que piden tratar por separado los artículos del capítulo I, que son los que realmente refieren a la cuestión Malvinas.
Mientras continúan las negociaciones frente al texto y con un cronograma incierto de cómo continuará el tratamiento del proyecto, el oficialismo decidió sacarlo del temario de la sesión prevista para el 21 de octubre. Lo que da cuenta de que el Gobierno no cuenta con los consensos necesarios para llevar la iniciativa al recinto. La secretaria parlamentaria del bloque, Silvana Giudici, anticipó que se tomarán el tiempo necesario para dictaminar y llamó a los bloques a que hagan sus aportes para “mejorar algunos puntos”.
