La causa por corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la gestión de Diego Spagnuolo suma cada vez más evidencias. Un informe escrito por Alejandro Vilches, interventor del organismo que renunció el lunes pasado, demostró que el Estado llegó a pagar sobreprecios de hasta un 1972% en insumos médicos. Entre otras irregularidades presentadas ante la Justicia, salió a la luz una factura que habría sido abonada dos veces por $28,7 millones cada una, y la verificación de la entrega de una prótesis que nunca llegó a destino.
Un caso concreto es el de un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis tras una amputación. La documentación indicaba que el elemento había sido entregado, pero eso nunca ocurrió. Incluso existía un reporte firmado por la madre del beneficiario que parecía acreditar la entrega en cuestión, pero al consultar a la familia se estableció que la firma fue obtenida mediante una “inducción a error” durante la toma de medidas.
Son más de 500 expedientes administrativos los que apuntan contra Spagnuolo, quien renunció en agosto del año pasado en medio del escándalo por las coimas. También figuran un grupo de empresas proveedoras del Estado, que emitieron facturas dirigidas a la Andis por más de $25.661 millones, entre ellas Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL, Ortopedia Bernat SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical SRL y Expo Trauma SA.
Fue una factura de Indecomm la que se abonó dos veces por el monto de $28,7 millones cada una. También detectaron la compra de válvulas bicavales transcatéter a Farma Salud por $425 millones, mientras que el PAMI había adjudicado meses antes un sistema similar por $124,2 millones, y la adquisición de productos importados con diferencias de entre 300% y 1000% con respecto a alternativas nacionales. Además, señalaron sobreprecios de hasta 4239% en la facturación de compra de andadores, sillas de ruedas y prótesis.
El expediente judicial se encuentra bajo análisis del fiscal federal Franco Picardi, quien sostiene que la ex Andis fue utilizada como una “ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados”, bajo un esquema de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude en perjuicio de la administración del Estado.
