El espectáculo brindado por la reciente visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, fue, por decirlo de alguna manera, triste. Dejó una sucesión de escenas de subordinación bastante descorazonadoras, no solo por parte de los integrantes del Gobierno, sino también de buena parte de la dirigencia política y empresaria.
Bajo un aura seudotécnica, el FMI es un organismo esencialmente político, moldeado por los intereses de las potencias, cuya función primordial consiste en imponer políticas económicas a los países que cometieron el desliz de caer en un déficit sostenido de sus cuentas externas. En la práctica funciona como una suerte de malo perfecto, ya que su instrumento de acción más efectivo es la odiosa “sumisión por deudas”.
Aunque los discursos de legitimación política intenten negarlo, el poder existe y el imperialismo también. Así como existe la dominación social por la vía económica, mediante la extracción del plusvalor del trabajo, también existe la extracción del excedente entre los países. En los comienzos de la historia, esta apropiación operaba a través de múltiples formas de conquista directa: se invadía un territorio, se plantaba bandera y se negociaba o reemplazaba a las élites preexistentes. Ya en los albores del capitalismo, el mecanismo pasó a ser predominantemente comercial. El monopolio del comercio ejercido por la Corona española durante la colonia constituye un ejemplo evidente. Más tarde, la libertad de comercio pregonada por Gran Bretaña, que favoreció los procesos independentistas latinoamericanos del siglo XIX, se convirtió en otra forma de extracción basada en lo que posteriormente se definiría como los “términos del intercambio”.
En la actualidad, aunque la extracción comercial continúa siendo un mecanismo central, el instrumento predominante y más eficaz es la deuda. Precisamente por ello, el discurso que legitima las relaciones de poder global procura extender un velo sobre la simplicidad de esta forma de apropiación del excedente entre países. Más aún: suele presentarla exactamente al revés. Según esta narrativa, la función del FMI sería la de “ayudar” a los países en dificultades. A esta visión se suman los operadores locales que repiten una frase ya convertida en lugar común: “nadie te obliga a ir al Fondo”.
Si se dejan de lado los discursos y se observan los números, el panorama resulta mucho más diáfano. Los resultados electorales más recientes parecen indicar que buena parte de la sociedad olvidó lo ocurrido entre 2015 y 2018 en materia de endeudamiento. Durante sus dos primeros años de gestión, el macrismo —insólitamente de la mano de quien hoy ocupa el Ministerio de Economía— tomó deuda de manera acelerada por alrededor de 100.000 millones de dólares. En 2018, cuando los mercados advirtieron que ese ritmo era insostenible y dejó de ser posible refinanciar los vencimientos, el Gobierno recurrió al FMI y obtuvo un préstamo por 44.000 millones de dólares.
Volver al FMI significó aceptar nuevamente sus condicionalidades de política económica. Luego de que en 2005 Néstor Kirchner se sacara de encima la tutela del organismo mediante el pago total de la deuda, el retroceso que implicó el regreso durante el macrismo fue gigantesco y, sobre todo, extraordinariamente costoso.
Desde 2018 y hasta junio de 2026 inclusive, Argentina devolvió más de 36.000 millones de dólares en concepto de capital y cerca de 20.000 millones en intereses. En total, pagó aproximadamente 56.000 millones de dólares. Aunque la prensa rara vez lleva esta cuenta, la información es pública y puede consultarse en las estadísticas oficiales del FMI, donde figura expresada en DEG (Derechos Especiales de Giro).
El gobierno de Alberto Fernández llevó adelante una refinanciación que se concretó en 2022 y generó fuertes críticas internas. Sin embargo, aquella operación no implicó nuevos desembolsos, sino únicamente una reprogramación de vencimientos con un período de gracia, precisamente el objetivo que se perseguía. En cambio, ya bajo la actual administración, en 2025, se aprobó un nuevo programa que sí incluyó desembolsos adicionales por otros 20.000 millones de dólares.
En síntesis, pese a haber pagado 56.000 millones de dólares, la deuda vigente con el organismo asciende hoy a 42.552 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro), equivalentes a alrededor de 58.000 millones de dólares. Dicho de manera sencilla: Argentina recibió 64.000 millones, pagó 56.000 millones y todavía debe 58.000 millones. Una hipoteca extraordinaria.
Según trascendió en la prensa, durante una cena con empresarios Georgieva habría afirmado: “Estoy convencida de que, en un futuro cercano, en lugar de pedirle plata la Argentina al Fondo, será el Fondo quien le pida una contribución a la Argentina”. A juzgar por los números, hace rato que el país paga el sueldo de Kristalina y deberá seguir haciéndolo con quienes la sucedan.
Más allá de los artilugios financieros, lo que aquí se observa es una extracción del excedente en vivo y en directo. Pero el problema no se limita a esta transferencia de recursos. También están los condicionamientos que el Fondo impone sobre la política económica. No se trata únicamente de relaciones entre Estados, sino de intereses de clase que se expresan a través de una determinada ideología. Por ello, para la ortodoxia económica un acuerdo con el FMI funciona como un supuesto “sello de calidad” para las políticas económicas. El regreso al paraguas del Fondo fue una decisión buscada por el macrismo; no constituyó simplemente un accidente.
Más allá de sus formas, el mileísmo sintetiza las políticas preferidas por las clases dominantes locales, que son, a su vez, las mismas que promueve el FMI como expresión del mainstream económico global. Entre ellas se destacan la reducción de los impuestos al capital —presentado como la supuesta fuente de todos los males—, la maximización de la tasa de ganancia, cuya contracara es el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, y la eliminación de la mayor cantidad posible de regulaciones sobre los movimientos de capitales y mercancías.
La condición sine qua non para reducir impuestos es disminuir el gasto público. En consecuencia, el enemigo a combatir son las funciones del Estado. Por eso se lleva la obra pública prácticamente a cero, se desfinancian la salud, la educación y, en general, los salarios del sector público, incluidos, por ejemplo, los de las Fuerzas Armadas. El próximo paso, si no existe un freno social, será profundizar el desfinanciamiento y avanzar hacia una potencial privatización del sistema previsional.
Finalmente, vale recordar que, tal como se sostuvo al comienzo, el poder y las reglas del juego global existen. Tener al FMI y a sus burócratas dentro del proceso de toma de decisiones implica una profunda pérdida de grados de libertad para la política económica. Se trata de una restricción real cuya superación no depende de los ánimos independentistas de la dirigencia, sino de cancelar la deuda. Dadas las actuales relaciones de poder, las opciones unilaterales no resultan viables, salvo que se opte por convertirse en un paria global. Por eso el macrismo constituyó una verdadera desgracia para el largo plazo de la política económica argentina. El verdadero desafío intelectual consiste en comprender por qué, de la mano del mileísmo y con respaldo de la voluntad popular, el macrismo regresó por otros medios.-
Por Claudio Scaletta / El Destape
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