La bochornosa participación de Javier Milei en la campaña electoral de Flávio Bolsonaro, con insultos a su par Luiz Inácio Lula da Silva, se convirtió primero en una crisis diplomática y ahora en una cuestión judicial. ¿Quién pagó el viaje a San Pablo? ¿Cómo se financió el hospedaje, la logística, la seguridad y el traslado de la comitiva libertaria? ¿Se utilizaron recursos de las arcas públicas de alguno de los dos países? Estas son algunas de las preguntas que el Partido de los Trabajadores (PT) formuló ante la Procuraduría General Electoral de Brasil. El espacio que lidera Lula presentó una denuncia judicial en la que pide que se investigue la excursión de Milei a la convención del Partido Liberal (PL), donde pidió el voto para el hijo de Jair Bolsonaro, agravió al mandatario brasileño y apuntó contra un juez del Supremo Tribunal Federal (STF). La presentación pone el foco en si existió una “injerencia externa indebida” por parte del gobierno argentino. Las sospechas no son infundadas. La sobreactuación mileista en suelo paulista se enmarcó en la ambición del presidente argentino de construir un bloque regional de ultraderecha y erigirse como el delegado de Donald Trump en América Latina. Para el vicepresidente Geraldo Alckmin se trató de “una grosera intromisión en asuntos internos”.
Consultada por Página/12, la Casa Rosada explicó que se trató de un “viaje oficial” y que Milei “fue invitado y condecorado por el gobernador de San Pablo”. En el marco de esa agenda, dicen, realizó la actividad partidaria. La explicación podría provocarle una complicación a Tarcísio de Freitas, en caso de que la Justicia entienda que financió una expresión partidaria. Además, fuentes allegadas a Presidencia lo compararon con la visita que Lula efectuó en julio del año pasado, cuando vino a la Argentina. “Es lo mismo que cuando vino acá. Participó en una cumbre de presidentes. Después fue a ver a Cristina. Es la misma situación”, completaron. Lo cierto es que el brasileño aprovechó la Cumbre del Mercosur en Buenos Aires para visitar a la expresidenta y no viceversa.
Tras el escándalo, el Gobierno buscó ayer minimizar el hecho. En conferencia de prensa, el vocero Adrián Ravier justificó al Presidente diciendo que “siempre han habido insultos de ambos lados”, que se trata de “diferencias ideológicas y políticas” y que “la Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático”. “No creemos que esto vaya a impactar en la parte diplomática. No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos”, concluyó.
Desde el comienzo de la gestión, e incluso durante la campaña electoral de 2023, Milei eligió a su par brasileño como blanco. En aquel entonces, lo tildó de “corrupto” y “comunista”. Es más, a su asunción invitó a Jair Bolsonaro. En ese contexto, Lula no participó de la ceremonia y envió a su canciller, Mauro Vieira.
El nuevo capítulo de esta disputa se enmarca en el objetivo del presidente argentino de impulsar una liga regional de mandatarios de ultraderecha. La sobreactuación, los gritos e insultos forman parte de una estrategia para erigirse como el principal delegado de Trump en América Latina. El sueño del libertario es diseñar un bloque subordinado a la política exterior de Marco Rubio.
En el PT hacen el mismo diagnóstico. Resaltan que el apoyo a Bolsonaro y el ataque a Lula no son aislados, sino que forman parte de una estrategia geopolítica para promover a las fuerzas de ultraderecha. De ahí que le pida a la Justicia Electoral que investigue si la participación de Milei violó las normas que regulan el financiamiento y la utilización de recursos públicos en actividades proselitistas.
Ahora la atención está puesta en la Procuraduría General Electoral. El organismo deberá definir si impulsa una investigación para determinar el origen de los fondos utilizados durante la visita de Milei, el eventual empleo de recursos públicos argentinos y la posible utilización de la estructura estatal de San Pablo para favorecer la campaña de Bolsonaro.

Desde el Planalto, ayer salió a contestar el vicepresidente Alckmin. “Un presidente no debe involucrarse en la elección de otro país, y además de ser una intromisión en asuntos internos de Brasil, lo hace de manera grosera, absolutamente grosera”, expresó. Además, subrayó que la pelea perjudica a la Argentina, al recordar que “Brasil es su mayor socio comercial”.
A priori, la confrontación parece favorecer a Lula. Lejos de bajarle el tono al conflicto, el PT respondió a las agresiones y decidió trasladar la disputa al terreno judicial. Los últimos números de Datafolha muestran al presidente brasileño al frente de la carrera electoral: reúne el 47 por ciento de intención de voto, frente al 43 por ciento de Flávio Bolsonaro. En el oficialismo interpretan que la polarización con la ultraderecha fortalece el respaldo de los sectores moderados.




























