


Del calamar al petróleo: cómo el Reino Unido consolida la explotación ilegal de Malvinas hasta 2047
Actualidad - Nacional17/07/2026



En 2022, la administración británica de las Malvinas extendió por 25 años los derechos de explotación de las principales pesquerías comerciales, consolidando un esquema que garantiza previsibilidad a las empresas hasta 2047 y refuerza el modelo económico del enclave colonial basado en la explotación de recursos naturales, en un contexto geopolítico inédito donde el Atlántico sur se convirtió en un nodo geoestratégico a nivel mundial, en función de sus recursos naturales y la proyección a la Antártida.
La decisión quedó plasmada en una resolución publicada el 31 de mayo de 2022 en el Boletín Oficial del gobierno británico de las Malvinas, donde figura que el director of Pesca estableció que las nuevas Cuotas Individuales Transferibles (ITQ, por sus siglas en inglés), que refieren a los derechos de explotación pesquera, "serán otorgadas por un período de 25 años a partir del 1 de enero de 2023", consolidando un régimen de largo plazo para las principales empresas del sector. En la práctica, el nuevo esquema garantiza esos derechos de explotación hasta 2047, salvo que sean cancelados conforme a la normativa vigente.
La medida pasó prácticamente inadvertida fuera del sector pesquero, pero representa una de las decisiones económicas más relevantes adoptadas por la administración británica. Ocurrió poco después de la aprobación del primer proyecto para la explotación petrolera de Malvinas, en la cuenca León Marino ubicada al norte de la isla Soledad, en abril de 2022. El consorcio que se adjudicó la explotación fue encabezado por la empresa israelí Navitas Petroleum, y la británica Rockhopper Exploration, que prevé extraer aproximadamente 1.700 millones de barriles de crudo para 2028. En caso de concretarse, pese a la condena del gobierno argentino, el proyecto se convertirá en el primer desarrollo off shore del archipiélago.
La doble iniciativa (petrolera y pesquera) responde a una renovada estrategia de la administración de los isleños para atraer inversiones y movilizar la economía. En paralelo, el Reino Unido continuó con su política de militarización del Atlántico sur, entre ellas el reciente paso del patrullero HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina y ejercicios militares realizados en el archipiélago.
España y Corea, entre los países que permiten la pesca ilegal en Malvinas
Un relevamiento realizado por PERFIL sobre la plataforma Global Fishing Watch, que monitorea en tiempo casi real el movimiento de embarcaciones mediante señales AIS, detectó al 6 de julio buques con bandera de España, Corea del Sur y Vanuatu operando en aguas bajo administración británica alrededor de Malvinas.
También de Taiwán, la isla autogobernada que se diferencia de la China continental que, si bien opera en la milla 201 para la pesca de calamar, desde 2010 que sus empresas no admiten licencias británicas y, por tanto, no participan de la explotación de las aguas circundantes a Malvinas. Si bien la plataforma identifica la bandera y la posición de las embarcaciones (y no el tipo de licencia bajo la que operan), el relevamiento permite dimensionar la escala del negocio pesquero en torno no solo a las Malvinas, sino también las Georgias y Sándwich del sur, donde barcos oriundos de territorios de ultramar del Reino Unido también operan con licencias ilegales.
En tanto, la pesca ilegal constituye desde hace décadas el principal sostén económico de los isleños, particularmente de los ingresos derivados de las licencias y cuotas pesqueras sobre la explotación del calamar Loligo (Doryteuthis gahi), el Illex argentinus, la merluza y la merluza negra (Patagonian toothfish).
La adjudicación unilateral de las licencias muestra además una fuerte concentración empresarial, considerando la mancha negra que supone a empresas operar con licencias británicas, ilegales en función de normativa de la ONU pero también la ley nacional 26.659 que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Una normativa que no solo prohíbe realizar dichas actividades sin autorización de la Cancillería argentina, sino que prevé sanciones como la inhabilitación de 5 a 20 años para operar en el país.

Entre las quejas y el viaje de Milei
A nivel local, avance del esquema pesquero volvió a instalar el debate sobre la falta de controles argentinos en el Atlántico Sur. Durante un plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, en junio de 2026, el exministro de Defensa y diputado Jorge Taiana sostuvo: "Argentina tiene una zona claramente afectada por la pesca ilegal que es Malvinas. En esa área de nuestra Zona Económica Exclusiva, los británicos otorgan licencias ilegales de pesca por hasta 25 años sin autorización argentina. Allí claramente hay pesca ilegal".
La consolidación del negocio pesquero coincide con una nueva etapa para la economía isleña. Si se cumplen los cronogramas presentados por el consorcio integrado por Navitas y Rockhopper, León Marino comenzará a producir petróleo en 2028, convirtiéndose en el primer desarrollo offshore comercial en aguas de Malvinas. Según las estimaciones difundidas por las compañías, el proyecto permitirá explotar cientos de millones de barriles recuperables y se convertirá en el segundo gran pilar económico de la administración británica del archipiélago, junto con la pesca.
Mientras el reclamo argentino continúa desarrollándose principalmente en el plano diplomático, a través del Comité de Descolonización y los gestos de la diplomacia argentina en foros internacionales, Londres no solo no tiene incentivos para sentarse a negociar sino que consolida la explotación de los recursos de Malvinas a través de dar luz verde a las licencias otorgadas por los isleños para la pesca, el petróleo y otros recursos hidrocarburíferos. En paralelo, el gobierno de Javier Milei impulsó un acercamiento diplomático con el Reino Unido, que podría incluir un viaje del Presidente a la capital británica, siguiendo el ejemplo de Carlos Menem, el único en concretarlo tras la guerra de Malvinas en 1982.
Fuente: Perfil


























