Tras más de dos años de salarios, jubilaciones y programas sociales que crecieron por debajo del costo de vida, miles de familias recurrieron al crédito para afrontar gastos corrientes, como alimentos, servicios e incluso medicamentos. El resultado fue un incremento inédito de la morosidad: según el Banco Central, el incumplimiento de las familias con entidades bancarias escaló hasta el 12,1 por ciento, el nivel más elevado de las últimas dos décadas. Frente a ese escenario, bancos públicos y distintos gobiernos provinciales comenzaron a desplegar programas para refinanciar deudas y evitar que el sobreendeudamiento termine expulsando a más personas del sistema financiero.
Aunque cada iniciativa tiene características diferentes, todas parten del mismo diagnóstico: el problema no es individual sino estructural, sintomático. La expansión del crédito al consumo durante 2024 y 2025 permitió sostener parcialmente el gasto de los hogares en medio de la caída de los ingresos reales, pero el endurecimiento de las condiciones financieras, en un contexto de deterioro del mercado laboral y los ingresos derivaron en un crecimiento acelerado de la mora.
El programa del Banco Nación
La iniciativa más reciente corresponde al Banco Nación, que pondrá en marcha una línea de créditos UVA destinada a refinanciar deudas de consumo en situación de mora. El programa, que comenzará a operar el 29 de junio, permitirá consolidar obligaciones vencidas mediante préstamos con plazos de hasta diez años y tasas subsidiadas respecto de las que enfrentan actualmente los deudores. El objetivo es que quienes dejaron de pagar préstamos personales o tarjetas puedan regularizar su situación y recuperar capacidad de pago sin quedar definitivamente excluidos del sistema financiero.
Destinada a clientes del Banco Nación con deudas de consumo en mora superior a 90 días, ofrece una tasa nominal anual fija del 12 por ciento. Para el resto de los solicitantes —entre ellos autónomos y monotributistas que no perciban sus ingresos a través de la entidad— la tasa será del 14 por ciento. Hasta ahora, el banco sólo contaba con un esquema personalizado de consolidación de deudas. Ahora incorpora una herramienta específica para quienes acumulan atrasos importantes, extendiendo significativamente los plazos de devolución.
La propuesta del Banco Provincia
El Banco Provincia adoptó una estrategia diferente. Su programa apunta principalmente a clientes con mora temprana, es decir, atrasos de hasta 90 días, con la intención de evitar que esas deudas evolucionen hacia situaciones de incumplimiento más severas. La entidad ofrece refinanciaciones que cubren hasta el 100 por ciento del monto adeudado, incluyendo intereses y gastos, y contempla plazos que pueden llegar hasta seis años, con condiciones diferenciadas según el grado de mora.
Para personas con atrasos de hasta 90 días ofrece préstamos a una tasa nominal anual fija del 83,33 por ciento, mientras que los clientes que perciben sus haberes en la entidad pueden acceder sin necesidad de realizar un anticipo. Además, dispone de condiciones preferenciales para sectores de menores ingresos (ingresos menores a 4 salarios mínimos), con una tasa reducida al 41,67 por ciento, y contempla mecanismos específicos para deudores con mora superior a 90 días, incluyendo refinanciaciones de largo plazo y, en los casos más críticos, quitas de capital o cancelaciones por saldo contable.
La lógica detrás de esta herramienta es preventiva. Mientras el Banco Nación concentra buena parte de su esfuerzo en deudores que ya ingresaron en una situación crítica, el Provincia busca intervenir antes de que el atraso se profundice y termine deteriorando definitivamente el historial crediticio del cliente.
El plan aprobado por la Ciudad
La tercera iniciativa tiene un origen distinto. La Legislatura porteña aprobó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que será instrumentado inicialmente por el Banco Ciudad y luego podrá extenderse a otras entidades financieras que adhieran voluntariamente.
A diferencia de las líneas bancarias tradicionales, el programa establece por ley condiciones mínimas para la refinanciación: una tasa nominal anual fija máxima del 35 por ciento, plazos de al menos 24 cuotas y requisitos estrictos de acceso. Sólo podrán ingresar familias con ingresos inferiores a diez salarios mínimos, que destinen más del 30 por ciento de sus ingresos al pago de deudas y registren atrasos de entre 60 y 180 días en préstamos personales o tarjetas emitidas por entidades reguladas por el Banco Central. Quedan excluidas las obligaciones con billeteras virtuales y financieras no bancarias.
El proyecto incorpora además incentivos tributarios para las entidades que participen y prevé un mecanismo mediante el cual el Banco Ciudad podrá cancelar directamente la deuda con el banco acreedor original, sustituyendo luego ese pasivo por un nuevo préstamo en condiciones más favorables para el deudor. También contempla una línea específica para emprendedores y trabajadores informales endeudados con el propio banco.
El síntoma de una crisis de ingresos
La aparición casi simultánea de estos programas constituye, en definitiva, un indicador del deterioro de la economía de los hogares. Las refinanciaciones alivian la carga financiera y permiten evitar procesos judiciales o exclusiones del sistema bancario, pero no modifican la causa del problema. El aumento de la mora responde al deterioro de los ingresos reales provocado por el programa económico del Gobierno nacional, que utilizó la contención de salarios, jubilaciones y transferencias sociales como uno de los principales anclajes para desacelerar la inflación.
