Pasaron 247 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei, pero ya no hay excusas. La Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario que presentó la Casa Rosada y no le queda otra alternativa más que cumplir con lo que dictaminó el Congreso dos veces y, luego, el Poder Judicial en todas las instancias. En el medio, pasaron cuatro marchas universitarias en más de dos años y miles de protestas en todo el país. Ayer, los tres jueces del máximo tribunal dejaron firme la cautelar que le ordena al Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6, que actualizan los salarios y las becas desde diciembre de 2023.
La decisión de la Corte llega quince días después del acuerdo entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez; y el CIN y los gremios docentes y no docentes. El 10 de junio se definió un aumento del 24,9% para los trabajadores universitarios (21,3% en junio y el restante en octubre). Una recomposición que subsana el desfasaje del 2025 y un 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de 2024, pero que está lejos de reponer todo el poder adquisitivo perdido. Es decir, que para que el gobierno de Milei cumpla efectivamente con la ley –que indica que la actualización debe ser en un porcentaje no inferior a la inflación informada por el Indec– se necesitaría una suba adicional del 29 por ciento, según los cálculos de los gremios.
Este diario consultó al Ministerio de Capital Humano sobre los pasos que seguirá tras el fallo de la Corte, pero no tuvo respuesta. Desde el CIN, Bartolacci consideró que “si hay cosas que ya se fueron cumpliendo respecto de lo estipula la ley, deberán ser contenidas como parte del cumplimiento ya hecho y deberán cumplir lo que resta”.
Para el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, la decisión de la CSJN también “sirve y mucho para que no se sigan yendo los docentes. Es un triunfo de toda la sociedad argentina”. Es que, según los datos de la Conadu, desde que asumió Milei casi 10 mil docentes renunciaron a sus cargos en instituciones públicas por los bajos salarios. O bien decidieron para pasarse a universidades privadas o a otros empleos por fuera de la docencia.
El camino pedregoso de la ley
En agosto de 2025, el Senado sancionó la ley de presupuesto, pero un mes después Javier Milei la vetó con el argumento de que tenía un “costo fiscal inaceptable” a pesar de que la Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que el impacto estimado es del 0,23 por ciento del PIB, un número irrisorio para la magnitud del gasto general. En octubre, el Parlamento rechazó el veto. Pero, a través de un decreto, la Casa Rosada declaró “suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.
En ese momento, el CIN presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional y el 23 de diciembre, el juez Martín Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6, y seis días después, el Poder Ejecutivo apeló la medida. El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de Cormick y ratificó la cautelar a favor de las universidades, algo que finalmente el Gobierno intentó revertir con el recurso extraordinario que resolvió la CSJN.
La cuestión de fondo
Aún queda por definirse la cuestión de fondo, que tiene que resolver la justicia en lo contencioso administrativo federal, que mientras tanto habilitó la cautelar por considerar que el incumplimiento en la aplicación de la ley podía ocasionar graves perjuicios y el deterioro salarial, afectando el derecho de enseñar y aprender. Es por eso que desde el CIN hicieron un pedido de pronto despacho para que se resuelva más allá de los dos artículos más urgentes y que tiene que ver con ítems como gastos de funcionamiento y la inversión en ciencia. “Independientemente del recorrido que haga la discusión sobre la cuestión de fondo, el Gobierno tiene que, de manera inmediata, aplicar lo que está contenido en la cautela, que son estos dos artículos”, dijeron desde el CIN.
“Tenemos que agradecer el esfuerzo de la comunión universitaria del país y de la sociedad que nos abrazó cada vez que fue necesario”, dijo Bartolacci y agregó: “si no, no hubiésemos llegado hasta acá”.
