La Secretaría General de Presidencia aumentó sus fondos un 141% y mantiene en reserva los consumos de tarjetas corporativas

El aumento del presupuesto quedó plasmado en la Resolución 35/2026, firmada a fines de enero y publicada en el Boletín Oficial a principios de febrero. Según indicó Noticias Argentinas, esta normativa fijó el límite de gastos individuales en 50 millones de pesos por cada operación y estableció excepciones al tope únicamente para el pago de servicios básicos, débitos por embargos y los costos vinculados a viajes presidenciales.

Ante un pedido de acceso a la información pública, la dependencia oficial brindó detalles sobre la estructura de este esquema. Con datos actualizados hasta el 10 de junio, Presidencia reportó la existencia de 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas de crédito corporativas y 62 usuarios habilitados para operar dentro de la plataforma "Corporativa Nación".

Sin embargo, la respuesta oficial sobre los movimientos del dinero no fue completa. La solicitud original reclamaba acceder a los resúmenes mensuales, el listado de comercios proveedores, los montos gastados, las facturas y los expedientes de rendición. El Ejecutivo entregó la nómina de funcionarios vinculados a los plásticos, pero no aportó la documentación que permitiría verificar en qué se utilizaron los fondos públicos.

La documentación oficial entregada reveló los nombres que integran este sistema. Karina Milei figura con una tarjeta bajo la órbita de su secretaría privada, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel aparece asociada a dos plásticos del Fondo Rotatorio (uno para "Viáticos y Eventuales" y otro para "Anticipos"). También integran la lista el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría.

Los sistemas y las rendiciones internas

La falta de detalles llama la atención porque el Estado cuenta con la tecnología para mostrar el desglose completo. Según el convenio con el Banco Nación que la propia Casa Rosada entregó, el sistema permite ver en línea las transferencias, los movimientos de las cuentas, identificar los comercios y emitir reportes completos de cada compra.

Además, el manual interno para manejar las cajas chicas es muy estricto con las rendiciones. La norma prohíbe pasar gastos hechos con tarjetas personales y obliga a registrar cada operación en un expediente electrónico (GDE) con facturas a nombre de la dependencia, la justificación de la compra y las firmas digitales. La regla es clara: si hubo gastos, tienen que estar los comprobantes. Si no se gastó nada, deberían mostrar los resúmenes en cero.

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Otro dato que surge de los documentos es que se mezclan algunos roles administrativos. Gabriela Winnik y Marcelo Luque Mariño, que son los responsables formales de administrar el Fondo Rotatorio, también aparecen en la lista de usuarios con tarjetas de crédito activas dentro de ese mismo circuito. Por su parte, María Elisa Del Malvar tiene a su nombre una tarjeta de crédito, una recargable y, al mismo tiempo, cuenta con el perfil de "Administrador Raíz", el nivel de mayor control del sistema.

El Gobierno había admitido que abrió una investigación interna por un posible uso irregular de estas tarjetas corporativas. La Dirección de Sumarios avisó que el caso se cerró el 6 de abril porque no detectaron un daño económico para el Estado, pero no quiso entregar el expediente. De esta manera, es imposible saber qué tarjeta estuvo en la mira, cuánta plata se analizó o si alguien tuvo que devolver fondos antes de que archivaran el tema.