La lista de funcionarios y legisladores libertarios que ingresaron al festival de créditos VIP del Banco Nación aún no está cerrada. En el raconto de beneficiarios con montos más altos figuran 25 miembros del oficialismo que recibieron financiamiento por 6.500 millones de pesos, mientras el Gobierno denostaba a la banca pública y trabajaba en su privatización. En algunos casos, ni siquiera fue para adquirir una primera vivienda, sino para comprar casas de fin de semana. El escándalo político acumula denuncias en la Justicia. En esa nómina corta de 25, siete integran el equipo económico, diez son diputados violetas o aliados, dos miembros de Presidencia, dos de Capital Humano, uno de Jefatura de Gabinete, otro Defensa, un director de YPF y el sobrino de Martín Menem. De los apuntados, Federico Furiase aparece entre los más complicados. El secretario de Finanzas negó haber recibido privilegios y alegó que tramitó el crédito como cualquier hijo de vecino. Sin embargo, quedó en la mira por la cantidad de inmuebles que posee, la velocidad de la aprobación del crédito y porque al momento de la solicitud era director del Banco Central, el organismo regulador del sistema financiero. Las acusaciones van desde conflicto de intereses, abuso de autoridad, administración fraudulenta hasta tráfico de influencias.
Líneas de investigación
¿Existió una ventanilla de créditos VIP para funcionarios? ¿Se respetaron los requisitos correspondientes en la relación ingresos y cuotas? ¿Hubo facilidades en los otorgamientos? Esas son las claves de las denuncias que están en los tribunales. La presentación de la diputada Mónica Frade, que será ratificada el próximo miércoles, apunta a casos específicos: Federico Furiase, Felipe Nuñez y Pedro Inchauspe, por ser parte del equipo económico del Gobierno; Sharif Menem, community manager de Martín Menem, que recibió un préstamo abultado con tan solo 24 años; y la diputada Lorena Villaverde, a quien la rechazaron una carpeta en la sucursal del banco en Cipolletti.
Lo que además complica a Furiase es su doble rol como director del Banco Central en 2025 y beneficiario del Banco Nación. “Ahí hay negociaciones incompatibles. No solo tenía información privilegiada, sino que participaba de las decisiones. Son los que fijan las tasas del financiamiento”, explicó la diputada Frade a Página/12 respecto de un posible conflicto de interés. En el mismo cuadrante entran Pedro Inchauspe, miembro del Central y Felipe Núñez, asesor de Toto Caputo. El primero recibió 510 millones de pesos y el segundo 373 millones. “No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino”, se excusó Núñez, quien tiempo atrás definía al Banco Nación como “una cueva de acomodados políticos que solo sirve para timbear los ahorros de la gente”.
El Ministerio de Economía aporta otros cuatro nombres a la lista. Se destaca Felipe Beron, subsecretario de Servicios Financieros y hombre de extrema confianza de Luis Caputo. En su currículum cuenta haber trabajado como analista en la financiera Anker de Toto. Recibió financiamiento por 362 millones. La nómina la completan Juan Manuel Garzón (180 millones), Subsecretario de Programación Microeconómica; Javier Matías Mana (242 millones), Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales; y Federico Ramos Nápoli (197 millones), secretario de Asuntos Nucleares. Entre los tres acumularon préstamos por más de 600 millones de pesos.
Villaverde, en tanto, se lleva todas las miradas. Recibió el crédito en Banco Nación luego de haber reprobado los requisitos en una sucursal de Río Negro. “Se lo rechazaron porque está embargada y procesada en una causa por estafa por sobrevender lotes para desarrollos inmobiliarios. Y desde la central alguien levantó un teléfono y se lo aprobaron”, relató Esteban Paulón. El diputado se refiere a una medida dictada por la Justicia de Río Negro por 31 millones de pesos en una causa por venta fraudulenta de terrenos en Las Grutas. En su prontuario también aparecen presuntos vínculos con Claudio “Lechuga” Ciccarelli, primo del empresario Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.
Ni bien trascendió el escándalo de los créditos, Paulón realizó un pedido de acceso a la información pública al Banco Central y al Nación para conocer el marco regulatorio de los otorgamientos e identificar si hubo discrecionalidad. El Gobierno, hasta ahora, lo cajenea.
La otra denuncia que llegó a los tribunales la efectuó el abogado Alejandro Díaz Pascual. La presentación apunta contra las autoridades de la entidad bancaria por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública. El expediente recayó en el juzgado de Daniel Rafecas y fue derivado al de Ariel Lijo. Así, el juez acumula causas sensibles para la Casa Rosada como la sospechosa evolución patrimonial de Manuel Adorni.
Auditoría interna y vocería cerrada
Para intentar hacer control de daños, el Gobierno ordenó una auditoría interna a más de 40 personas políticamente expuestas. Según su relato, todos los préstamos estuvieron bien otorgados y en los próximos días lo pondrá a disposición de la Justicia.
Con la vocería clausurada hasta nuevo aviso por el inexplicable estilo de vida de Manuel Adorni, los que salieron a poner la cara fueron el Presidente y el ministro Luis Caputo.
Las explicaciones generaron más confusión. “¿Haber tomado ese crédito mató gente?”, fue la extraña defensa de Javier Milei. “No hubo nada ilegal ni inmoral. Eran una mega oportunidad”, completó Caputo sin pudor y sin tener en cuenta que el 90 por ciento de los argentinos gana menos de 2 millones de pesos y no puede acceder a un préstamos hipotecario.
