El ingenio popular rebautizó en las redes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como “Alhorni”, jugando con la frase “estar al horno”. Porque, aunque todavía Milei lo sostenga en su cargo, cada vez se lo ve más complicado ante la Justicia y la opinión pública. Podríamos decir que el gobierno entero empieza a quedar “alhorni”. Porque a las complicaciones judiciales se le suman escándalos que ya no pueden aislarse como casos individuales. El episodio de $LIBRA, con nuevas revelaciones que incluso fueron publicadas en el New York Times, destacando siete llamadas entre Milei y Mauricio Novelli en momentos clave del lanzamiento de la cripto estafa.
Y a eso se agrega el caso ANDIS, que a la filtración de los audios por desvío de fondos para personas con discapacidad ahora se suma la revelación de un desvío de fondos por aproximadamente 76 mil millones de pesos.
Además de otro escándalo reciente, el de los préstamos del Banco Nación, que golpea al corazón del relato oficial. En los últimos días se conoció que al menos una veintena de funcionarios y legisladores vinculados al gobierno accedieron a créditos millonarios otorgados por la banca pública, con montos que en algunos casos superan los 500 millones de pesos, plazos de hasta 30 años y tasas cercanas al 4,5%, muy por debajo de las condiciones de mercado.
Estos beneficios alcanzaron a figuras clave del equipo económico como Federico Furiase, Felipe Núñez y Pedro Inchauspe, entre otros, lo que desató denuncias judiciales por posible defraudación, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. En su última entrevista televisiva, el Presidente se justificaba por los escándalos de préstamos en el Banco Nación. La Justicia será quien tenga que determinar si los funcionarios incurrieron o no en un delito. Sin embargo, la distinción entre legalidad y legitimidad es clave para entender el trasfondo ético de afirmaciones como la de Javier Milei. Se justifica desde sus principios anarco-capitalistas, la defensa de la libertad y la vida.
El filósofo Immanuel Kant, en su trabajo “Fundamentación de la metafísica de las costumbres” (1785), desarrolló una máxima ética, el “imperativo categórico”: “Obra de tal modo que tu acción pueda convertirse en una ley universal”. Es decir, que el comportamiento individual —y más aún el de quienes ejercen el poder— debe poder sostenerse como regla general sin generar contradicciones ni privilegios. Bajo esa luz, el problema no es solo si estos créditos eran legales, sino si podrían justificarse como práctica extendida sin erosionar la idea misma de igualdad ante el Estado.
La legalidad remite al cumplimiento formal de la ley: si un funcionario accede a un crédito del Estado su conducta puede considerarse jurídicamente válida. Sin embargo, la legitimidad pertenece a otro plano: el de la aceptación social, la justicia percibida y la coherencia ética del acto. Estamos hablando de un presidente que hizo campaña diciendo que iba a cerrar el Banco Central y privatizar el Banco Nación, y acusaba a todo el mundo de delincuentes simplemente por trabajar para el Estado o recibir un subsidio.
En un contexto donde el propio gobierno construyó su identidad sobre la crítica al Estado y la consigna de que “no hay plata”, la imagen de funcionarios accediendo a créditos privilegiados de un banco público genera una contradicción difícil de explicar y alimenta la percepción de una nueva élite beneficiada por el poder.
Lo legal fija el piso, pero la legitimidad marca el techo de lo aceptable. Cuando ese techo se erosiona, incluso sin delitos, se debilita la confianza pública, que es un activo central para cualquier gobierno.
Con el objetivo de tapar los escándalos de corrupción que sacuden al oficialismo, Milei arremetió nuevamente contra los periodistas. Hoy, las tapas de los diarios con distintas orientaciones políticas reflejan los avances de la Justicia en las investigaciones contra Manuel Adorni.
La Justicia ordenó el levantamiento de su secreto fiscal, bancario y financiero, así como el de su esposa y una empresa vinculada. La medida fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita y aprobada por el juez Ariel Lijo, con el objetivo de profundizar dos ejes clave: los viajes al exterior del funcionario y la adquisición de propiedades mediante mecanismos como hipotecas privadas. También se levantó el secreto de otras personas involucradas en estas operaciones.
La causa busca reconstruir la trazabilidad del patrimonio y los movimientos económicos de Adorni, incluyendo ingresos, bienes, deudas, declaraciones juradas y vínculos comerciales.
