Revelan que el puerto de Ushuaia habría sido clave para ingresar a la Junta por la Paz

Un informe publicado por la revista Foreign Affairs Latinoamérica encendió la polémica al señalar que el gobierno de Javier Milei habría ofrecido el puerto de Ushuaia como parte de una negociación internacional para facilitar el ingreso del país a una iniciativa conocida como “Junta por la Paz”, promovida por Donald Trump.

Según el artículo, esta estrategia se vincula con decisiones recientes como la intervención administrativa del puerto fueguino, que cobraría un nuevo sentido en el marco de una política exterior orientada a fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos. La publicación sugiere que dicho activo estratégico podría haber sido considerado como una forma de compensación para acceder a esta organización internacional, cuya membresía tendría un costo estimado en mil millones de dólares.

El informe también pone en contexto movimientos previos que generaron interrogantes, como la llegada en enero de un avión militar Boeing C-40 Clipper a Ushuaia, con una comitiva de congresistas estadounidenses. En su momento, la explicación oficial fue limitada y se atribuyó a una visita institucional, sin mayores detalles.

En este escenario, el control del puerto adquiere una dimensión estratégica adicional. De acuerdo a la publicación, permitiría ampliar su uso hacia fines militares y comerciales vinculados a intereses estadounidenses, más allá de su rol habitual dentro del sistema federal argentino.

El valor geopolítico de Ushuaia resulta clave en este análisis. La ciudad constituye uno de los principales puntos de conexión del Atlántico Sur y una puerta de acceso privilegiada a la Antártida, en un contexto de creciente competencia internacional por rutas marítimas, recursos naturales y presencia en el continente blanco.

La eventual participación de Estados Unidos en la operatoria del puerto también genera preocupación en distintos ámbitos. Se advierte sobre posibles tensiones diplomáticas, tanto a nivel interno como con países de la región como Chile, además de cuestionamientos en torno al cumplimiento del Tratado Antártico, que limita la actividad militar en la zona.

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial por parte del gobierno nacional sobre la existencia de un acuerdo de estas características.