Las provincias acumulan una pérdida de $15,3 billones en lo que va de la gestión Milei
Actualidad - Nacional16/03/2026
La caída de la recaudación nacional y el desplome de las transferencias discrecionales dejaron un fuerte agujero en las cuentas provinciales. Entre la merma de los recursos coparticipables y el retroceso de las transferencias no automáticas (TNA), las provincias acumularon una pérdida de $15,3 billones (a precios de febrero de 2026) respecto a los niveles de ingresos que recibían en 2023. El recorte impacta de lleno en la capacidad fiscal de los distritos para sostener servicios, inversión pública y políticas sociales, en un contexto donde el deterioro de los ingresos de los hogares profundiza las dificultades para cubrir gastos básicos.
El impacto alcanza a las 23 provincias, con varias jurisdicciones que superan el billón de pesos de caída acumulada. En términos absolutos, Buenos Aires aparece como la más afectada: entre 2024, 2025 y los primeros meses de 2026 perdió $10,9 billones en recursos nacionales respecto de lo que habría recibido si se hubieran mantenido los niveles de 2023. Detrás se ubican Santa Fe, con una merma de $2,2 billones, y Córdoba, con $1,9 billones, seguidas por Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero y Tucumán, todas con recortes superiores al billón de pesos.
La contracción de recursos se produce, además, en un escenario económico adverso con caída de la actividad, retrocesos en la recaudación tributaria y un deterioro marcado en las condiciones de vida. En distintas regiones del país, los hogares reportan mayores dificultades para llegar a fin de mes, recortes en el consumo de alimentos y un aumento de las estrategias de supervivencia como el endeudamiento o la búsqueda de trabajos adicionales, lo que refleja cómo el ajuste fiscal también se traslada al entramado social.
Recursos en caída libre
El recorte de recursos que llegan a las provincias evidenció su impacto en números concretos. La combinación entre la caída de la Coparticipación y el desplome de las Transferencias no Autonómicas (TNA) dejó a casi todo el mapa federal en rojo.
En concreto, a comienzos de este año las provincias ya habían acumulado una pérdida de $15,3 billones (a precios de febrero2026) respecto al nivel de recursos nacionales de 2023. “Producto de la caída de la recaudación de los últimos dos años, cayeron los recursos tributarios de origen nacional (los recursos coparticipados) que reciben las provincias, pero también cayeron las transferencias no automáticas que hace el Gobierno”, señaló un documento del Instituto Argentina Grande (IAG).
Si se pone la lupa en la situación de cada jurisdicción se observa que la Provincia de Buenos Aires (concentra al 38% de la población argentina), es la más afectada en términos absolutos: entre ambos conceptos en 2024, 2025 y los dos meses de 2026 recibió $10,9 billones menos comparado a lo que habría recibido de haberse mantenido el nivel de ingresos de 2023. En otras palabras, ello se traduce en que PBA recibió $622.235 pesos menos por habitante desde el cambio de gestión nacional (sin contemplar, por ejemplo, fondos adeudados por obras paralizadas).
De esa forma, la caída de los recursos coparticipables combinada con el impacto de la merma en los TNA golpeó con fuerza las finanzas provinciales. Medido a precios de febrero de 2026, detrás de Buenos Aires que encabeza que lidera por amplio margen las pérdidas, aparecen Santa Fe con un rojo acumulado de 2,2 billones, y Córdoba, con 1,9 billones, seguidas por Chaco (-1,3 billones), Entre Ríos (-1,2 billones), Santiago del Estero (-1,1 billones) y Tucumán (-1,1 billones). En un segundo grupo se ubican La Rioja, Formosa, Mendoza, Misiones y Corrientes, todas con pérdidas que rondan o superan los 800 mil millones de pesos. En contraste, el relevamiento mostró una excepción: la Ciudad de Buenos Aires, que registra un resultado favorable de 1,01 billones de pesos (explicado por el efecto de los TNA y tras un fallo judicial como compensación por la disputa por la Coparticipación).
Esto ocurre en un escenario general donde la recaudación evidenció un sostenido retroceso. En detalle, contra febrero del 2025 cayó un 9,8% en términos reales. Así, se situó como el segundo peor febrero de los últimos 15 años (después de 2024). En relación, la mayoría de los impuestos mostraron variaciones interanuales negativas. Los impuestos vinculados al comercio exterior (Derechos de exportación: -39,7; Importación: -26,7%; IVA DGA: -36,9% y Ganancias DGA: -48,3%) son los que protagonizaron caídas interanuales más fuertes. En consonancia con la caída del empleo formal, los ingresos de la Seguridad Social -que suman al total de los recursos tributarios- disminuyeron (-5,1%).
MÁS INFOLos impuestos vinculados a la actividad -IVA y créditos y débitos- también tuvieron marcadas caídas (IVA interno: -3,5% y créditos y débitos: -7,8%). Solamente creció Ganancias DGI por cuestiones contables (cambio del esquema de adelantos y aumento de la alícuota para este tramo) y el impuesto a los combustibles, cuyos montos fijos el Gobierno viene subiendo por encima de la inflación (+18,7% interanual).
Condiciones de vida en las provincias
“No tengo para darle de comer a mis hijos", "tengo que estirar la comida con agua", "hay días que solo cenamos mate cocido con pan", "mis hijos ya no toman leche porque en la escuela no dan más”. Los testimonios corresponden a un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con Ágora Consultores y busca dar cuenta de las consecuencias de las políticas de la administración libertaria en las distintas poblaciones del país.
Según los resultados, el 42% de las personas encuestadas respondió que su situación económica “empeoró el último año” y el 16% indicó que “sigue siendo igual de mala que en 2024”. El 52% de la muestra reconoció que los ingresos “no les alcanzan” y 6 de cada 10 debió hacer ajustes en alimentos por falta de recursos.
A su vez las diferencias por regiones son elocuentes: en CABA el 79% respondió que “no le alcanza”, le sigue la región Noroeste (NOA) con 65% y la Noreste (NEA) con un 64%. Mientras que en Cuyo, Buenos Aires y Patagonia, los porcentajes van del 50 al 40%. En los hogares que conviven con personas mayores o con discapacidad que requieren cuidados, el 71% hace esta evaluación. No les alcanza porque “todo subió el triple”, comida, luz, remedios, alquiler.
La sostenida pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y el recorte de políticas públicas en un marco de ajuste de recursos para los Estados, llevó a las familias a implementar diferentes “estrategias” para subsistir. Así, el 60% de quienes respondieron cubrió con desahorro, crédito formal o familiar o incluso un trabajo extra (el 32% de las personas ocupadas encuestadas tiene más de un empleo).
Por último, también creció la población que asiste a un comedor o recibe mercadería (14% vs 8%) y la mayoría dentro de este grupo (un 60%) identificó que hay menos disponibilidad de alimentos que antes.
Por Eugenia Rodríguez / El Destape
