Indemnizaciones: el nuevo fondo facilitará más el despido a las grandes empresas

“La gente se queda sin trabajo, pero a las 48 horas tiene tres ofertas nuevas” señaló esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, al participar del aniversario de la Fundación Mediterránea en Córdoba. Sin embargo, la reforma que el oficialismo presenta como una modernización del mercado de trabajo, introduce cambios significativos que, lejos de garantizar nuevos puestos disponibles, termina por facilitar más los despidos y sobre todo a las grandes empresas.

A contramano del discurso que repiten voceros oficiales y extra oficiales, respecto de que el objetivo sería atender el “ahogo” de las PyMES, un análisis detallado del texto final de la reforma mostró que la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a financiar los despidos mediante aportes que hoy van al sistema de Seguridad Social, no solo modifica el cálculo de indemnizaciones (solo se considerará el salario básico —sin adicionales— y el pago podrá realizarse en hasta 12 cuotas) sino que el sistema reduce el costo efectivo del despido particularmente en empresas grandes que cuentan con mayor masa salarial y, por lo tanto, con más capacidad para acumular recursos en ese fondo que sería administrado por una entidad financiera.

Además, esto ocurre en un escenario donde el gobierno de Javier Milei busca que la inversión en actividades primarias y las exportaciones sin valor agregado reemplacen a la producción local y al consumo como motores del crecimiento. De ahí las permanentes noticias de cierre de empresas (tal el caso de FATE, histórica productora de neumáticos) y los datos de mora récord de las familias, expresiones del cambio estructural que busca imponer el Ejecutivo, todo a costa de una crisis de ingresos generalizada.

Un sistema para favorecer a las empresas grandes

Aunque el Gobierno nacional sostiene que los cambios que introdujo en la reforma laboral aprobada días atrás en el Congreso busca “equilibrar costos” entre empresas de distinto tamaño, un análisis detallado del texto de la ley pone sobre la mesa efectos totalmente contrarios al discurso oficial.

Al respecto, en la práctica, el Fondo de Cese Laboral (FAL) creado para financiar indemnizaciones por despidos facilitará más las desvinculaciones de personal en las grandes empresas que en las PyMES. Así lo señaló un informe del economista Federico Pastrana quien explico que, dado que dicho fondo está estructurado sobre la masa salarial total de cada empresa, “cuanto mayor sea el número de trabajadores y el volumen de salarios, más rápido se acumularán recursos disponibles para financiar indemnizaciones”. 

Así, las diferencias entre el tiempo que le demandaría a cada firma hacer frente ese fondo son significativas: una empresa con apenas dos empleados podría tardar más de seis años en reunir los fondos necesarios para pagar una indemnización equivalente a cuatro salarios. En cambio, una firma mediana con 50 trabajadores podría acumular ese monto en apenas tres meses, lo que le permitiría financiar varias desvinculaciones en un período relativamente corto. Por el contrario, en compañías grandes, con alrededor de 200 empleados, el tiempo se reduce aún más: apenas dos meses. 

En otras palabras, mientras que las PyMEs tardarían años en reunir los recursos necesarios, las empresas de mayor tamaño podrían utilizar el fondo con mucha mayor rapidez. Esto se explica, según el especialista, porque pese a aportar un porcentaje menor al fondo (el 1% de las remuneraciones brutas para grandes empresas y el 2,5% en PyMEs va al FAL) las empresas grandes podrían utilizar el mecanismo con mucha mayor rapidez que las pequeñas y medianas empresas. 

Hay que tener presente que el diseño del FAL implica justamente que será financiado con recursos que actualmente integran el sistema de Seguridad Social y quedará bajo la órbita del empleador que debe manejarlo vía una entidad financiera habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). No es menor, esta combinación -financiamiento público y administración vinculada a la empresa- no registra antecedentes comparables a nivel internacional.

En términos fiscales, además, la reducción de aportes al sistema previsional para financiar desde el Estado este nuevo fondo implicaría un nuevo ajuste para las cuentas públicas (0,4% del PBI), en un marco de estancamiento del empleo registrado, menor consumo y cierre de empresas que afectan el nivel de actividad y ya se siente en la recaudación nacional (ya lleva siete meses consecutivos en contracción) “El gobierno plantea la reforma como una modernización, sin embargo, luce más como una búsqueda por forzar la tolerancia social del programa económico, con el fin de avanzar en la estabilización y el cambio de la estructura laboral y productiva”, señaló el economista, director de la consultora C-P.

En ese sentido, hasta ahora la dinámica del mercado laboral argentino ha estado más determinada por la cantidad de contrataciones que por las desvinculaciones. Sin embargo, la introducción de un mecanismo que reduce significativamente el costo efectivo de despido podría alterar ese equilibrio, especialmente en un escenario de reconversión productiva y bajo crecimiento del empleo formal.

El cambio de modelo económico

La reforma laboral se inscribe en un marco más amplio en el cual el gobierno busca que la inversión y las exportaciones reemplacen al consumo -privado y público- como motores del crecimiento. Sin embargo, la estructura de la economía argentina plantea límites a esa estrategia. El consumo representa cerca del 85% del PBI entre el componente privado y el público, mientras que las exportaciones explican apenas alrededor del 15%.

En ese aspecto, el último informe de coyuntura de C-P, señaló que si bien en 2025 la inversión mostró una recuperación todavía se mantiene por debajo de los niveles de 2023. Además, su composición cambió: la construcción perdió peso y crecieron los bienes impulsados en gran medida por importaciones. Por su parte, las  exportaciones  registran niveles elevados gracias al buen desempeño del agro y al crecimiento de la producción hidrocarburífera. Sin embargo, su peso en la economía sigue siendo relativamente limitado (en torno al 15%, en línea con el promedio desde 2015).

Por Eugenia Rodríguez / El Destape