Un juego de estrategia entre la oposición y el oficialismo por la reforma laboral

A todo o nada, el gobierno busca aprobar la reforma laboral en la Cámara alta antes de fin de año. Abortado el primer cronograma -que apuntaba a lograr la media sanción antes de Nochebuena-, Patricia Bullrich se prepara para copar lugares clave en las comisiones de Presupuesto y de Trabajo y Previsión Social, por donde pasará la iniciativa. Del otro lado, el peronismo y la CGT trabajan para frenar el tratamiento exprés que intenta imponer el oficialismo y ganar tiempo para construir una campaña de concientización “que desnude las falacias sobre las que se construyó la reforma”, explicaron desde el bloque de Unión por la Patria. En un Congreso hiperpolarizado, la decisión de los gobernadores resulta decisiva para inclinar la balanza. La Casa Rosada y la central obrera se meten de lleno en las negociaciones con los mandatarios provinciales. En Diputados Martín Menem busca apurar el armado de comisiones por donde debe pasar la “Ley de Leyes” y aspira a una doble sesión la próxima semana para aprobar el presupuesto.

El gobierno esperaba cerrar la semana en la que presentó su proyecto de “modernización laboral” con un pergamino: el dictamen que habilitara a los libertarios a llevar la reforma al recinto una semana después. Esa era la primera etapa de un cronograma ambicioso que apuntaba a terminar el año con el proyecto convertido en ley en ambas Cámaras. Pero los tiempos parlamentarios no son los del Ejecutivo y la incomodidad frente al apuro de la Casa Rosada es compartida tanto por la oposición más dura como por los bloques de centro, que concentran los votos decisivos.

En ese escenario, el peronismo en ambas Cámaras inició una ronda de reuniones con el sindicalismo nucleado en la CGT y las dos CTA para trazar una estrategia conjunta que combine la actividad parlamentaria, el diálogo con los gobernadores y un plan de acción en las calles. En Unión por la Patria sostienen que “la calle será determinante” para presionar a los legisladores y que la CGT “deberá encargarse de convencer a los gobernadores”. La central obrera ya convocó a una movilización para el próximo 18 de diciembre para frenar la iniciativa que barre derechos laborales, debilita la negociación colectiva y desfinancia la seguridad social.

El martes por la mañana el Senado tendrá su reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque para delinear el cronograma de trabajo. Si bien el gobierno publicó un decreto con un temario variopinto para el período de sesiones extraordinarias, a la Casa Rosada sólo le importan dos leyes: el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. En Balcarce 50 y en el Palacio de Hacienda creen que la aprobación de ambas iniciativas permitiría cerrar el año con una baja del riesgo país que le dé a Luis Caputo margen para seguir tomando deuda en el mercado internacional. Al cierre de esta edición Menem formalizó en Diputados el llamado para constituir las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal por donde debe pasar el Presupuesto para el próximo lunes. El riojano planea una doble sesión el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre para aprobar además del presupuesto, la Ley de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

En la Cámara alta y con vientos más adversos Patricia Bullrich se mueve a toda velocidad para que el tratamiento de la reforma comience el mismo miércoles. El texto fue girado a las comisiones de Presupuesto, que retendrá Ezequiel Atauche, y de Trabajo y Previsión Social, que presidirá la ministra saliente. Aún resta definir el reparto y el criterio para asignar los lugares en ambas comisiones. Si la nueva jefa de bloque logra el dictamen hacia fines de la semana próxima, la sesión podría fijarse para la última semana del año, al filo del cierre del período de extraordinarias. El Gobierno se entusiasma con cerrar el año con Presupuesto sancionado y, al menos, la media sanción de la reforma que atrasa.

La pecera del centro

El resultado de las últimas elecciones le dio a La Libertad Avanza un crecimiento inédito que el gobierno busca hacer valer, pero no le permitió alcanzar una mayoría propia, ni siquiera sumando aliados. Por eso, los libertarios deberán negociar con los bloques del centro. Se trata, en su mayoría, de diputados y senadores que responden a los armados de los gobernadores y que se reparten entre Innovación Federal, Provincias Unidas y bloques más chicos de fuerzas provinciales. Esa es la pecera en disputa que oficialismo y oposición observan para inclinar la balanza.

Hoy La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y suma 10 de la UCR y 3 del PRO. Además, podría agregar a los misioneros que responden a Carlos Rovira. Si se toman como referencia los antecedentes del año que cierra, el gobierno tendría la media sanción asegurada con el apoyo de Camau Espínola y de la tucumana Beatriz Ávila. El primer desafío de Bullrich es llegar a 37 para habilitar la sesión. Del otro lado, los dos senadores santacruceños que responden a Claudio Vidal, un gobernador de extracción sindical, esta vez se alistan en las filas de Unión por la Patria, que reúne 28 senadores, incluidos los cuatro de Convicción Federal.

Los gobernadores volverán a jugar un rol decisivo. Por eso la Casa Rosada decidió ingresar la reforma laboral por la Cámara alta. “Es la forma que encontraron para apretar a los gobernadores”, explica a este diario una diputada de Unión por la Patria. En las últimas horas hubo una maniobra del peronismo para intentar frenar la reforma. La senadora Carolina Moisés y el diputado Guillermo Michel advirtieron que el proyecto del gobierno no podía comenzar a tratarse en el Senado. Para sostener esa postura se ampararon en el artículo 52 de la Constitución Nacional, que establece que “a la Cámara de Diputados le corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas”.

Si bien la iniciativa no escaló en volumen, “es otra puerta para judicializar la reforma”, explicó un legislador peronista.

Los juegos del hambre

El gobierno sabe que los mandatarios necesitan del Presupuesto para poder negociar. El feroz ajuste de la gestión libertaria dejó a las provincias al límite de sus posibilidades. En ese espectro de legisladores referenciados en sus distritos explican que “las provincias sí o sí tienen que negociar algo con el gobierno, porque si la canilla se cierra y no sale una gota, no hay forma de retener los territorios en 2027”.

Para algunos, el grifo ya comenzó a girar. En las últimas horas, Osvaldo Jaldo recibió 20.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La cifra representa el monto individual más grande transferido a una provincia en toda la gestión libertaria. El tucumano hizo méritos: fue el primer mandatario peronista en escindirse de Unión por la Patria durante el tratamiento de la Ley Bases, luego volvió a posicionarse como opositor para las elecciones, ganó en unidad con Juan Manzur y volvió a romper con el peronismo. Hoy ostenta un bloque de tres diputados propios y la reciente incorporción de la senadora, Beatriz Ávila.

En Innovación Federal, el bloque que conduce políticamente el salteño Gustavo Sáenz, creen que los peronistas Jaldo y Raúl Jalil confluirán en ese armado más temprano que tarde y califican de “ambocéntricos” a quienes reprochan las negociaciones que los mandatarios mantienen con la Casa Rosada.

Por Paula Marussich / P12