Rápido y furioso

La reforma laboral ha estado en la agenda de los últimos 40 años con diferentes intensidades. Sin embargo, desde la asunción de La Libertad Avanza en diciembre de 2023, ha recobrado una presencia muy significativa en el debate público, sobre todo a partir del DNU 70/2023 y la Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, debido a los importantes cambios que trajeron a las leyes de Empleo Público, de Contrato de Trabajo y de Asociaciones Sindicales. Durante la reciente campaña legislativa, el gobierno anunció que enviaría un nuevo proyecto de reforma sin detallar sus alcances e implicancias. Por el momento sólo hay rumores que involucran cambios en el régimen de vacaciones, convenios colectivos, recursos sindicales, la posibilidad de pagar salarios con tickets canasta… 

Más allá de las particularidades que adopte este proyecto, lo que está claro por las acciones gubernamentales es que se dirige a profundizar la deslaborización en curso, es decir, el proceso por el cual se eliminan progresivamente las condiciones de posibilidad para la creación y sostenimiento de empleos de calidad, con plenos derechos. Este tipo de reforma implica el cercenamiento de los derechos vigentes y, por lo tanto, tiene como consecuencia directa el achicamiento de la fracción de la clase trabajadora mejor posicionada en la estructura social; aquella que aún no ha perdido tanto por estar amparada en convenios colectivos o tener sindicatos que la defienden.

Tal vez la mayor expresión del fenómeno de la deslaborización sea el crecimiento sostenido del “cuentapropismo” en paralelo a la reducción del trabajo asalariado. Sin dudas, esto es posible por la política económica vigente. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre 2014 y marzo de 2024 se cerraron 31.400 empresas (1); desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2025 lo hicieron otras 19.164 empresas, lo que contabiliza un total de 276.624 trabajadores registrados menos (2). Así, el proceso de deslaborización abierto no es sólo un tema normativo sino empírico, con expresiones concretas en una reorganización del mundo del trabajo. 

En este sentido, una reforma laboral, en su acepción maximalista, incluye leyes específicas, pero también un conjunto de políticas, estrategias y discursos que tienen como fin la modificación de la participación de la clase trabajadora en la estructura económica a partir de su disciplinamiento (3). La reforma laboral maximalista implica una deslaborización no sólo por la pérdida de derechos, sino también por favorecer la tendencia a la movilidad social descendente. 

Déjà vu y novedades 

Sin embargo, el proceso de deslaborización no es nuevo; es posible reconocerlo en las políticas laborales del gobierno de la última dictadura militar, el menemismo, La Alianza y Cambiemos. Es un déjà vu constante: los actores económicos tienen una propuesta con la que insiste un gobierno tras otro. Entonces, ¿qué diferencia este momento de los anteriores? La respuesta es simple, aunque no le quita su complejidad dramática: esta reforma tiene como particularidad su velocidad acelerada y la profundidad de los cambios impulsados.  

Desde una perspectiva histórica, la reforma laboral regresiva forma parte de la agenda pública desde hace varias décadas, donde se ha ido articulando una narrativa que asocia los problemas de empleo a la rigidez de la normativa y la imposibilidad de los cambios a la intervención de las organizaciones sindicales. Por ello, las propuestas pro reforma giran en torno a flexibilizar las leyes, que casi mágicamente llevarían a la generación de más empleo. Frases como “bajar el costo laboral”, “terminar con la industria del juicio”, “terminar con los convenios colectivos” aparecen como las fórmulas mágicas para la creación de empleo. Postura que, por supuesto, es una falacia dado que lo que crea puestos de trabajo es una economía en crecimiento y expansión. 

En 2017, también después de ganar las elecciones legislativas, el gobierno de Cambiemos intentó promover una ley de reforma laboral, que se aprobó un año después, pero bastante lavada por la fuerte resistencia sindical y política que generó. Ahora bien, que no se haya sancionado una ley no significa que el proceso de reforma haya quedado trunco. Por el contrario, como mostramos en una investigación previa (4), se produjo una “reforma de hecho” que articuló un fuerte deterioro del poder adquisitivo, la flexibilización de algunos convenios colectivos y el desmantelamiento de instituciones laborales clave. Al respecto, desde 2016 se produjo una caída de los salarios, con una afectación directa sobre los estilos de consumo, el uso de ahorros y el endeudamiento para cubrir gastos básicos, provocando un marcado deterioro de las condiciones de vida.

Esta “reforma de hecho” no se detuvo durante el gobierno del Frente de Todos, el cual, si bien no impulsó una legislación regresiva, tampoco logró revertir los cambios sucedidos en el período anterior. De hecho, la continuidad de ciertas tendencias configuró una doble crisis: la heredada del gobierno de Cambiemos y la generada por la pandemia de Covid-19 (5). Si bien en la pospandemia se produjo una reactivación económica, la misma fue acompañada de una distribución regresiva del ingreso debido a la espiral inflacionaria (6).

Tal vez la mayor expresión del fenómeno de la deslaborización sea el crecimiento sostenido del “cuentapropismo”.

Estas condiciones estructurales, sumadas al deterioro de la calidad de vida y la movilidad social descendente configuraron la sensación de una reforma laboral imposible de impedir. Que es lo que el gobierno de La Libertad Avanza está intentando re-institucionalizar. ¿Tiene sentido entonces cuestionar esta acción en este contexto? Sí, claro. Una ley presentaría muchos más obstáculos para revertir los cambios producidos. 

Ausencia de alternativas

Otro aspecto que colabora para que la reforma en curso sea tan veloz y profunda es la falta de una narrativa alternativa que explique y proponga opciones al deterioro de la cantidad y la calidad del empleo. Si bien hay fundaciones, ONG y especialistas que han impulsado algunas propuestas, éstas no terminan de configurarse bajo una narrativa integral porque o bien son parciales o porque mezclan procesos que las vuelven imprecisas.

Una narrativa alternativa implicaría aunar problemas, soluciones y políticas orientadas a una reforma progresiva que, al tiempo que recupere los derechos vigentes, incluya las novedades del mundo del trabajo en las últimas décadas. 

Esta falta de propuesta integral sumada a los cambios en el mundo del trabajo y a la insistencia de las ideas pro reforma terminaron decantando en una suerte de resignación de los actores del espectro de la centroizquierda. Es común escuchar entre los trabajadores ideas tales como: “¿En qué afectaría una nueva reforma laboral considerando los indicadores del trabajo informal?”, “Yo no tengo derechos ¿en qué me afectaría una reforma?”. Estas afirmaciones soslayan que el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores asalariados formales tendrá impactos negativos sobre las condiciones de todos los trabajadores. Dicho coloquialmente: si el piso se hunde, aplastaría aun más a los que están abajo. La tesis que debería primar no es cuanto peor-mejor, sino la de mejor-mejor, es decir a mejores condiciones de los estratos más altos de la clase trabajadora, mayores posibilidades de tirar para arriba. Es cierto que a esta tesis le ha faltado la solidaridad intraclase sostenida que ayude a desdibujar la creciente brecha entre las diferentes fracciones. 

La resistencia

En este contexto, las organizaciones sindicales y los colectivos de trabajadores se enfrentan a un desafío colosal. En parte, por los retrocesos que introdujo la Ley Bases, como la corrosión del derecho a huelga, de la tutela sindical o de la protección a los delegados, o la extensión de las actividades consideradas esenciales… Por otra parte, por el desplazamiento de su rol como mediación social. El gobierno ha impulsado una política de ajuste económico brutal sin incluir estrategias de contención social. Al respecto, redujo al rango de Secretaría al Ministerio de Desarrollo Social y al de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Con algunas excepciones –como la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo–, ha eliminado cualquier política que contribuya a aminorar los costos de una crisis producida por su propia política económica. 

Si bien frente a este avance las centrales sindicales tuvieron una rápida reacción, con el tiempo se ha ido diluyendo. Si se analiza la movilización sindical, se pueden identificar dos etapas. La primera se activó a los pocos días de asumido el gobierno, cuando el 27 de diciembre de 2023 la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA-T) y la CTA-Autónoma (CTA-A), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con otras organizaciones convocaron a un acto frente al Palacio de Tribunales para presentar un amparo para evitar la aplicación del capítulo laboral del DNU 70/2023. A ese acto le siguió el paro general del 24 de enero de 2024 –que raramente ocurre tan cerca de la asunción de un gobierno–, el paro general del 30 de abril y una movilización amplia el día en que el Senado trataba la Ley Bases, el 12 de junio de 2024. 

Aunque predominara este espíritu de lucha, hay dos cuestiones insoslayables que marcaron la siguiente etapa. La primera son los sectores dialoguistas, sobre todo de la CGT, que abogaban por generar un espacio de negociación con el gobierno. La segunda es la rigurosa estrategia de disciplinamiento implementada vía represión y criminalización de la protesta. La represión del 12 de junio en la Plaza de los Dos Congresos, con su televisación, la detención de 33 personas en cárceles de máxima seguridad y las causas abiertas por terrorismo y ataque a la República fueron contundentes para el cierre de esta etapa. 

El segundo semestre de 2024 encontró a las organizaciones sindicales y sobre todo a los colectivos de trabajadores haciendo reclamos en sus lugares de trabajo frente a los despidos y suspensiones, pero con poca coordinación intersectorial. El cierre de esta etapa se produjo el 13 de marzo de 2025, cuando a la marcha de los jubilados se unieron las hinchadas de fútbol. De nuevo, la represión fue brutal, con 120 detenidos y 20 heridos, entre ellos Pablo Grillo, fotógrafo que había ido a cubrir la protesta (7). Al miércoles siguiente, la CGT convocó a su tercer paro general en apoyo a los jubilados y contra la política económica del Gobierno Nacional. 

No podría afirmarse entonces que las centrales sindicales no hayan cuestionado rápidamente la política económica, demorado el llamado a una medida de fuerza o evitado la articulación con otros sectores. Sin embargo, el saldo sabe a poco, dado que el gobierno siguió avanzando decididamente con su política de reformas. 

Por ello, el desafío es enorme: se trata de un contexto donde la crisis económica ha deteriorado significativamente las condiciones de vida, con fenómenos emergentes como el pluriempleo, una coyuntura económica con despidos y suspensiones –que a su vez implica pérdida de afiliados–, un ataque a sus recursos –por ejemplo respecto de las obras sociales– y un gobierno con evidentes reticencias a establecer canales de diálogo y negociación y decidido a usar la represión como estrategia de disciplinamiento. ¿Es posible que la movilización tenga resultados en un contexto político sin los resortes democráticos básicos? 

Todo parece haberse acelerado luego de las elecciones de octubre último, no sólo porque el gobierno prepara el proyecto para enviarlo a sesiones legislativas extraordinarias, sino porque luego de la quietud previa a las elecciones de nuevas autoridades, parece haber movimientos en la calle Azopardo [sede de la CGT]. En los últimos días proliferaron los encuentros y plenarios internos, reuniones con legisladores y contacto con gobernadores para definir una estrategia que considere las diferencias casi irreconciliables entre nucleamientos. Tal vez por estas razones, la nueva defensiva contra la reforma laboral no venga principalmente de la calle, sino de la capacidad de influencia que aún conserva buena parte del movimiento obrero.

1. Daniel Stico, “En la última década cerraron 31.400 empresas: el drama de bajar la persiana y los sectores que se achicaron”, Infobae, 9 de marzo de 2024. 

2. CEPA, 2025. “Análisis de la dinámica laboral y empresarial: datos a agosto 2025”, https://centrocepa.com.ar/informes/714-analisis-de-la-dinamica-laboral-y-empresarial-datos-a-agosto-2025

3. A. Natalucci y F. Favieri, “La reforma laboral ‘de hecho’ de Cambiemos: efectos sobre el trabajo y los trabajadores (Argentina, 2015-2019)”, Cuadernos de Economía Crítica, Vol. 11, Nº 22, pp. 49-72.

4. Ibidem.

5. P. Dalle (comp.), Estructura social de Argentina en tiempos de pandemia, Colección IIGG-Agencia I+D+i, 2022.

6. V. Maceira, G. Benza y P. Dalle, “Condiciones estructurales para el arribo de una derecha radical en la Argentina. Un análisis de clases (2016-2024)”, en V. Maceira, Argentina en disputa. Clases, actores y políticas frente a la desigualdad social, ediciones UNGS, 2025.

7.https://www.bbc.com/mundo/articles/c07zxm095p3o

Por Ana Natalucci * Investigadora Independiente CONICET, IDEAS/UNSAM. Profesora Universidad de Buenos Aires. /  Le Monde diplomatique, edición Cono Sur