“350 millones de dólares en actividad criminal”. La frase es parte de la carátula de la causa en que se busca, en el Distrito Este de Texas, a Federico (Fred) Machado, el financista de José Luis Espert. La acusación le tira encima medio código penal: “conspiración para fabricar y distribuir cocaína; conspiración para efectuar lavado de dinero; conspiración para cometer fraude; conspiración para cometer violaciones en las normas de exportaciones y conspiración para violar las normas federales para la registración de aviones”. En total, los imputados son nueve, con la condenada a 16 años de prisión, Debbie Mercer Erwin, y Fred Machado como cabezas de la asociación ilícita. La carátula se puede ver en la imagen que acompaña esta nota y se fueron sumando más y más elementos, como un vínculo con el narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Pero, además, en el Distrito Sur de la Florida, Machado, sólo él, está imputado por haber estafado a 22 víctimas mediante un esquema Ponzi. El “empresario”, con prisión domiciliaria en Viedma y a la espera de la extradición pedida por Estados Unidos, recibió depósitos en garantía para financiar la compra de aviones y concretó el fraude que consistió en que un mismo avión se vendía a distintas personas, con repetidos anticipos. Por supuesto, no se devolvieron las cifras que, una parte, fueron a parar al bolsillo y a la campaña del candidato Espert. La jueza Beth Bloom condenó a Machado a pagar, por ahora, 179 millones de dólares, pero la cifra crece, por intereses, todos los días. En el expediente dice que Machado está prófugo, detenido, en Argentina.
El naufragio de las explicaciones
Espert trató de sacarse de encima las acusaciones negando durante días y días que hubiera recibido, además del equivalente a 350.000 dólares en vuelos privados, la transferencia de 200.000 dólares que figura en la causa judicial de Texas. Cuando finalmente reconoció la recepción del dinero, argumentó que fue el adelanto de una asesoría para otra empresa de Machado, Minas del Pueblo de Guatemala. No exhibió contrato alguno ni la liquidación de las divisas, como correspondía. Ahora, en declaraciones radiales, Espert dijo --envalentonado por el respaldo presidencial-- que “cuando me entero que es narco, chau, andá a cagar, ni en pedo te cobro un mango más”. Pero sucede que en la causa de Texas también figura Minas del Pueblo como parte de la trama de tráfico de drogas y lavado de dinero, incluyendo sospechas sobre una pista de aterrizaje de esa empresa guatemalteca. Allí habrían llegado vuelos pagados por César Gastelum, el principal operador del Cartel de Sinaloa, cuyo jefe era El Chapo.
Hay casi un reconocimiento de Machado a esas maniobras, pero le echa la culpa a un socio, Ivan Morales, que -dice él- lo habría traicionado. El argumento parece débil a la luz de la acusación de Texas: una parte de los aviones de Machado y Mercer-Erwin fueron detenidos en Colombia y México con estupefacientes y, además, en los vuelos del propio Machado se apagaba el localizador, transponder, lo que lo ubica a él mismo como sospechoso de vuelos de transporte de droga, dado que se escondían aterrizajes con el localizador apagado.
Este sábado, el titular del partido que usó Espert para postularse en 2019 le dio otro enfoque a la candidatura del ahora libertario. Alberto Asseff le dijo a Radio Milenium que “nos llamaba la atención que se manejaba en un avión privado y que decía que iba a buscar financiamiento en Estados Unidos. Es evidente que necesitaba un partido, no tanto por la vocación de ser presidente, porque sabía que no había perspectivas. Uno entiende que los financistas le pedían eso”. O sea, Asseff piensa, rebobinando aquella campaña, que Espert buscó la candidatura para hacerse del dinero.
Lo que sostiene Assef encaja con lo manifestado por José Bonacci, otro de los apoderados del partido que usó Espert. Bonacci cuenta que se negó a firmar un comprobante de que habían entrado 400.000 dólares a la campaña, producto de una cena en Palermo, evento que nunca se hizo. Era un blanqueo de dinero.
La Corte y el freezer
El máximo tribunal tiene el pedido de extradición desde 2022, pero, además, con dictamen favorable del procurador Eduardo Casal desde 2023. Como señaló el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, el máximo tribunal tardó 70 días para condenar a Cristina Kirchner y lleva tres años y cuatro meses cajoneando la extradición de Machado.
Para colmo, el exlegislador Jorge Yoma, contó que Machado quiso contratarlo para que opere en la Corte y demore allí todo lo posible la extradición. Yoma se negó.
El máximo tribunal incluso le buscó otra vuelta en las últimas semanas preguntándole nuevamente a la justicia norteamericana si seguía vigente el pedido de extradición. Como relató Irina Hauser en Página/12, la consulta la hizo el juez de Neuquén, Gustavo Villanueva, y del norte se reiteró el reclamo de que Machado deje su cómoda vivienda en Viedma y aterrice en una cárcel de Texas.
En La Florida también
No se conocía hasta ahora que la justicia de La Florida también busca a Machado y, de hecho, ya le impuso un pago a 22 víctimas de un esquema Ponzi mediante el cual el financista de Milei se quedó con una fortuna. La causa está radicada en el Distrito Sur de La Florida y actúa la jueza Beth Bloom.
Machado manejaba mediante un fideicomiso una cantidad insólita de aviones --hay quien menciona más de mil--, que matriculaba en la pequeña ciudad de Onalaska, cerca de Dallas. La investigación fue iniciada por dos periodistas texanos. Además de los vuelos con drogas, se acusa a Machado de fraude, que consistía en que le pagaban garantías y adelantos por la compra de aviones y se puso en marcha el esquema Ponzi: se recibían adelantos y garantías a varias personas por el mismo avión y todo terminó cuando Machado se quedó con el dinero. Eso figura en la causa de La Florida.
La magistrada Bloom fue un hueso duro de roer porque le exigía a los estafados que lo notificaran a Machado de manera fehaciente, pero Machado estaba en la Argentina y no recibía notificaciones en su casa de Viedma. Por lo tanto, las 22 víctimas pedían que los autorizaran a notificar su reclamo publicándolo en un diario de Miami. La jueza no aceptó el pedido durante casi un año, pero finalmente permitió que la publicación fuera equivalente a una notificación a Machado. De esa manera, avanzó la causa.
Después de eso, Bloom evaluó lo que el financista de Espert debe pagarles a las víctimas: por daños compensatorios, 29 millones de dólares; por daños triplicados, 58 millones de dólares; por daños punitivos, 87 millones de dólares, por intereses previos a la sentencia 5 millones de dólares, y por intereses posteriores, casi 20.000 dólares por día. La cuenta redondea 179 millones, pero los intereses sumarán al menos otros 30 millones.
Es decir, que a Machado lo esperan, primero en Texas y luego en La Florida.
Espert y la justicia
Los problemas no son sólo de Machado. Espert tendrá que afrontar las causas en la justicia, empezando por la original en la que se lo acusa de financiamiento narco de su campaña y lavado de dinero. La denuncia fue hecha por Adrián Bastianes, dirigente del partido Voz Ciudadana. Es el expediente que instruye en Comodoro Py el juez Marcelo Martínez de Giorgi, con Alejandra Mangano como fiscal. Ahí se investigan los 36 vuelos que hizo Espert con aviones de Machado, lo que en sí mismo significa un costo de 350.000 dólares, cifra no declarada en los gastos electorales. En su descargo, Espert mintió claramente diciendo que la responsabilidad de los gastos y de no declararlos fue de la fuerza política, que él sólo era candidato. Los testigos dicen lo contrario: todo lo manejaban entre Espert y Machado.
No es lo único. Obviamente está la denuncia de Juan Grabois por la transferencia de los 200.000 dólares. Ese expediente está en la justicia federal de San Isidro, con Lino Mirabelli como juez y Fernando Domínguez como fiscal. Este último espera que le envíen copia de la causa que está en Comodoro Py para decidir si corresponde la instrucción en San Isidro o se suma a la del edificio de Retiro. Esa decisión se viene demorando hace diez días.
En cualquier caso, Espert no sólo tiene que resolver, junto con Milei, si mantiene o no su candidatura a senador. A la luz de lo que se ve en los expedientes, necesita desesperadamente los fueros para escapar a las acusaciones por sus viajes en los aviones narcos y la transferencia de dinero narco.
Por Raúl Kollmann / P12
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