El Congreso se convirtió en un foco de dolores de cabeza para el Gobierno. El jueves negro que el oficialismo vivió en el Senado, con la ratificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la modificación de la regulación de los DNU, anticipa nuevos golpes para la gestión libertaria. La Casa Rosada debe resolver en las próximas horas si avanza con la judicialización de la ley, una idea que el propio Milei anunció pero evitó concretar en la antesala de las elecciones bonaerenses para ahorrarse el costo político. Por otro lado, los cambios en la norma que regula los decretos presidenciales recortarán las facultades del Ejecutivo y lo obligarán a hacer lo que más rechaza: negociar. En Balcarce 50 cuentan los días para llegar al 10 de diciembre, cuando esperan que el resultado electoral les garantice una composición parlamentaria más favorable. Hasta entonces, se avecinan jornadas intensas: rechazo a nuevos vetos, citaciones a funcionarios por el criptoescándalo --incluida Karina Milei-- y la batalla por el presupuesto, que aparecen como los próximos frentes de tormenta que La Libertad Avanza deberá enfrentar.
Javier Milei paseaba por la ciudad de Los Ángeles cuando el Senado revirtió, por primera vez en veintidós años, un veto presidencial. La fórmula se repite: el presidente viaja al exterior cada vez que la situación se vuelve apremiante. El escándalo de coimas en la Andis profundizó la derrota parlamentaria del último jueves, justo un día antes de la veda electoral. El viernes, la Casa Rosada evitó anunciar la judicialización de la medida y aún evaluaba los pasos a seguir, pese a que ya apareció el primer amparo que reclama una cautelar para garantizar la plena vigencia de la ley. Desde el Congreso advirtieron al gobierno que, si hay dilaciones, la oposición avanzará con una denuncia contra el presidente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, una figura que constituye causal de juicio político. La advertencia fue lanzada sin eufemismo por el senador santacruceño Antonio Carambia: “Si usted no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político”. Sus palabras llegaron en el momento de mayor debilidad parlamentaria del oficialismo.
La fragilidad legislativa se profundiza por las fracturas internas. Marcela Pagano, presidenta de la Comisión de Juicio Político desconocida por el propio oficialismo --que rompió filas con La Libertad Avanza y se convirtió en una opositora férrea-- tiene en sus manos la reactivación de la comisión que más temen los libertarios justo cuando se acumulan las citaciones, pedidos de interpelación y comisiones investigadoras por Libra y el fentanilo contaminado.
Vetos, DNU y Presupuesto
Tras la sesión en el Senado, el viernes la Cámara de Diputados ya analizaba su estrategia parlamentaria. “Leyes que vete, tema DNU y algunos emplazamientos son los puntos en agenda”, adelantó uno de los diputados metido en la rosca. El gobierno tiene pendiente avanzar con dos vetos más que serán resistidos en ambas cámaras: el financiamiento universitario y la Emergencia en Pediatría, que blinda al Hospital Garrahan y protege a los residentes.
El oficialismo se cuidó de no vetar antes de las elecciones bonaerenses, pero el tiempo corre: el plazo máximo vence el 11 de septiembre. En Diputados creen que recién podrían sesionar en dos semanas, cuando los vetos sean una realidad y la media sanción de los cambios a la Ley 26.122 —que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia— haya sido comunicada. En la Cámara baja ya sacan cuentas para empujar su sanción definitiva.
El proyecto debería pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales, hoy controlada por el libertario Nicolás Mayoraz, quien difícilmente la habilite. Una alternativa es reunir los dos tercios para tratar el tema directamente sobre tablas. Para eso, además del mega bloque opositor integrado por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda, deberían sumar apoyos de diputados alineados con sus gobernadores. La estrategia se complica en medio de la discusión por el Presupuesto 2026, donde los mandatarios provinciales buscarán negociar partidas.
Aun así, existe la posibilidad de que el Gobierno se mantenga intransigente y no acepte cambios. El año pasado Milei eligió retirar el Presupuesto del Congreso, pese a haberlo defendido personalmente, y prefirió gobernar con discrecionalidad. Si el enfrentamiento con los gobernadores se profundiza, los diputados podrían tener el envión para avanzar con la reforma de la Ley de DNU, un golpe directo al estilo monárquico de gestión del presidente.
El otro camino es el conocido: llevar el proyecto a la próxima sesión, votar su emplazamiento a comisiones con mayoría simple y recién llevarlo al recinto cuando exista un dictamen que asegure su aprobación con mayoría no agravada. “Todo está por definirse”, reconoció un legislador a este diario.
De todos modos, los dos tercios serán necesarios al final del recorrido si el Gobierno decide vetar. Inevitablemente, la limitación a los DNU se transformará en una carta de negociación para los gobernadores, en medio de la discusión por el Presupuesto que el Ejecutivo presentará el 15 de septiembre, en un clima de confrontación extrema con el Congreso. Unión por la Patria impulsa el desplazamiento de José Luis Espert de la comisión de Presupuesto para garantizar el debate. La intención fue blanqueada esta semana por la diputada Cecilia Moreau. Para hacerlo, UxP debería llevar un proyecto de resolución al recinto y conseguir los apoyos. “El pleno todo lo puede, es soberano”, dice un legislador de ese espacio aunque reconoce que, por ahora, “son ideas sueltas” y que todo va a depender de “si mandan el presupuesto o no”.
Libra, fentanilo y coimas
La comisión investigadora por el escándalo cripto empieza a rodar este martes a las cuatro de la tarde. Tras semanas de pulseadas, la oposición logró aprobar el reglamento y fijar la primera tanda de citaciones. En el horizonte aparece un nombre pesado: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que de negarse a concurrir podría ser llevada por la fuerza pública. Por ahora, la hermana del presidente no integra la lista inicial de convocados.
Quienes sí deberán comparecer son José Mazzoni, extitular de la Oficina Anticorrupción; María Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Investigación LIBRA —disuelta por el actual gobierno—; Alejandro Melik, al frente hoy de la Oficina Anticorrupción; y Luis Villanueva, exsubsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia.
Mientras tanto, en Diputados se apilan los pedidos de informes por las coimas en la Andis, las interpelaciones y el reclamo de una comisión investigadora sobre la crisis sanitaria que desató el fentanilo contaminado. Sin embargo, los expedientes chocan contra el mismo muro: la comisión de Asuntos Constitucionales que conduce Nicolás Mayoraz. La oposición tendría que forzar su tratamiento en el recinto mediante emplazamientos.
En el Senado, Unión por la Patria eligió administrar los tiempos. Decidió dejar afuera del temario del jueves pasado el pedido de interpelación a Karina Milei, promovido por el salteño Sergio Leavy, para garantizar los consensos que permitieron ratificar la Emergencia en Discapacidad, una votación que necesitaba dos tercios. El jefe de bancada José Mayans ya adelantó que el planteo contra la secretaria general de la Presidencia volverá a escena en la próxima sesión, prevista para el 18 de septiembre.
Por Paula Marussich / P12
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